Un Informe de la Contraloría de Puerto Rico hizo diversos señalamientos al Municipio de Carolina, incluyendo que se formalizaron nueve contratos por $650,886, con una corporación no autorizada para servicios de técnicos de refrigeración y de acondicionadores de aire, se informó mediante comunicado de prensa.

“El Informe recomienda a la secretaria de Justicia considerar esta situación para que determine las acciones administrativas o judiciales correspondientes”, indicó el comunicado de prensa de la agencia.

Se detalló que de la auditoría de un hallazgo señala que los funcionarios del Municipio no verificaron que el presidente de la corporación contratada y uno de sus técnicos, tenían la licencia vencida al formalizar los contratos.

Asimismo, el Colegio de Técnicos de Refrigeración y Aires Acondicionados de Puerto Rico (CTRAPR) certificó también, que otro de los técnicos de la corporación indicó un número de licencia inexistente.

Asimismo, se indicó que contrario a las especificaciones de la subasta y de los contratos, el Municipio pago en exceso $39,875, ya que no se realizaron las deducciones establecidas y, el Municipio pagó por trabajos que eran responsabilidad de la corporación. Además, en el 64% de la facturación total, la corporación no preparó, ni el Municipio requirió, la certificación de labor realizada en el formulario que provee el CTRAPR.

En otro tema, el Informe comenta que la Oficina de Auditoría Interna y Ética del Municipio, investigó una posible apropiación de $1,900 del fondo de emergencia a cargo de una empleada que laboraba como oficial pagadora. Esta situación fue investigada y el Municipio aplicó las medidas disciplinarias correspondientes.

Contrario a las leyes vigentes, el Municipio tiene 174 empleados con nombramientos transitorios, hasta por más de 11 años. Los nombramientos transitorios no pueden exceder de un año, salvo excepciones. Una situación similar se había señalado en auidtorías anteriores.

También, al 6 de junio, estaban pendientes de resolución por los tribunales, 41 demandas civiles presentadas contra el Municipio por un total de $32.6 millones.

El Informe cubre el periodo del 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2018.