El representante Ángel Matos García y varios de los nuevos candidatos populares a la Cámara se comprometieron hoy con impulsar legislación en enero de 2021 para que, semestralmente, se divulguen en la Internet todos los gastos fiscales de las oficinas legislativas.

Matos García calificó las propuestas como “herramientas adicionales de transparencia para que una persona educada se gane un buen trabajo y una persona que no cumple con los requisitos de una plaza tenga un ingreso justo”.

“Es una pena como legislador pararse aquí y decir que uno de cada cinco legisladores del PNP ha sido convicto, procesado o expulsado por la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico durante este cuatrienio, más los casos que suenan y las convicciones que faltan”, dijo Matos García al anunciar en conferencia de prensa varias “medidas anticorrupción”.

Yaramary Torres Reyes, candidata a la Cámara por acumulación, dijo que entre las medidas proponen que en el cuerpo legislativo se establezca un plan de clasificación y retribución con los puestos y escalas salariales para todos los puestos en las oficinas de los legisladores y en las comisiones legislativas.

“Todo salario se basará en la experiencia, el mérito y la educación. No se podrá aumentar el salario de un empleado por el período de un año y cualquier aumento debe ser evaluado y justificado por la oficina de administración”, dijo para agregar que las propuestas también establecen que ninguna oficina legislativa podrá ser dirigida por un contratista.

“No es aceptable que la Cámara de Representantes no pueda trabajar en detectar la corrupción de su propio cuerpo. Esto ocurre porque no cumplimos con los estándares altos que exige una buena administración pública”, sostuvo Torres Reyes.

Orlando Aponte Rosario, candidato por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo) detalló que otra de las propuestas busca establecer que los servicios de los contratistas sean expresamente los que están establecidos en los contratos.

“Tenemos que evitar contratar personas con una sola descripción de trabajo. Se le deja un cheque en blanco al legislador cuando al contratista se le encomienda una función que es básicamente hacer cualquier tarea que le encomiende el legislador. Ese tipo de contrato tiene que prohibirse”, expresó Aponte Rosario, quien en agosto pasado logró, mediante una demanda, que la Cámara le entregara cientos de documentos, entre ellos, facturas de la nómina del representante novoprogresista Urayoán Hernández.

“También vamos a prohibir que una oficina de un legislador esté pagando los honorarios o salario a un contratista que no brinde servicios a esa oficina. En la entrega que me hicieron de los contratos y facturas nos pudimos percatar de que hay legisladores que tienen contratistas que les dan servicios supuestamente a su oficina, pero también lo hacen a tres, cuatro o cinco legisladores. Nosotros vamos a poner un tope para que ningún contratista pueda tener más de dos contratos”, indicó el aspirante popular.

“Es inaceptable que una persona pueda brindarle servicios a razón de $150 por hora hasta seis, siete y ocho legisladores. Eso se presta para estos esquemas de kick backs, corrupción y de irregularidades como por ejemplo, que un chofer de un legislador esté ganando $100 la hora con un contrato mensual de sobre $3,200.00 por asistir o acompañar a otro representante a repartir dulces o cajas de juego en el distrito”, indicó Aponte Rosario.

Otro candidato a la Cámara, Manuel Calderón Cerame, por el distrito 4 de San Juan, indicó que presentarán una medida para establecer que el registro de cabilderos sea mediante ley.

“Este será no solamente para los cabilderos que son de la Asamblea Legislativa que ahora mismo hay un registro mediante orden administrativa de parte de cada cuerpo (legislativo) sino establecerlo como ley y que también regule el cabildeo en las agencias del Ejecutivo”, indicó.

Para evitar “el esquema de las puertas giratorias”, dijo que están proponiendo que los ex funcionarios que han ocupado puestos electivos no puedan ser cabilderos en los dos años siguientes.

El representante Matos García agreg que las propuestas deberían convertirse en un proyecto de Asamblea Legislativa y sostuvo que les corresponde “hablar con los compañeros que aspiran en el Senado”.