Al menos unos 3,763 de envejecientes han sido abandonados en hospitales de Puerto Rico desde el 2017, una tendencia de maltrato hacia la población de adultos mayores que continúa preocupando a múltiples sectores y que pone en jaque las garras que tiene el sistema para penalizar a las personas que dejan a sus parientes al compás del desamparo.

Datos ofrecidos a Primera Hora por el Departamento de Familia (DF) señalan que, en lo que va del año fiscal 2023-2024, unos 494 adultos mayores de 60 años han sido abandonados en hospitales, una cifra que podría superar los 769 casos de este tipo de negligencia que se reportaron en el pasado año fiscal 2022-2023, o los 709 que registraron en el periodo de 2021-2022.

De hecho, en los últimos tres años el número de viejos abandonados en clínicas médicas es más que el triple de las que atendió Familia, por ejemplo, para fechas prepandémicas entre 2017 y 2019 cuando fluctuaban entre 218 y 285 casos por año.

En entrevista con Primera Hora, la administradora de la Administración de Familias y Niños del Departamento de la Familia (ADFAN), Glenda Gerena, sostuvo que la negligencia por abandono se constituye cuando una persona encargada de un adulto mayor lo desatiende o deja de proveerle asistencia con el propósito de desampararle, poniendo de esta forma en peligro su vida, salud, integridad física o emocional o su seguridad.

“Ya cuando los casos son clasificados en esta tipología, tiene que haber iniciado una investigación de la agencia. Lo aclaro, porque hay ocasiones que los familiares tienen intención de atenderlos, pero no tienen los recursos económicos, destrezas, capacidad de cuido, entre otros factores. Aclarado eso, tenemos que decir que sí ha incrementado el abandono de adultos mayores en los hospitales y es algo que se ha visibilizado posterior a los huracanes, terremoto y pandemia. Ha sido un aumento significativo a través de los años”, sostuvo Gerena.

Agregó que este año fiscal, por ejemplo, se han atendido 1,741 casos nuevos de maltrato de adultos mayores en los que Familia ha tenido que subvencionar el cuido de 494 personas de este grupo demográfico (28%) porque fueron abandonados en hospitales.

“Estos son datos hasta febrero, pero nos da una perspectiva de que vamos a cerrar el año con más casos”, acotó.

Gerena detalló que las circunstancias que llevan a este punto de maltrato son múltiples y el perfil de los desamparados es variado. “En algunos casos se trata de personas que luego de los huracanes, terremotos o pandemia se quedaron solos, porque sus hijos o familia inmediata migraron. También hay otros que nunca tuvieron hijos y los recursos familiares son limitados o, simplemente, no tienen a nadie. Y también están los que, aun teniendo familia, estos optan por dejarlos, abandonarlos. Hay muchos en esta etapa de vejez que están solos y eso es lo que nos preocupa y es bien triste”, explicó la funcionaria.

La subvención promedio anual que recibe el DF para atender los casos de adultos mayores es de $50 millones en fondos estatales, pero para este año fiscal que inició en julio subió a $70 millones debido a la crisis denunciada. Se estima que el costo mensual por cada adulto mayor bajo custodia del gobierno fluctúa entre los $1,200 y $1,400, una cifra que pudiera aumentar en casos en que haya condiciones críticas de salud. Las subvenciones que concede el DF en algunos casos son para cubrir la totalidad del cuido, pero hay casos en que se utiliza algún ingreso que reciba el beneficiario y el gobierno costea la parte restante.

Cabe destacar que la secretaria del DF, Ciení Rodríguez, ha explicado en varias ocasiones que la agencia no recibe asignaciones federales, como en el caso de maltrato a menores, para atender a los adultos mayores. Esta es una situación que, a su juicio, lleva a replantear cómo atender estos casos y reestructurar la administración para auxiliar a esta población tan vulnerable y que ocupa un lugar destacado en términos demográficos. Según la Encuesta de la Comunidad de Puerto Rico del Censo de Estados Unidos, el 22.7% de la población en la Isla tenía 65 años o más en julio de 2022.

