La Cámara de Representantes derrotó hoy a viva voz el Proyecto de la Cámara 1153, que buscaba enmendar la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, para establecer que la pensión alimentaria de menores no excediera el 40% del ingreso neto del padre o madre alimentante, y que los jóvenes mayores de 18 años tuvieran que justificar ante los tribunales la razón para continuar recibiendo el sustento hasta los 21 años.

La medida era de la autoría del representante del Partido Popular Democrático (PPD), Orlando Aponte Rosario.

Así las cosas, se mantendrá el sistema actual con respecto al establecimiento de pensiones alimentarias, que dispone que el tribunal o el administrador de la ASUME determinen el monto de la pensión.

De igual forma, actualmente es obligatoria la pensión alimentaria hasta los 21 años.

El autor de la medida había dicho anteriormente que consideraba la medida “una oportunidad” para jóvenes universitarios y que la misma había llegado de abogadas y abogados de dos organizaciones que se expresaron en las vistas públicas.

Aponte Rosario había anunciado, además, que consideró una enmienda para la ley de ASUME, para asegurar protección a la reserva de ingresos a las personas que ganan el mínimo federal.

Había comentado también que durante las vistas públicas “se le recomendó a la Comisión que evaluara la preocupación que hay personas que cumplen 18 años y en ocasiones llevan vida independiente, se ponen a trabajar y hasta pueden generar más ingresos que el alimentante”.

Por otro lado, también hoy la Cámara de Representantes aprobó varias medidas, como el PC 1274, que crea la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, que estaría ofreciendo servicios de evaluación de impacto financiero tanto a la Cámara como al Senado.

“La aprobación de la medida fue una gestión realizada por varios grupos en la Asamblea Legislativa”, afirmó el presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, asegurando que habían tenido participación de todos los grupos y en particular del Partido Nuevo Progresista (PNP).

El líder del Partido Popular Democrático (PPD) celebró que pudieran contar con una oficina que permitiera ofrecer evaluaciones de impacto económico, positivo o negativo, sin servir a ningún partido, con recursos divididos por igual para Cámara y Senado.

“Tiene una visión de transparencia, sin influencia política, para evitar cometer los errores del pasado”, insistió Hernández, agregando que negociaron con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para asegurar el financiamiento de dicha oficina.

Aunque celebró la propuesta, el representante Bernardo Márquez, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), comentó que no estaban en posición de votar a favor de la medida porque no había incluido varias propuestas que hicieron a la misma, y además se trajo a votación sin vistas públicas ni comentarios o evaluaciones de expertos sobre la misma.

Cuestionó además la asignación por parte de la JSF, de sobre $3 millones, sin que se mostrara un análisis de por qué esa cifra y cómo se había llegado a la misma, y no a una diferente.

“Una buena iniciativa, pero que se llevó a votación sin un proceso adecuado. Una medida presupuestaria sin un análisis presupuestario adecuado. De nuevo, estamos a ciegas, así que nuestra delegación estará votando en contra”, afirmó Márquez.

La Cámara también aprobó una medida que enmienda la Ley del Código de Seguros de Puerto Rico, para imponer un límite de 10% a los honorarios que pueda recibir un ajustador público por sus servicios, y proteger así a los asegurados.

También aprobó enmendar la Ley de Tránsito para que se expidan marbetes para los vehículos de motor de dos años de duración.

De igual forma, aprobó una resolución que ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas eliminar toda multa y costo de peaje por el concepto de transitar por las plazas de peajes sin balance a partir del mes de abril de 2022, por el ataque cibernético a AutoExpreso, hasta que establezcan y anuncien un protocolo para reclamaciones.