La plantilla de empleados en puestos de confianza en el municipio de San Juan ha tenido una baja de tres personas, dijo ayer la alcaldesa Carmen Yulín Cruz Soto.

Luego de que Cruz Soto solicitara el pasado 8 de noviembre la renuncia a sus cincuenta empleados de confianza, el primero en salir fue el administrador del municipio, Andrés García. 

Los otros dos son casos en que las personas optaron por el retiro. Entre ellas, Sara Benítez, exdirectora de Desarrollo Social Comunitario. “De manera dolorosa he aceptado (esos) dos”, dijo la alcaldesa.

Por el momento se desconoce cuántos empleados de confianza se quedarán sin empleo debido a que siguen en un “proceso de evaluación” que podría durar cerca de un mes, indicó Cruz Soto.

“Cuando uno es empleado de confianza, es empleado de confianza todos los días. Yo me tengo que probar ante San Juan todos los días y ellos también se tienen que probar”, dijo la funcionaria a preguntas de Primera Hora.

La petición, explicó Cruz Soto, es más que todo un acto protocolar, “como hacen muchos de los alcaldes” al momento de comenzar un término. Las evaluaciones se llevan a cabo junto a los directores de departamentos.

Truena contra la reforma laboral

“Esto es un comienzo inconexo de un plan de desarrollo económico. Simplemente es la misma manía de que la soga parta por lo más finito”, manifestó la alcaldesa sobre la aprobación el pasado sábado en la Cámara de Representantes de la medida que crearía la Ley de Transformación y Flexibilidad Laboral.

Cruz Soto no solo condenó el proyecto de ley y destacó que se trata de uno “inconstitucional”, sino que aprovechó para levantar banderas sobre la posibilidad de que se aplique también a los empleados públicos.

“Ojo con el sector público, porque luego de aprobada esa ley, lo único que requiere es una enmienda diciendo que esto también le aplica a los empleados bajo la ley 45”, declaró.

La medida, que fue radicada por Fortaleza, contempla la reducción del periodo de vacaciones y enfermedad, así como del bono navideño, un aumento al periodo de probatoria, la eliminación de la Ley de Cierre y otros cambios sustanciales a las leyes laborales. Resta la evaluación y aprobación del Senado para que el gobernador Ricardo Rosselló la firme y se convierta en ley.

La funcionaria reconoció que esos derechos que se reducirían a empleados nuevos “son (producto) de luchas que se han dado desde el sector laboral porque ha habido abusos. De lo que se trata es que hemos creado, vamos en vías de crear dos ciudadanos, unos que valen más y unos que valen menos”.

También adelantó que estará organizando “un frente común” con otros alcaldes para levantar propuestas en miras de recuperar los fondos depositados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), luego de que el gobernador advirtiera que, como parafraseó la misma alcaldesa, “el banco murió”. 

“Está en una máquina de resucitación y nadie ha apagado la máquina”, puntualizó Cruz Soto.