Abandono se extiende a hospitales de salud mental

La licenciada Marta Rivera Plaza, miembro de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico y directora ejecutiva del Hospital San Juan Capestrano, por su parte, alertó sobre un “preocupante” patrón de abandono de pacientes en las clínicas especializadas en proveer servicios de salud mental.

“Hay una ola creciente de abandono de adultos mayores no solo en hospitales generales, sino en los de salud mental. Son situaciones que ocurren no solo porque son desamparados por sus familiares que no quieren asumir responsabilidad o no tienen los recursos para poderse hacer cargo de ellos, sino también que tenemos los casos en el que el paciente que fue dado de alta pasa semanas o meses en el hospital en un ingreso involuntario en lo que el Estado -a través de agencias como el Departamento de la Familia o la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (Assmca) -identifica un lugar al que pueda transicionar a su próximo nivel de tratamiento o recuperación”, sostuvo Rivera Plaza.

Destacó que en repetidas ocasiones -mientras se logra identificar una facilidad transicional- los tribunales ordenan a los hospitales a mantener a los pacientes internados, aun cuando no reúnen los criterios de reclusión hospitalaria, y cuando lo que procede es que sigan un tratamiento menos restrictivo en el hogar o centro de cuido prolongado.

“Hemos tenido pacientes seis meses mientras las agencias identifican un hogar seguro, con todo lo que eso implica en términos económicos para el hospital, porque las aseguradoras se lavan las manos y no cubren ese periodo de extensión porque, según ellos, no hay criterios que justifiquen esa hospitalización. Por ejemplo, antes veíamos en un año relacionado a pacientes abandonados 200 días denegados por los planes médicos. Eso aumentó a 1,100 días denegados en 2023. ¡Imagínate! Eso es medio millón de dólares y solo en Capestrano. Esto está afectando de igual manera o peor a los 60 hospitales, incluyendo los de salud mental”, puntualizó Rivera Plaza, quien ha procurado llevar elevar el tema a la Legislatura a fin de que se enmiende la Ley 408 de Salud Mental de Puerto Rico.

Ejemplo del panorama en Centro Médico

Primera Hora auscultó cómo se ejemplifica en algunas instalaciones del Centro Médico el problema de abandono de adultos mayores, una situación que es atendida por el Programa de Trabajo Social de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM).

María Jorge, supervisora del programa, detalló a este diario que entre 2021 y 2023 se han referido al Departamento de la Familia 322 casos de pacientes abandonados en la Sala de Emergencias, Hospital de Traumas y Clínicas Externas. De estos se lograron reubicar 174 por la agencia.

“Son personas que por una razón u otra quedaron en abandono, ya sea porque sus familiares no pueden asumir el cuidado o porque no quieren, pero están también los que no tienen parientes”, acotó Jorge.

Mencionó que los factores para que un paciente no esté en la categoría de reubicación son varias e incluyen que su condición haya mejorado al extremo que pueda autocuidarse, o se logra identificar un recurso que lo haga y están también los que desafortunadamente mueren en el proceso.

“Muchos de estos pacientes que atendemos son de una población politraumatizada, por lo que son personas vulnerables que requieren unos servicios y cuidados especiales en sus hogares, una vez son dados de alta. Por ejemplo, requieren manejo de succión o de gastro, o son personas que quedaron cuadrapléjicas”, especificó la trabajadora social al agregar que han tenido situaciones de pacientes que quedan “por meses” bajo el cuidado del hospital, aun cuando se ha recomendado su egreso.

El protocolo en las instalaciones de Centro Médico se activan desde que el paciente llega a sala de emergencia donde el médico o personal de enfermería debe notificar al programa de manejo de casos -en el cual laboran escasamente siete trabajadores sociales- si el paciente está solo o ha notificado que no tiene familia o tutores.

