La Cámara de Representantes estaría aprobando tan pronto como el lunes un proyecto que prohíbe el uso de envases de plástico “de un solo uso” en Puerto Rico, una forma de contribuir a reducir parte de las millones de libras que al desecharse impactan negativamente el medioambiente.

Se trata del proyecto de la Cámara 1951 de la autoría del representante por distrito Joel Franqui Atiles, y que el pasado miércoles recibió un informe positivo de las Comisiones de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales, y la de Pequeños Negocios de la Cámara.

“Esta medida es cónsona con las políticas públicas adoptadas por diversas jurisdicciones a nivel mundial que han creado conciencia sobre este problema y los efectos adversos que esto acarrea. Este paso adicional será uno de muchos que irán adoptándose para insertar a Puerto Rico en la corriente ambiental y ayudar a proteger nuestro planeta y nuestro medio ambiente. Este trabajo será arduo y con dificultad. Solo tendremos la certeza que nuestras futuras generaciones lo agradecerán”, reza el informe.

Según ha trascendido, la desaparecida Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) informaba que se recolectaron 14,315,460 de libras de plástico solamente en el 2017, incluyendo envases, tenedores, vasos y platos, entre otros, todo de plástico. Las cifras son del año del azote del huracán María, por lo que el número podría ser diferente en otro año.

El representante del Partido Nuevo Progresista se expresa positivo sobre las posibilidades de que la medida se convierta en ley. Dijo que ha escuchado expresiones favorables de su homólogo en el Senado, Carlos Rodríguez Mateo, y asesores del gobernador Ricardo Rosselló le han dicho que el primer mandatario favorece esta medida.

“Es un paso más cerca para que Puerto Rico sea ejemplo en el Caribe y el mundo de que somos un país vanguardista en el reciclaje y el uso de productos compostables. Es atajar un problema del que llevamos años hablando. Va a ser un paso bien grande”, dijo Franqui Atiles.

No se trata de una prohibición absoluta al plástico, sino a aquellos que se usen una sola vez, según se desprende de la medida. Los productos que serían prohibidos incluyen los cubiertos, platos y sorbetos de plástico, así como los vasos, tazas y contenedores de alimentos hechos de poliestireno expandido para su consumo inmediato o para llevar.

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“Surge de varios estudios que la problemática principal con estos productos es que este tipo de plástico contribuye a la contaminación del medioambiente, no es compostable y afecta negativamente al reciclaje del plástico convencional”, reza el informe que será discutido en el pleno de la Cámara el lunes.

Puerto Rico se estaría uniendo con esta medida a corrientes mundiales a favor de la protección del ambiente porque la Unión Europea adoptó legislación para prohibir los plásticos de un solo uso para el 2022. De igual forma, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, Barbados, Belice, Bahamas, Costa Rica, Dominica, Granada, Trinidad y Tobago, Haití, y Antigua y Barbuda. 

En entrevista telefónica, el legislador dijo que tras el proceso de vistas públicas se enmendó la medida para imponer sanciones más fuertes que las originales, esto buscando ser efectivos en crear un cambio de cultura en los negocios. El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sería la agencia encargada de fiscalizar esta ley, y de detectar incumplimientos en primera instancia, se daría una orientación por parte de negocios y, luego, la agencia podría imponer multas de $250 en su primera infracción, $500 en la siguiente y $1,000 en las posteriores, con una penalidad de 10% cada mes, si la multa no se paga en 30 días.

El informe de 15 páginas resume las ponencias de diversas organizaciones, como el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Justicia, la empresa ConWaste que recoge desperdicios sólidos y recicla materiales, y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE).

“La conservación de la tierra, los bosques, los peces, las aguas, las aves, las minas y las salinas, entre otros, debe ser una de las funciones primordiales de nuestro gobierno”, expresó Justicia en su ponencia  

De este grupo de deponentes a las vistas públicas, solo ASORE se opuso a la medida. Entre sus argumentos figura la necesidad de un andamiaje adecuado para trabajar con desperdicios sólidos, que los datos sobre el tema no están actualizados, y que una prohibición absoluta descarta su uso en situaciones de emergencia como sequía y huracanes. El informe dice que la medida se enmendó para ser flexible en casos de emergencias.

Franqui Atiles dijo que consideró los argumentos de los empresarios, pero que la comisión entendió que aun así era necesario dar paso a esta medida.

“No hacer nada no es una opción. Qué vamos a hacer, ¿esperar a que los vertederos cierren?... estamos siendo proactivos. Le digo algo, estamos tarde, pero no podemos seguir postergando la discusión y aprobación de medidas como esta”, dijo Franqui Atiles.