La Cámara de Representantes investigará en cuál de sus etapas se encuentra el Proyecto de Control de Monos que desarrolla hace cerca de siete años el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en los municipios de San Germán, Cabo Rojo y Lajas, ante el hecho de que persiste la situación de daños a la agricultura de la zona atribuidos a estos animales.

La investigación fue ordenada a la Comisión de Agricultura, Recursos Naturales y Asuntos Ambientales en una resolución aprobada hoy, lunes. En la medida se reitera la preocupación por la persistente presencia de monos rhesus y patas en esa región del país.

En la exposición de motivos de la resolución, de la autoría de la representante Lydia Méndez Silva, se indica que hace algunos años la presencia de estos monos ha causado considerables estragos a los cultivos y actividades ganaderas.

Advierte, además, que “la anuencia ante dicha situación ha facilitado la multiplicación de las colonias de monos y que se extiendan a otras regiones, principalmente dedicadas al cultivo de hortaliza, ganadería de carne, crianza de ovejas y otros”.

Recuerda que, luego de completada una evaluación ambiental que recomendó crear un programa integrado de manejo de esta plaga, utilizando técnicas letales y no letales, el entonces gobernador Aníbal Acevedo Vilá firmó una orden ejecutiva asignando $1.8 millones para implantar un plan de trabajo para atender la situación en un periodo de cuatro años.

“Ante esta situación resulta meritorio que la Cámara de Representantes realice una abarcadora investigación sobre la etapa de los procedimientos en que se encuentra el Proyecto de Control de Monos del DRNA, con el fin de combatir y controlar el problema que confrontan los municipios de San Germán, Cabo Rojo y Lajas, con la presencia de monos Rhesus y patas que siguen causando daños a los agricultores y a la ciudadanía”, concluye.

La Cámara también aprobó un proyecto para declarar la última semana del mes de abril como la “Semana Conmemorativa de la Prohibición Contra la Pena de Muerte en Puerto Rico”.

La medida ordena al Departamento de Estado coordinar con otras entidades tales como el Colegio de Abogados, la Comisión de Derechos Civiles y las universidades, actividades para difundir “el significado y la importancia que representa este logro trascendental, cónsono a los valores y principios que atesoramos como pueblo democrático”.