“Esas son banderas rojas que nos dicen que debemos llamar al Departamento de la Familia para que evalúe el caso e inicie una investigación. En ocasiones, la agencia asigna responsabilidades si localiza a parientes, en otras provee servicio de ama de llaves o identifica algún hogar al que pueda ser trasladado”, explicó Jorge al agregar que la mayoría de los pacientes desamparados están en el grupo demográfico de 80 años en adelante.

Manifestó que los abandonos de adultos mayores han aumentado con los años. Por ejemplo, para el 2021 se refirieron 87 casos al Departamento de la Familia, una cifra que aumentó para 126 en el 2023.

“Este año estamos viendo lo mismo. Hoy (20 de febrero de 2024) tengo cuatro referidos de Sala de Emergencias y seis en el Hospital de Traumas. Pero hemos atendido hasta 10 casos en un día. Lo primero que hacemos es tratar de localizar a familiares y es doloroso escuchar a hijos, muchas veces profesionales, decir que no los visitan o acompañan porque el hospital les queda lejos. Eso duele, duele mucho. Irónicamente, las personas que más apoyo dan a esta población son los que están económicamente más complicados y aun así están aquí con sus familiares adultos mayores estimulándolos y acompañándolos en sus tratamientos”, aseveró Jorge.

¿Qué se puede hacer?

Gerena expuso que hay distintas gestiones que se realizan simultáneamente, incluyendo legislación para ajustar la Ley 121 de 2019, conocida como la “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, a fin de combatir el maltrato en este grupo demográfico.

“Se trata del Proyecto de la Cámara 1845 donde se busca enmendar la ley para añadir unos artículos que ajusten las leyes estatales vigentes para poner más peso a lo que son los familiares que abandonan a los adultos mayores. Entre lo que se pretende incluir está agregar el abandono como tipología de maltrato físico o emocional. Además, estamos convencidos de que este asunto hay que atenderlo de manera holística de manera que se involucren varias agencias y sectores. Es hora de visibilizar este asunto y comprender que mientras ha habido una reducción de menores en el sistema, el aumento ha sido sustancial de los adultos mayores. Ahora mismo tenemos bajo custodia de Familia a 2,107 menores versus 6,200 adultos. Para que tengas una idea en 2016 había casi 10,000 menores en el sistema”, puntualizó Gerena sobre el proyecto que fue aprobado a finales de enero en la Cámara Baja y que fue presentado a la Legislatura por petición de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP).

José Acarón Rodríguez, director de AARP para Puerto Rico, ha sido vocal activo sobre el tema y resaltó recientemente a este diario que la medida se elaboró en “consenso multipartidista y multiagencial a fin de fortalecer la Ley (121) y sentar las bases para un Puerto Rico de bienestar y envejecimiento saludable para todos, no importa la edad”. Agregó que las enmiendas se concentran en adelantar la política pública de envejecimiento activo, la asignación de roles y deberes específicos a las agencias de gobierno, la inclusión de nuevas agencias y el fortalecimiento del DF.

De otra parte, hace unas semanas se firmó un acuerdo colaborativo entre Familia y la Asociación de Hospitales a fin de establecer un protocolo “uniforme” de los referidos de negligencia o maltrato que surgen entre menores y adultos mayores.

El memorando de entendimiento busca, entre otras estrategias, adiestrar a 800 trabajadores sociales, líderes en salud, médicos, cuidadores y profesionales del cuidado de la salud sobre las leyes y regulaciones vigentes que protegen a estas poblaciones.

Gerena explicó que se discutió, por ejemplo, el hecho de que se hagan los referidos “tan pronto se identifique que ese adulto mayor no tiene respaldo familiar”.

“Si un adulto mayor llega solo a una sala de emergencias y se proyecta que se va a admitir en el hospital, desde ese momento que se identifica ese asunto el trabajador social del hospital debe comunicarse con el Departamento de la Familia y no esperar a que surja un alta para hacerlo. Eso nos da la oportunidad para ir verificando si hay recursos familiares, económicos, saber el tipo de servicio que requerirá ese adulto mayor, cuál es el hogar idóneo para ubicarlo. Ese análisis hay que hacerlo con cada caso”, subrayó.