Cámara y Senado aprobaron en la tarde de hoy, la versión final del presupuesto de gastos de funcionamiento de gobierno de Puerto Rico con cargo al fondo general para el año fiscal 2023-2024, luego de los últimos ajustes que le hizo al documento legislativo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

La resolución conjunta de la Cámara 454, que pasa a la firma del gobernador Pedro Pierluisi, asigna la suma de $12,739,879,000. La pieza legislativa se aprobó en ambos cuerpos legislativos con el rechazo de las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En el Senado, la medida recibió siete votos en contra, tres de senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), entre ellos, su portavoz Thomas Rivera Schats. También votó en contra el senador independiente, José “Chaco” Vargas Vidot.

En la cámara, fueron tres los votos en contra de MVC y PIP.

“En consenso, en diálogo y de forma inclusiva se aprueba en la Cámara de Representantes el tercer presupuesto balanceado de este cuatrienio”, expresó el presidente de ese cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez indicó por su parte, que la expectativa es que la resolución esté hoy mismo en el despacho del gobernador Pierluisi.

“El presupuesto que está saliendo de la Legislatura es mejor que el presupuesto que se nos sometió”, dijo Santa Rodríguez, quien reclamó como un logro la asignación de $102 millones adicionales al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.

Atribuyó el atraso en la ratificación de la medida a que accedieron “a incluir unas enmiendas adicionales que tenía la Junta al presupuesto y que nosotros vimos que en esencia no quitan nada, sino que era un ajuste en los números”.

Precisó que el ajuste es en las partidas del Pay Go (plan de pensiones de los municipios). “Los $2 mil millones de las pensiones ya están. Lo que pasa es que ellos (la JSF) lo segregan por agencia, según los empleados están retirados de esa agencia. Parece que hubo un error y ellos lo quisieron ajustar. No es nada del otro mundo y nosotros accedimos a esos cambios”, explicó Santa Rodríguez.

Según el legislador, muchos de los cambios que propusieron Cámara y Senado fueron avalados por la JSF, entre ellos, mencionó “como un logro” el que la Universidad de Puerto Rico (UPR), “este año tiene $102 millones más”. Indicó que “el presupuesto recomendado por el gobernador y la Junta llegó aquí con $500 millones para la UPR y de aquí sale con $602″.

Santa Rodríguez explicó que la JSF no aprobó el aumento de $118.8 millones que habían proyectado para la UPR, pero aceptó un pote $102 millones para atender, precisamente, aquellas áreas de preocupación, como el alza salarial de los empleados del sistema que reciben una paga menor al salario mínimo.

Añadió que esta partida se utilizaría también para, entre otras cosas, mantener al día las acreditaciones de la UPR y promocionar la institución. La JSF denegó aumentar de $10 millones a $20 millones la partida para el pago de los estipendios que reciben los médicos residentes.

“A los municipios también se les da un apoyo grande”, sostuvo Santa Rodríguez. Detalló que la JSF accedió a crear un pote de $30 millones, bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para repartirse entre los 40 municipios “más vulnerables”, para servicios esenciales. La distribución de los fondos se haría mediante la fórmula del “Fondo de Equiparación”.

Santa Rodríguez dijo que también se dio paso al “Fondo de Consolidación de Servicios Municipales”, que tiene acumulado $66 millones por los pasados tres años fiscales. Sin embargo, el acceso a este dinero, que sería para “financiar la operación de los ayuntamientos y proveer servicios esenciales”, está “sujeto a la aprobación de legislación para reestructurar el modelo del impuesto al inventario”.

Recordó que por los pasados años han surgido múltiples intentos por modificar el impuesto al inventario, pero nunca ha habido consenso en un modelo que no perjudique los ingresos que reciben los municipios por concepto de tal tributo.

Santa Rodríguez indicó que quedó fuera del presupuesto el lenguaje que, según la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz Rodríguez, evitaba que cerca de 1,300 empleados de la Rama Judicial, incluyendo secretarias, alguaciles y oficiales jurídicos, recibieran un ajuste salarial.

La JSF también se opuso a reducciones en las partidas de ciertas agencias para el pago de salarios de empleados de confianza.

Entre las partidas presupuestarias, la Legislatura logró retener la asignación de $1.6 millones para la Red Sísmica y $20 millones adicionales al Departamento de la Familia para los programas que velan por el bienestar de los adultos mayores.

El portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez Lebrón consignó su voto en contra por entender que no es un presupuesto realmente aprobado por la Asamblea Legislativa.

“Todo este ejercicio que se está dando en la Legislatura de cambios y ajustes al proyecto, es un mandato de la Junta. No es un proceso legislativo de discusión entre Senado y Cámara, de ponerse de acuerdo con enmiendas. Es, simplemente, cumplir con los mandatos de la Junta para decir que se aprobó un proyecto de presupuesto. Los últimos cambios, como es usual aquí, no los comparten con uno, no participa uno de ese proceso”, indicó Márquez Lebrón.