El Municipio de Mayagüez mantuvo en sus arcas cerca de $9.8 millones durante casi dos años antes de realizar la inversión de alto riesgo que resultó en la pérdida de fondos otorgados por la legislatura estatal y que estaban destinados para el Centro de Trauma en esa ciudad.

La información se desprende del testimonio de Wanda J. Said Pérez, ayudante ejecutiva de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, durante la continuación de la vista preliminar contra el suspendido alcalde José Guillermo Rodríguez Rodríguez y la directora de Finanzas, Yahaira Valentín Andrade, realizada este lunes en el Centro Judicial de Mayagüez.

Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade enfrentan cargos por conspiración y malversación de fondos públicos, por presuntas actuaciones irregulares, que ocasionaron la desviación de la millonaria cuantía asignada en tres resoluciones conjuntas de la Cámara de Representantes y el Senado, para los años 2012, 2014 y 2015.

Al analizar varios documentos frente al juez Héctor López Sánchez, de la sala 201, la testigo -quien fue admitida como perito en el caso- explicó que antes de la inversión, el ayuntamiento recibió $9,560,000 provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal.

Según la perito certificada en auditorías y fraude, el dinero “se depositó en dos cuentas: First Bank y Banco Popular (a nombre del Municipio de Mayagüez)”, mediante 12 cheques emitidos por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Departamento de Hacienda.

De los 12 cheques, de acuerdo con la testigo, “ocho fueron depositados en la cuenta de First Bank y cuatro en la cuenta del Banco Popular, ambas del Municipio de Mayagüez”.

“¿Cuánto tiempo llevaba el municipio sin utilizar, teniendo el dinero en sus arcas hasta el momento de inversión?”, cuestionó la fiscal.

“El primer cheque de ASEM se recibió en agosto de 2014. La inversión se efectuó el 29 de marzo de 2016. Conforme a esa información de la primera resolución conjunta (2012), habían transcurrido 18 o 19 meses (antes de que se desviaran)”, contestó Said Pérez tras confirmar su respuesta en un documento que preparó para el caso.

“El último cheque se depositó el 11 de mayo de 2015; partiendo de esa fecha hasta que se hace la inversión en marzo de 2016, pasaron 10 meses. Luego de la inversión (el municipio había recibido un total de) $9,850,000 mediante cheques emitidos por la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y el Departamento de Hacienda”, detalló la funcionaria que labora con la Oficina del Contralor desde 1989, en distintos roles.

En un aparte con la prensa, la fiscal Pabón recalcó que “ese dinero estuvo casi dos años en las arcas del municipio, desde que se asignó a través de las resoluciones del 2012, 2014 y 2015 y, en marzo 29 de 2016 es que ocurre la inversión”.

Destacó que, a través del testimonio de la experta, el Ministerio Público deja establecido que “el dinero llegó al municipio, que tenía un propósito restringido, que se utilizó para lo que no se podía utilizar, según la ley, y que encima de eso, también se perdieron $9 millones”.

Cabe destacar que antes de iniciar la vista preliminar, el juez López Sánchez habló sobre una moción de la defensa que solicitaba conocimiento judicial de 13 hechos que permanecían en controversia, de unos 58 puntos presentados en agosto pasado.

Sin embargo, el magistrado no validó la totalidad del requerimiento de los abogados Harry Padilla y Ana María Strubbe Ramírez, representantes de Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade, respectivamente.

Según la fiscal, “nosotros nunca hemos estipulado que el tribunal tome conocimiento judicial. Una cosa es que el documento sea admisible y, si es admisible, el tribunal le dará el valor que entienda. Otra cosa es que yo diga que se tome conocimiento judicial porque eso implica que, yo estoy diciendo que todo su contenido es correcto y nosotros todo el tiempo hemos objetado eso”.

“Hay documentos públicos que tratan del caso federal. Yo no puedo decirle al tribunal: ‘Sí, tome conocimiento judicial porque ahí hay información que no es correcta. Lo que hayan hecho las fiscales federales, eso es otra cosa; eso no tiene nada que ver con este caso”, aclaró.

Mientras que el licenciado Padilla explicó que, “el conocimiento judicial, desde el año 1954 o 55, hay jurisprudencia que dice que los documentos de conocimiento judicial es un método de evidencia y que significa ‘atajos’. Es decir, que avanzamos más”.

“Todas las preguntas que le ha hecho la fiscal a la testigo, todas esas se cubren en media página en el documento. Es decir, las resoluciones conjuntas, los cheques, las cantidades asignadas, todo eso se hubiera cubierto en cinco minutos”, resaltó a preguntas de los periodistas.

Sobre el testimonio de Said Pérez, el letrado confesó que “al día de hoy, yo no he visto nada nuevo… nada que nosotros no hubiéramos trabajado para que se adelantara”.

“Eso no está en controversia porque los cheques están ahí y cómo se manejaron y se depositaron, eso está ahí, y que le asignaron $10 millones en un momento dado y solamente llegaron $2.5 millones, eso está ahí y, que los $4 millones se pagaron en cinco cheques de $666,666 y uno de $666,670 y nada de eso establece una intención criminal”, resaltó.

“Le corresponde al Ministerio Público presentar la prueba y la fiscal está haciendo eso ahora. Pero si lo hubiéramos hecho como nosotros sugeríamos originalmente, se hubiera avanzado muchísimo”, manifestó.

La vista preliminar contra Rodríguez Rodríguez y Valentín Andrade continúa esta tarde con las declaraciones de la testigo principal del Ministerio Público.