La Cámara de Representantes dio paso esta tarde a una resolución que ordena a una comisión legislativa investigar las fallas que por años se han detectado en los trabajos de construcción y reparación del puente atirantado de Naranjito.

La medida (Resolución de la Cámara 676) recibió en sala una enmienda del representante novoprogresista Víctor Parés Otero para que la investigación incluya “cualquier otro asunto relacionado” al tiempo que el legislador retiró otra enmienda, para que la pesquisa determinara si se buscaba adelantar la inauguración del puente atirantado para antes de las elecciones de 2008.

La obra fue inaugurada el 24 de octubre de 2008 por el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá, quien fue derrotado poco después, por el gobernador Luis Fortuño.

Durante el breve debate afloraron las culpas políticas por la inacción de las administraciones gubernamentales –azules y rojas- para que se corrigieran las fallas estructurales que presenta el puente, que ahora cerrará de forma temporera para que sea restaurado a un costo de más de $25 millones.

“Esta investigación tiene que hacerse de forma responsable y sin politiquería”, reclamó el representante popular Juan José Santiago Nieves, autor de la medida legislativa.

Reconoció que su antecesor por el distrito 28 (Barranquitas, Corozal, Naranjito y Comerío) Rafael “June” Rivera cuando se inauguró el puente en 2008 “hizo unos señalamientos que había que atender”, pero dijo que en 2009, Rivera radicó una resolución “a la que se le hicieron dos vistas oculares y ni se hizo un informe final”.

“Rivera no radicó ninguna pieza legislativa para atender el puente. De 2017 a 2020, cero medidas legislativas sobre las reparaciones del puente atirantado”, sostuvo.

“Aquí hay unas responsabilidades. Ojalá que la investigación del Departamento de Justicia, si se hace un referido, no concluya que si hay delitos están prescritos”, indicó por su parte, el representante independentista, Denis Márquez Lebrón. “Hay veces que tenemos que denominarnos como la isla de impunidad”, dijo para agregar que con el cierre temporero del puente “miles de personas se verán afectadas”.

La representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli cuestionó que la compañía constructora del puente, Las Piedras Construction, mantenga otros contratos con el gobierno como los trabajos de reparación en la PR-10, que conduce de Ponce a Adjuntas y “también va a la construcción del tramo de Utuado”.

En la sesión cameral se derrotó un proyecto de ley (PC 576) que buscaba adoptar un programa piloto de control de contaminación por ruido en cayos, ríos, playas, reservas naturales y zonas turísticas. La medida obtuvo 23 votos a favor y 19 en contra. Para ser aprobada necesitaba al menos 25 votos.

Después de votar en contra de la medida, el representante popular Orlando Aponte Rosario cambió su voto a favor y al ser derrotada pidió la reconsideración por lo que podría ser llevada a votación en la próxima sesión.

La representante Nogales Molinelli argumentó que la medida limitaría el derecho constitucional a la libre expresión y a la protesta. “La manera de controlar la contaminación por ruido es mediante una campaña educativa”, dijo para agregar que además de tener defectos constitucionales la medida estaba mal redactada y cuestionó la prisa por aprobarla.

El representante Márquez Lebrón se expresó en contra de “los abusadores de los ruidos”, pero sostuvo, que el proyecto, que calificó de engendro legislativo, era muy amplio “y puede incidir sobre derechos constitucionales”.

También, se dejó sobre la mesa un proyecto que busca enmendar la Ley 54 para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica a los fines de facilitar la expedición de órdenes ex parte a las víctimas de violencia de género.

“A pesar de las buenas intenciones de este proyecto el resultado práctico es que va a dificultar que las personas puedan obtener una orden de protección y las víctimas van a quedar desamparadas, lo que es contrario a la ley”, expresó la representante Nogales Molinelli.

También se expresó en contra de la medida, el representante Aponte Rosario, quien pidió que se devolviera a comisión. Dijo que la medida permitiría que se expidan ordenes ex parte sin dar el debido proceso de ley a la parte peticionada.