Al filo de la madrugada del domingo, el Senado aprobó el presupuesto de $13,062 millones del año fiscal 2024-2025 en una última sesión ordinaria del cuatrienio que finalizará hoy.

El nuevo presupuesto -que refleja un aumento de $351 millones en comparación con el anterior y que pasará a la firma del gobernador Pedro Pierluisi- fue aprobado en el Senado con 22 votos a favor y cuatro en contra por parte de Rafael Bernabe y Ana Rivera Lassén del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), María de Lourdes Santiago (Partido Independentista Puertorriqueño, PIP) y el independiente José Vargas Vidot. Previamente, en la tarde del sábado, había sido aprobado en la Cámara con 43 votos a favor y tres en contra por parte de María Nogales y José “Betito” Márquez del MVC, y Denis Márquez del PIP.

La aprobación en ambas cámaras se concretó luego de llegar a un consenso con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en cuanto al lenguaje utilizado por el ente federal que, inicialmente, exigía que toda legislación debía contar una certificación previa de cumplimiento con el Plan Fiscal. Este mandato, a juicio de los legisladores, menoscababa sus prerrogativas a la hora de presentar legislación. Finalmente, el lenguaje fue modificado.

Luego de ser enviado a un comité de conferencia, el sustitutivo de la Cámara a la Resolución Conjunta de la Cámara 624 presenta las partidas para las diferentes agencias y conglomerados del país para el año fiscal 2024-2025 que entraría en vigor mañana, 1 de julio y estará vigente hasta el 30 de junio de 2025.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, afirmó que la aprobación del presupuesto se llevó a cabo luego de horas de negociación entre los cuerpos legislativos.

“Con la aprobación de este presupuesto, vamos a mejorar la calidad de vida de todas las personas en Puerto Rico, mientras le hacemos justicia social a las poblaciones más vulnerables, como nuestros niños, nuestros viejos y familias con desventajas económicas”, expresó el líder cameral en declaraciones escritas.

En cuanto al presupuesto general, en comparación con el del 2021, se aumentaron $3 mil millones; y un alza de $300 millones en comparación con el presupuesto del año fiscal actual.

Se presentan partidas como la Universidad de Puerto Rico (UPR), que contará con $500,883,000; el Departamento de Seguridad Pública (DSP) con $1,249,714,000; y el Departamento de Educación (DE) con $2,869,674,000. Esta es la agencia con la mayor cantidad asignada.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Zaragoza Gómez, subrayó que la UPR fue prioridad pues, “se detuvieron recortes presupuestarios”.

“Logramos mantener una partida adicional de $102 millones para la UPR. Hemos logrado insertar a la UPR como prioridad […] $67 millones para la contribución definida del retiro de policías bajo la ley 106 […] $21 millones para el programa IDEAR para la descentralización del Departamento de Educación […] Este presupuesto es nuestro, si bien surge de las prioridades de la Junta, hemos logrado insertar las nuestras porque las hemos trabajado”, indicó el senador Zaragoza Gómez durante su turno para presentar el presupuesto.

Sin embargo, el senador independiente Vargas Vidot expresó que “jamás debemos olvidar que estamos lidiando con un asunto de inmoralidad política de grandes proporciones… la UPR sigue en quiebra con $102 millones adicionales. Lo que tienen que hacer [la Junta] es ir a los lugares. Qué bueno que tenemos el mismo presupuesto, pero la Junta tiene a la UPR estrangulada”.

Mientras, en entrevista con Primera Hora, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, agregó que en el caso de la UPR se incluye una asignación de $18.8 millones para la reconstrucción de la Torre Norte, uno de los dos principales centros de vivienda para estudiantes del recinto de Río Piedras que permanece cerrado desde 2018. No obstante, este dinero permanecería bajo la custodia de la Oficina Gerencia y Presupuesto (OGP).

Asimismo, resaltó que en el presupuesto 2024-2025 consta de un aumento para reforzar los servicios de ama de llaves para el bienestar social proporcionados por los municipios.

Santa explicó que el alza fue de $7 a $15 millones mediante fondos que los alcaldes podrán solicitar por propuestas a la OGP. Los alcaldes solicitaban que estos fondos se les asignarán directamente para combatir la burocracia, en cambio, la Junta de Supervisión Fiscal tuvo objeciones porque nunca se proporcionaron los datos necesarios para respaldar esta acción.

“Además, en aportaciones a entidades no gubernamentales se transferirán de fondos generales $750,000 a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER) para cubrir gastos operacionales”, sostuvo Santa al explicar que, anteriormente, estos fondos se asignaban de la partida de $20 millones que anualmente se dan por donativos legislativos.

De otra parte, el representante añadió que los fondos destinados para fortalecer la operación de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas) se duplicaron en este presupuesto legislativo al destinarse una partida de $7 millones.

Reaccionan los legisladores

La senadora María de Lourdes Santiago Negrón indicó que votó en contra del presupuesto, “pone en evidencia la debilidad del gobierno de Puerto Rico con la Junta”.

Del mismo modo, los senadores del MVC, Rivera Lassén y Bernabe se expresaron en contra de la aprobación del presupuesto.

“Yo no tengo dudas de las intenciones del compañero Zaragoza, pero eso no quita el problema que tenemos con la Junta, que no importa lo que digamos, tiene siempre la última palabra […] Reitero que este Senado debería enmendar este presupuesto para quitarle el dinero a la Junta. El dinero que tiene la Junta en este presupuesto es increíble. No importa lo que digamos aquí, ellos tienen la última palabra. Este Senado no debe aceptar las condiciones de la Junta y debe darse a respetar y tener dignidad”, manifestó Rivera Lassén.

Por otro lado, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, le salió al paso a los legisladores que se expresaron en contra del presupuesto y que cuestionaron el poco tiempo que tuvieron para analizar el documento de más de 400 páginas.

“Los que dicen que no han tenido tiempo para poder leer el presupuesto, parecería que esos colegas tienen una visión turística de sus funciones en el Senado, porque la Resolución del Senado se radicó el 5 de marzo y el que lo hubiese querido leer tenía todo el tiempo para leerlo. Hubo varias vistas públicas y el senador que no quiso enterarse no lo hizo […] Todas las medidas permiten que se presenten informes de minoría y no presentaron ninguno. Quieren diabolizar a la Junta como si con eso justificaran su vagancia y su incompetencia”, sostuvo.

Asimismo, concluyó su turno indicando que “los que no traen nada son los más que se quejan. Por mí, la Junta que se vaya a las pailas”.