Las cárceles bajo el Departamento de Corrección y Rehabilitación no tienen en funcionamiento cámaras de seguridad que graben lo que allí acontece desde el 2016, aceptó este martes la secretaria de la agencia, Ana Escobar Pabón.

La revelación de este problema de seguridad la hizo durante una vista pública de la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado.

A preguntas del presidente de la Comisión, José Vargas Vidot, la titular admitió que “se instalaron cámaras en un momento dado, cerca del año 2010. Se adquirieron 596 cámaras, que funcionaron hasta el 2016″.

Añadió que “esas cámaras, cuando se establecieron, había un sistema de monitoreo, donde se observaba qué cosas estaban ocurriendo dentro de las instituciones correccionales. Sin embargo, para cerca de finales del 2016 las cámaras dejaron de funcionar para efecto de grabar, etcétera, porque se vencieron las licencias, las licencias no se renovaron”.

A preguntas de la prensa, Escobar Pabón detalló que, en la actualidad, “nosotros tenemos cerca de unas 250 cámaras funcionando” en distintas cárceles del país, las cuáles no reveló por motivos de seguridad. No obstante, solo sirven para monitoreo. No queda grabado nada de lo que acontece.

“Hay cámaras adicionales que han estado funcionando dentro del sistema y, a pesar de que no tenían las licencias para operar, para grabar, sí estaban funcionando para monitoreo. Así que dentro de ese proceso de monitoreo, nuestros compañeros del área de informática han mantenido lo que es operando esas cámaras que tenemos hasta este momento”, aclaró.

La problemática de la falta de cámaras de seguridad en funciones salieron a la luz por dos incidentes reportados este mes, que no quedaron grabados. Uno de ellos fue la muerte de la reclusa Shannet Colón Ponce el pasado 2 de junio en el Complejo de Rehabilitación de Mujeres, en Bayamón.

Corrección alegó que la muerte de la reclusa en medio de un traslado supervisado a su celda se trató de un suicidio. Sin embargo, la familia ha denunciado que pudo tratarse de una muerte provocada por otra persona. Las cámaras de seguridad del área donde ocurrió la muerte no estaban funcionando, por lo que no hay prueba visual de lo allí ocurrió.

En un inicio, trascendió que en el lugar no funcionaba la cámara de seguridad por falta de energía eléctrica.

La secretaria señaló que es motivo de investigación unas alegadas querellas a Luma Energy que se hicieron para la fecha de la muerte de Colón Ponce y la afirmación que le hizo la empresa que distribuye energía eléctrica en la Isla a Primera Hora en torno a que ese día sí había energía eléctrica en la cárcel.

“Obviamente, este tipo de cosas, pues crea una incertidumbre de cuál es la verdad. Por eso es que no hemos querido estar dando información adicional para que no se confunda al pueblo de Puerto Rico y no haya un malentendido en los hechos que están viéndose ahora mismo bajo investigación”, explicó la titular al hablar de la situación de la energía eléctrica.

Además, el pasado 12 de junio dos presidiarios se fugaron del Centro de Detención de Bayamón 1072, de mediana seguridad. Estos fueron identificados como Harold Abolafia Borrero y Juan Alberto Valdez López.

Escobar Pabón informó la semana pasada que los reos rompieron una ventana, luego rompieron una verja y brincaron otra verja, logrando acceso al exterior. Fue en recuento de confinados que se dieron cuenta de la ausencia de los hombres. Nada quedó grabado.

A pesar de que la funcionaria fue cuestionada por este diario sobre las cámaras de seguridad, Escobar Pabón no reveló que el sistema no funcionaban a cabalidad desde el 2016, como lo hizo en la vista pública.

