La Cámara de Representantes radicó ayer jueves un recurso de interdicto preliminar para dejar sin efecto la nulidad de la Ley 41-2022 (Reforma Laboral), mientras se dilucida la apelación de la decisión de la jueza Laura Taylor Swain ante el Primer Circuito de Apelaciones del Tribunal Federal en Boston.

En el recurso legal, la Cámara alega que la declaración de nulidad de la Ley 41-2022 ubicó a miles de trabajadores privados en una situación de extrema vulnerabilidad ante el anuncio realizado por las organizaciones que agrupan a patronos privados quienes notificaron que se encuentran evaluando las alternativas legales disponibles para reclamar la devolución del dinero pagado “en exceso”, al revertir las protecciones concedidas por ese estatuto.

El recurso reclama, además, que la jueza federal Laura Taylor Swain deje sin efecto la nulidad de la Ley 41-2022, mientras el tribunal en Boston examina la apelación y emite su dictamen, y expone que resultaría sorpresivo e iría contra los propios actos de los demandantes cualquier oposición a esta solicitud basado en la estrategia de litigación utilizada la cual permitió que la ley entrara en vigor, se actualizara la reglamentación interna aplicable a los patronos privados y entraran en vigor mayores protecciones para la clase trabajadora.

“Como prometimos la semana pasada, la Cámara continúa firme en su estrategia de combatir esta decisión en tres frentes: el legislativo, con la radicación del PC-1651; el congresional, con las enmiendas a la Sección 204(a) de la Ley Promesa; y el judicial, primero con la apelación en Boston y ahora con este interdicto preliminar”, indicó en declaraciones escritas el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo Torres García, expresó que “la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) nunca reclamó ante la jueza Swain un interdicto preliminar para preventivamente dejar sin efecto la Ley 41-2022, por lo que transcurrieron varios meses desde que la ley entró en vigor y los trabajadores del país acumularon unas protecciones dignas en el empleo, hasta que la JSF radicó el recurso, la Cámara se opuso de manera contundente y el Tribunal declaró la nulidad de la reforma laboral ante la inacción de la Administración Pierluisi de certificar el impacto fiscal de la ley”.

“Este recurso pretende evitar un daño irreparable a los trabajadores privados, litigios innecesarios y acciones civiles para el recobro por los derechos revocados, ante la existencia de los argumentos legales requeridos para prevalecer en sus méritos durante la etapa apelativa y la posibilidad real de que la clase trabajadora experimente un daño extremo al ejecutar una sentencia que no es final y firme”, sostuvo por su parte, Hernández Montañez.