El abogado, ahora exjuez, Carlos Vizcarrondo Irizarry elogió el Proyecto Inocencia, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana (UIA), que ha logrado la excarcelación de convictos que cumplían largas condenas de prisión y lograron probar ser inocentes mediante pruebas de material genético.

Vizcarrondo favoreció el mayor acceso a la justicia, aunque desde el retiro, no litigará porque pondría en una posición incómoda a jueces de menor jerarquía cuyas decisiones como juez del Tribunal de Apelaciones, revocó.

“La justicia tiene que ser ciega como la pintan y en ese sentido no debo poner en una posición incómoda a los compañeros jueces. Es un criterio muy personal, pero si fui juez de apelaciones estuve revisando a una cantidad de compañeros jueces del tribunal de primera instancia. En qué posición yo voy a poner a ese compañero. No me digan que no va a tener una consideración especial hacia mí porque fui el juez que lo revisó. Yo les tengo demasiado respeto a mis compañeros del tribunal de primera instancia para ponerlos en esa situación”, sostuvo en entrevista con Primera Hora.

“Que eso me afecta porque no voy a devengar ingresos productos de litigar casos, lo sé, pero, esa es la consecuencia, ese es el costo de yo mantener un principio de respeto a mis compañeros a los que yo revisé y a la Rama Judicial y a la justicia en sí”, acotó el también ex presidente de la Cámara de Representantes, quien después de servir 14 años y medio como juez de apelaciones, a finales del pasado mes de enero se acogió al retiro. En su panel, como juez ponente, resolvió un total de 2,034 casos.

Calificó de fascinante la utilización de desarrollos tecnológicos, como las pruebas de ADN, para lograr justicia. “Antes, quizás, se hacía una justicia quizás a ciegas sin tener el elemento de la fidelidad que provee la tecnología. Ahora, al tener esa herramienta, me parece que es justo y necesario para los tribunales, adecuarse a estos desarrollos tecnológicos y darle el reconocimiento y el peso que tienen”, expresó el ex juez.

“Me quito el sombrero ante el compañero Julio Fontanet, decano de la Escuela de Derecho de la UIA y otros compañeros de la práctica privada que han estado empujado eso porque verdaderamente están siendo unos paladines y unos héroes de lograr la justicia”, agregó Vizcarrondo.

Sobre los reclamos de algunos sectores de falta de acceso a la justicia, el letrado, dijo que la Rama Judicial “está adecuadamente enfocada” en garantizar servicios a las personas que no tengan los medios económicos para contratar un abogado de la práctica privada. Dijo que el mecanismo de los casos por derecho propio (Pro Se) está siempre disponible.

“Quizá el problema sea que la mayoría de la gente no sabe que tiene ese derecho y en el trabajo comunitario, ahí se puede desarrollar quizás un poquito más la Rama Judicial”, reconoció.

Dijo que llevar un caso ante el Tribunal de Apelaciones podría costar alrededor de $5 mil, una cantidad significativa para personas de escasos recursos. No obstante, indicó que “el que no tiene, tiene la garantía de que va a llevar un procedimiento Pro Se (por derecho propio)”.

“Diría que en un 98 por ciento de los casos los paneles aceptan los casos por derecho propio. Por falta de dinero una parte que quiera llegar al Tribunal de Apelaciones no pierde esa oportunidad”, sostuvo.

Igualmente, Vizcarrondo reconoció que, en los últimos años, desde antes de la pandemia, se ha observado una baja en la radicación de casos en los tribunales. No obstante, dijo que su panel en el Apelativo tenía en agenda un promedio de 30 a 40 casos. “Mensualmente entraban al panel entre 15 y 20 casos. Los jueces que estábamos allí teníamos tarea que atender. Yo llegaba al tribunal entre las 9:30 y las 10 de la mañana y me iba a las 10:00 de la noche. Carlos Vizcarrondo era conocido por cerrar el tribunal y mis compañeros me bromeaban por eso”, relató.

“Yo siempre tenía mucha tarea que hacer”, dijo para recordar que cuando llegó al Apelativo en 2006 venía de la Asamblea Legislativa, sin la interacción de llevar casos como lo había hecho antes desde la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, donde laboró también unos 15 años como abogado de familias pobres en Carolina, Canóvanas y Loíza. En esos años representó a los pescadores de Las Picúas y a residentes de la desalojada comunidad Villa Sin Miedo, en Río Grande.

“En el Tribunal de Apelaciones tuve las manos llenas todo ese tiempo, claro está quiero consignar que sin la ayuda de los compañeros y compañeras oficiales jurídicos en verdad, el juez no podría hacer su trabajo a cabalidad”, indicó.

-¿Se arrepiente de haber tomado alguna decisión judicial o la hubiera hecho de otra forma?

Cada caso le produce un peso de responsabilidad enorme al juez que tiene que decidir porque por nuestras manos pasaron muchas vidas que terminan en la cárcel por equis número de años o si en el proceso para declararlo culpable, detectamos deficiencias, como violación de un derecho flagrante, lo revocamos. Y si la consecuencia es que sale porque se le violaron los derechos, pues de eso es que trata el sistema. Cuántas veces me llevé esos casos a mi casa y soñaba con esas situaciones de hecho, pero siempre fui el mismo Carlos Vizcarrondo de Servicios Legales, en términos de a quién uno debe poner la justicia a su disposición.