La Cámara de Representantes concurrió este martes con la versión de presupuesto aprobada por el Senado para el próximo año fiscal 2024-2025, esto en vías a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) tenga el tiempo de evaluar el documento que, según reconoció el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, no cuenta con el aval del ente fiscal.

“Estamos negociando una versión hace más de seis meses entre el Ejecutivo, la Cámara y el Senado, eso está bien adelantado; así que nuestra expectativa es que en los próximos días la Junta nos envíe una notificación formal diciendo que el sustitutivo de la Resolución Conjunta de la Cámara (RCC) 624 no cumple con el plan fiscal”, aseveró el líder cameral.

La versión del presupuesto con cargos al fondo general refrendada por ambas cámaras para el próximo año fiscal 2024-2025 asciende a $13,062 millones. Aunque persisten diferentes visiones, Hernández Montañez no anticipó contratiempos con que se logren unos acuerdos y que la versión final reciba el aval legislativo. “No veo y no he escuchado, lo vimos hoy en los votos, que alguien tenga algún tipo de oposición”, afirmó.

El sustitutivo a la RCC 624 recibió 31 votos a favor y tres en contra.

Abordado sobre cuáles eran aquellas áreas donde persistía el tranque, Hernández Montañez sostuvo que estaban relacionadas con los ajustes hechos al documento por el Senado. “La versión que van a recibir y notificar es la versión aprobada en el Senado, con la cual concurrimos hoy, así que hay cambios que presentó el Senado que la Junta no respaldaba. Pero, de parte de Cámara, estamos cuadrados”, aseguró.

“Te podría decir que el 99.9% de presupuesto está alineado por todas las partes… nosotros no tenemos ninguna controversia… pero no somos los únicos”, subrayó al sostener que la versión final de presupuesto se aprobará el próximo 28 de junio.

El líder cameral insistió en que la Cámara se apresta a aprobar el cuarto presupuesto balanceado, esto a pesar de señalamientos del director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica. “Hay unas disposiciones en Promesa que establecen unos requisitos que no están en manos de la Cámara…nosotros estamos en cumplimiento”, argumentó.

Durante la última reunión pública, Mujica señaló que el primero de cuatro presupuestos balanceados consecutivos que la ley Promesa requiere podría certificarse al concluir este año fiscal, lo que choca con la interpretación del gobernador Pedro Pierluisi y de la Asamblea Legislativa.

“El problema está en la ley Promesa…ellos (la JSF) han querido mantener esa ambigüedad porque se quieren perpetuar”, subrayó Hernández Montañez.

Más fondos

Durante la sesión de este martes, la Cámara también refrendó la RCC 665, una medida legislativa que modifica en casi $1,000 millones el presupuesto vigente (2023-2024) como resultado de unos sobrantes identificados en los gastos del gobierno.

Estas asignaciones, explicó el líder cameral, permitirán impactar algunas iniciativas importantes para la “sociedad puertorriqueña”. “Esto es súper positivo. Tenemos $993 millones entre los $132.4 millones (en sobrantes) del presupuesto anterior y $860.6 millones de este presupuesto, así que aumenta en casi $1,000 millones el presupuesto vigente”, afirmó.

Entre estas partidas, destacó $14.8 millones para el fondo de mejoras municipales, $3.4 millones para que los municipios financien el recogido de desperdicios sólidos (Ley 53-2021) y $150 millones para la recuperación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

A estas partidas se suman $130 millones para nutrir el Fondo de Equiparación, $4 millones para la liquidación de los empleados del gobierno central que no continúen en el servicio público el próximo cuatrienio, $150 millones para el pago de cuentas corrientes y $150 millones de reserva de Medicaid. “Con el dinero del superávit estamos pareando para garantizar que estos servicios esenciales se continúen sin tener que mermarlos”, sostuvo.

Una partida de $105 millones estaría dirigida a costear el pareo de fondos que exige la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y $77.5 millones para mejoras permanentes.

La medida, asimismo, dispone una asignación de $71.4 millones para “mejoras no permanentes y equipo no asignado”, $4 millones para mejoras, compras de materiales y el adiestramiento de personal de la Asamblea Legislativa, $1.5 millones para la construcción de un cuartel en Comerío; $250 mil para la restauración del edificio Nuestra Señora del Pilar y $350 mil para mejorar las viviendas de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en Isla de Mona.

“Cada partida de estas tiene unas normas y unas reglas de cómo se utilizan... después que se cumpla con esos requisitos, estos fondos a veces pueden estar disponibles hasta por dos años”, expuso.

La Cámara de Representantes también aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 663 para ordenarle a la Autoridad de Tierras el traspaso al Municipio de San Juan de dos propiedades -localizadas en la avenida Ponce De León y la calle González- para que el ayuntamiento, a su vez, se las arriende, por el canon de un dólar, a la Fundación Sila M. Calderón para construir un centro de servicios educativos y de capacitación.

La RCC 663 y la RCC 665 debían ser considerados este martes por el Senado. Al momento de esta publicación, esto no había ocurrido.