El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, defendió hoy al mediodía la creación de un fondo de $48.7 millones a ser repartidos por todos los legisladores para lo que llamó servicio directo a la ciudadanía.

Hernández Montañez objetó el calificativo de barril o barrilito. El lenguaje con que se crea fue introducido como enmienda a la Resolución Conjunta de la Cámara 278, legislación que autoriza tanto el pago a bonistas y a otros acreedores, al igual que se viabilizan ajustes requeridos al presupuesto y que son resultado del Plan de Ajuste de Deuda.

La pieza legislativa fue discutida hoy en una vista pública conjunta de las comisiones de Hacienda de Cámara y Senado. Allí los representantes del Ejecutivo, el director de Gerencia y Presupuesto, Juan Carlos Blanco; el secretario de Hacienda, Francisco Parés y el director ejecutivo de Aafaf, Omar Marrero, guardaron distancia del lenguaje al indicar que no lo conocían y tampoco podían dar fe de su verdadero alcance.

La pieza legislativa debe ser aprobada en una vista de consideración final de la Comisión de Hacienda de la Cámara mañana, cuando también bajará a votación en el hemiciclo.

“Esto suena a barrilito, una de las instituciones más desprestigiadas de la política en Puerto Rico”, dijo la senadora independentista María de Lourdes Santiago.

“Eso es dinero que se asigna para iniciativas comunitarias. Ese es el proceso legislativo de toda la vida y no es un barril. El dinero está ahí”, afirmó Hernández Montañez a este diario al referirse a fondo de $48.7 millones. Este dinero que estará en manos de a Legislatura por una sola ocasión, se suma a los más de $20 millones que distribuyen producto del Fondo de Mejoras Municipales y otros $20 millones que se distribuyen anualmente como parte de su presupuesto, lo que se conoce como Donativos Legislativos.

“Hay que poner dinero en las comunidades con las necesidades que hay que no se están atendiendo. Y no es infraestructura. Hay billones en infraestructura, pero no se están atendiendo los problemas sociales de nuestras comunidades”, dijo Hernández Montañez a precisar que la asignación, en partes iguales a todos los legisladores, se tramitaría legislativamente mediante una resolución.

El uso específico del dinero, que incluiría la contratación de amas de llave, programas comunitarios de sicólogos, terapias familias, sería incluido como una enmienda a la RCC 278. “No es bloque, ni cemento”, insistió.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, indicó a este diario que se enteró de la existencia del fondo especial hoy y que no estaba en la versión original de la medida que él tenía.

“Tengo que averiguar su propósito”, dijo.

La Resolución Conjunta de la Cámara 278, que sufrirá cambios entre hoy y mañana que Hernández Montañez no detalló, da luz verde al pago a bonistas de todo tipo a razón de $10,852 millones provenientes de dinero guardado luego de cinco años sin pagar deuda. La medida también autoriza modificaciones al presupuesto vigente que ascienden a poco más de 1,700 millones.

Marrero argumentó que por orden de la jueza Laura Taylor Swain el proceso que conlleva la aprobación de la medida en la Legislatura y la firma del gobernador Pedro Pierluisi tiene que estar completado a más tardar el 15 de marzo so pena de que Puerto Rico pierda el beneficio del “stay” de la Ley Promesa y que el Estado tenga que pagar sobre $100 millones a modo de una penalidad.

El abogado Rolando Emanuelli, a nombre del Frente Amplio para la Defensa de la Educación Pública (FADEP), hizo un reclamo a la Legislatura a que no apruebe la medida porque la entidad que representa ha impugnado el Plan de Ajuste de Deuda (PAD) en el Tribunal de Apelaciones de Boston, inconformes ante la disolución del sistema de pensión definida de los maestros. Emanuelli sostuvo que la aprobación de la resolución y la eventual firma del Gobernador haría académica la controversial legal.

Marrero argumentó más temprano en la vista que incluso luego de que se atienda la controversia legal que levanta la FADEP, aún con el PAD en vigor entidades puede retirar la legalidad de otros lineamientos y que así ha ocurrido en el pasado con otros proceso de reestructuración de deuda.

La medida está dividida en dos partes y la senadora Santiago objetó el lenguaje de la modificación del presupuesto de este año ya que se reduce el pago que hace el gobierno para cumplir con el requisito de pareo en relación al Plan Vital de $1,622 millones a $696.9 millones.

Marrero y Blanco rechazaron que la viabilidad de la legislación está predicada en un frágil compromiso de que la asignación anual de Medicare y Medicaid siempre será de al menos $2,900 millones.

“Cuando se aprobó el presupuesto no se había legislado el dinero federal bajo Medicaid. Lo que se está haciendo es liberar recursos y el dinero está en las cuentas”, dijo Blanco al referirse a la asignación de $2,900 millones.

“El compromiso del gobierno federal con los ciudadanos de Puerto Rico es que la asignación siempre ha estado”, intervino Marrero.

Posible plan B para los maestros

El senador popular Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, llevó a Marrero a indicar que una alternativa que se está evaluando en el caso de los maestros del sistema público que en marzo perderán su sistema de pensión definida podría ser el depósito de tiempo en tiempo de dinero adicional en las cuentas de contribución definida que tendrán los maestros, una alternativa que ya se viabilizó con los policías.

¿Hay un impedimento para que, de tiempo en tiempo y mientras esté el efectivo disponible se puedan hacer aportaciones extraordinarias?, le preguntó Zaragoza a Marrero.

Marrero indicó que el Plan de Ajuste de Deuda lo que consigna es una prohibición a regresar al sistema de pensión definida por los próximos 10 años.

“Esa es la dirección que debemos considerar y el Gobernador ha dicho que, aunque no estamos donde queremos estar, esa es la dirección”, respondió Marrero.

La RCC 278 contempla pagos por $146.7 millones y $10.3 millones a los Centros 330 y a productores de la industria lechera, respectivamente, al ser tratados de manera especial en su capacidad de acreedores del Estado. La pieza legislativa también asigna 22.1 millones adicionales para que el Estado cumpla con la nómina de los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no pasaron a trabajar con Luma Energy.

En el caso de la Legislatura, además de que se crea el barril, igualmente se asignan $7.5 millones, que serán divididos en 60% para la Cámara y 40% para el Senado para paliar los recortes aplicados a la Asamblea Legislativa durante los pasados años. Otra partida, de $1.5 millones, será utilizada para crear una nueva oficina en la Legislatura encargada de realizar estudios de todo tipo, incluyendo los de índole económico.