La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, reaccionó esta tarde a la querella radicada en su contra por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEG).

A Yulín Cruz se le atribuye contratar a parientes de empleados municipales.

“Me toma por sorpresa una querella frívola que evidencia que la Oficina de Ética Gubernamental cayó en vergüenza y ahora quiere lavarse la cara”, manifestó la exalcaldesa capitalina (2013-2021) mediante declaraciones escritas.

“Esta querella no implica ningún acto de corrupción de mi parte porque no estamos hablando de parientes míos como ya leí en un titular. Se trata de una alegación de que no se realizó un trámite administrativo que, en nada, repito en nada ni siquiera sugiere un acto de corrupción. El tipo de trámite que se me imputa es el de no haber pedido una dispensa a ética para este empleado y su esposa -que tenía un contrato- los cuales no trabajaban en el mismo departamento y uno no supervisaba al otro. Estas dos personas desempeñaron su trabajo con total pulcritud. Este tipo de gestión administrativa es delegada a Recursos Humanos. De hecho, en Recursos Humanos había un grupo de personas que manejaban todos los asuntos de Ética Gubernamental”, indicó Cruz Soto.

“Yo desconozco si la dispensa se pidió o no se pidió. Y tengo que decirlo, me enorgullece que no hayan podido ni siquiera inventar la más mínima implicación de corrupción. Todo el mundo sabe que siempre mis instrucciones a todo el mundo eran de que las cosas se hicieran de manera legal, moral y ética”, mencionó.

El documento de OEG informa que Cruz contrató los servicios profesionales de Nilsa Medina Piña y en esa fecha de contratación era esposa de Lidy López, director de Salud del municipio capitalino desde el 3 de marzo de 2015 al 30 de junio de 2020 y cuyo puesto es de confianza.

“La querellada, utilizando sus facultades como alcaldesa y autoridad nominadora, y en violación a sus deberes y funciones, otorgó contratos con un pariente de un servidor público, empleado de confianza del municipio, quien evidentemente tenía un interés pecuniario en los mencionados contratos”, reza la querella.

“Han tenido un año para buscar miles de contratos, miles de transacciones de personal y lo único que pueden alegar es en relación a un trámite administrativo”, subrayó la exalcaldesa.