La votación del proyecto, cuyo acrónimo es "Promesa", resultó con 297 a favor y 127 en contra y tuvo lugar tras una intensa jornada en la que el presidente de la Cámara, el republicano Paul Ryan, argumentó que el proyecto no tendrá coste alguno para los contribuyentes estadounidenses.

"Ya que Puerto Rico es un territorio estadounidense, en última instancia la responsabilidad es del Congreso, tal y como dice la Constitución", argumentó Ryan.

Según resumió, los objetivos de la "Promesa" son "proteger a los contribuyentes estadounidenses, impedir que la crisis de deuda de Puerto Rico se convierta en un desastre humanitario y poner Puerto Rico en el camino hacia la recuperación".

El texto sometido a votación fue consensuado tras semanas de negociaciones entre demócratas y republicanos, y cuenta con el "fuerte apoyo" de la Casa Blanca, por lo que ahora deberá pasar por el Senado, donde no se espera que tenga grandes obstáculos, para después ser aprobado por el presidente Barack Obama.

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de "Promesa" y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

En este sentido, el representante demócrata Luis Gutiérrez, de origen boricua, dijo durante su intervención que la evaluación de la medida fue "una actividad totalmente antidemocrática en la democracia más grande del mundo".