El presidente cameral Rafael “Tatito” Hernández Montañez informó este domingo que la Cámara de Representantes comisionará una Auditoría Forense de todas las Alianzas Público-Privadas (APP), incluida la de LUMA Energy, y que el cuerpo legislativo se autoconvocará para que estas rindan cuentas al país.

El líder cameral dijo que el jueves, 15 de agosto de 2024 realizarán una audiencia pública con el fin de investigar a fondo la situación financiera de las APP.

“Más allá del cumplimiento contractual, lo que vamos a hacer es una Auditoría Financiera-Forense que certifique que los números que brindó el contratando son los corrects, incluyendo la base de sus datos financieros”, expresó Hernández Montañez en declaraciones escritas.

“Que no le quepa la menor duda a estas corporaciones de que investigaremos a fondo, y si en el proceso descubrimos que están usando dinero federal no reembolsable para su operación, para luego reclamar sus déficits al Gobierno o hicieron algún movimiento ilegal, tendrán que devolver hasta el último centavo de su propio pecunio”, advirtió el presidente cameral.

Hernández Montañez indicó que, para esta investigación a las APP, contratarán personal externo con el peritaje para realizar las auditorías que se centrarán, sin limitarse, en los asuntos financieros y operacionales en el manejo y administración de los contratos de todas las alianzas público-privadas suscritos por el Gobierno.

“Vamos a identificar el origen y el impacto causado por todo acto delictivo o negligencia. Finalmente, los puertorriqueños, los que pagamos por sus servicios, podremos identificar a los responsables que se esconden detrás de la burocracia gubernamental o corporativa para que se tomen todas acciones legales aplicables y se acabe la impunidad”, advirtió Hernández Montañez.

“Desde la primera privatización, que fue la del Aeropuerto Luis Muñoz Marín, ni la Autoridad de Puertos, ni las APP han realizado alguna auditoría financiera forense. Lo mismo ha ocurrido con otras como el COR3 y LUMA Energy. Esto denota una seria ineficiencia por parte del Gobierno para fiscalizar correctamente el uso de los fondos federales asignados, y pudiera implicar que estas corporaciones tengan que devolver los fondos o que estas asignaciones sean descontinuadas”, enfatizó Tatito Hernández.