De hecho, Primera Hora publicó la semana pasada que en el año 2020 se firmó un contrato para instalar las cámaras de seguridad de la región sur con la empresa Genesis Security. Trascendió, además, que para la región norte se escogió a la empresa Netwave Equipment para hacer la instalación en las cárceles de la región norte, incluyendo las de Bayamón. No obstante, los trabajos a cargo de Genesis se iniciaron y nunca se completaron. Mientras, los de Netwave nunca comenzaron.

Escobar Pabón achacó, durante la vista pública, al huracán María, a los temblores y a la pandemia del COVID-19 el que estas cámaras de seguridad no se pudieran instalar y poner a funcionar antes.

Alegó que tras el huracán María las contrataciones “se paralizaron”. Además, dijo que en el 2019 comenzó el proceso de subasta para adquirir las cámaras, pero entonces llegaron los temblores y la pandemia.

Recordó que con la pandemia se decretó un cierre en las cárceles. Dijo que solo se permitía la entrada de los contratistas de salud y alimentación para evitar los contagios, por lo que no se pudo realizar la instalación de las cámaras.

Fue el pasado 3 de mayo que Escobar Pabón volvió a firmar un contrato con Genesis Security para instalar 200 cámaras de seguridad en las cárceles de la región sur. El contrato por la región norte, para instalar unas 400 cámaras de seguridad, no se ha firmado todavía.

Escobar Pabón explicó a este diario que el proceso para instalar las cámaras de la región norte quedó en manos de la Administración de Servicios Generales, quien está a cargo de los contratos en el gobierno.

Según estipuló en la vista pública, el tener cámaras de seguridad es un “apoyo esencial” para la seguridad.

“Nosotros estamos trabajando con este asunto de las cámaras en instituciones correccionales de acuerdo a lo establecido en el caso Morales Feliciano. Nosotros no podemos entrar en la privación de privacidad. Dentro de celdas no puede haber cámara ni en el área donde se bañan”, explicó.

Defiende su gestión

Como parte de sus expresiones sobre los problemas de seguridad carcelaria que ha enfrentado, Escobar Pabón defendió su labor frente a la agencia. Lo hizo al tratar de justificar no poder dar información sobre la muerte de Colón Ponce o la fuga de los presidiarios, bajo el alegato de que son situaciones bajo investigación.

Dejó por sentado que lleva 35 años laborando en el Departamento.

“Yo me siento satisfecha y honrada de la posición que ocupo. Fíjate que en mi desarrollo profesional, yo comencé como técnico de servicios sociopenales’, sostuvo.

“Esos 35 años no son en vano. Son 35 años productivos en un desarrollo de una carrera profesional”, añadió.

Enfatizó, de hecho, en los logros que ha obtenido en el pasado año y medio como secretaria de Corrección.

“Hoy en día veo el logro de una consecución de eventos, verdad, de un trabajo bien hecho, de ningún señalamiento en mi contra, de todo un respeto que me he ganado con los compañeros de trabajo, etcétera Y, ¿por qué no estar satisfecha? Es que estos eventos son eventos que son lamentables que hayan ocurrido, pero nosotros hemos logrado la justicia salarial para nuestros compañeros, nosotros hemos logrado la adquisición de 35 vehículos para rondas perimetrales, nosotros hemos logrado la adquisición de equipos de restricciones mecánicas para ellos, nosotros hemos reactivado nuevamente todos los programas de tratamiento para la población correccional, nosotros mantenemos contratos con brigadas y municipios que tenemos más de 250 confinados en la comunidad. O sea, vamos a resaltar también lo positivo de lo que hacemos. Este tipo de cosas, son cosas que lamentablemente ocurren, pero que no son las que implican el resultado de las acciones de lo que día a día nuestros compañeros de trabajo se empeñan por hacer y cómo ellos manejan y atienden todas las situaciones dentro de la institución”, expuso.

De paso, Escobar Pabón alegó que visita periódicamente las cárceles y se reúne con la población correccional.

“No le tengo miedo a trabajar 24 horas al día si es necesario y conversar con la población correccional. Así que no le rehúyo a mi responsabilidad”, sentenció.