La Cámara de Representantes dejó pendiente de votación final hoy dos informes de la Comisión de Ética, uno que impone una multa y reprimenda al ahora renunciante representante Orlando Aponte Rosario y otro, que recomienda amonestar a la portavoz del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz.

Ambos informes se aprobaron a viva voz, pero no fueron llevados a votación final.

“La interpretación reglamentaria mía es que los informes de comisiones de la cámara con aprobarse a viva voz basta”, dijo el presidente de la Comisión de Ética, Ángel Matos García.

En el caso de Aponte Rosario, la Comisión de Ética recomendó imponerle una multa de $2 mil y una reprimenda pública por no informar al cuerpo legislativo que un tribunal le había impuesto una orden de protección por un incidente de violencia de genero contra su esposa, el pasado 13 de abril.

Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático (PPD), renunció hoy a su escaño legislativo, pero el pasado 13 de junio había anunciado que su renuncia sería efectiva el primero de julio. La Comisión de Ética retuvo entonces jurisdicción sobre Aponte Rosario, por entender que, aunque la renuncia sea final y firme, el Código Político le concede un período de 15 días al representante para arrepentirse.

En el caso de Burgos Muñiz, la Comisión había recomendado hace casi un año amonestar a la legisladora por supuestamente violar un artículo sobre conflicto intereses del Código de Ética, que rige la conducta de los legisladores.

En junio de 2022, la Comisión de Ética falló en contra de Burgos Muñiz en relación a una querella que le instó el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

El líder legislativo refirió a Burgos Muñiz a la Comisión de Ética luego que trascendió en medios de comunicación que la directora de la oficina de la legisladora, Janise Santiago Ramos, no informó que era la dueña del colegio educativo Kid’s Kingdom & James Christian Academy cuando solicitó un salón del Capitolio para celebrar los actos de graduación de la institución docente. Ese mismo día, la legisladora anunció en las redes sociales que su empleada renunciaba al cargo que ocupaba en la Casa de las Leyes.

“Esa graduación fue peticionada para ser celebrada en la plaza Manuel Zeno Gandia y por razones de lluvia se habilitó un salón. La señora Santiago Ramos nunca tuvo función dual ni nunca fue una empleada fantasma”, reclamó en un turno durante la discusión del informe, la representante Burgos Muñiz.

“Ella tenia autorización para peticionar documentos relacionados a mi oficina legislativa. No hubo pérdida de fondos públicos. Pregunto si con este informe no estarán sentando las bases para futuras querellas infundadas. Ninguno de los miembros de la Asamblea Legislativa estemos exentos de que nos radiquen querellas frívolas, por asuntos político partidistas o mala fe”, indicó.