La Cámara de Representantes aprobó ayer, viernes, en votación final, el informe contra el saliente representante popular Orlando Aponte Rosario por violaciones al Código de Ética del cuerpo legislativo.

La Cámara había aprobado el informe a viva voz, pero no lo había llevado a votación final.

La Comisión de Ética recomendó imponerle a Aponte Rosario una multa de $2,000 por no informar que un tribunal emitió en abril una orden de protección en su contra por un supuesto incidente de violencia doméstica.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, presentó la queja ante la comisión el pasado 21 de abril.

La orden de protección en contra de Aponte Rosario se emitió el 13 de abril y la fecha límite para que informara lo ocurrido a la Cámara era el 20 de abril. El legislador alegó que intentó, sin éxito, comunicarse con el líder cameral.

Aponte Rosario renunció el jueves a su puesto como representante por el Distrito 26, que incluye los pueblos de Villalba, Barranquitas, Orocovis y Coamo. La renuncia, originalmente, era efectiva el sábado, 1 de julio.

La dimisión ocurrió luego de que el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, pidiera la renuncia de Aponte Rosario y lo removiera de todas sus posiciones políticas y reglamentarias dentro de la colectividad.

Su esposa, eventualmente, retiró el recurso y Aponte Rosario rechazó “las alegaciones más serias”.

Este mes, sin embargo, un tribunal emitió una nueva orden de protección que le imputa serias denuncias adicionales de maltrato físico, emocional y sexual a Aponte Rosario contra su esposa.

Mientras, la Cámara no aprobó un informe de la Comisión de Ética en contra de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

La comisión había encontrado en 2022 causa contra la legisladora por permitir que una exempleada de su oficina solicitara equipo y propiedad de la Cámara de Representantes para organizar una graduación de un colegio privado que dirigía.

La reportera Leysa Caro González contribuyó a esta historia.