La Cámara de Representantes acordó esta tarde incluir en el Calendario de Órdenes Especiales del cuerpo legislativo la reconsideración de dos proyectos: el que retira $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE) para mitigar los aumentos de agua potable y energía eléctrica, y el proyecto que pretende elevar a rango de ley la transición de administración a administración en la Cámara.

Ambas fueron derrotadas ayer.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, sostuvo que la mayoría PPD votó en contra del proyecto de la CFSE, en el que el líder cameral aparece como coautor, luego de que los novoprogresistas votaran en contra del proyecto de transición legislativa. Hernández Montañez fue el principal defensor de la medida en el hemiciclo.

Medida para restituir fondos públicos

De otra parte, la Cámara aprobó hoy a viva voz un proyecto del Senado que fija las instancias en que un funcionario tendrá que cumplir con la restitución de fondos públicos, en caso de ser convicto por corrupción.

El Proyecto del Senado 771, presentado por siete senadores del Partido Popular Democrático (PPD) y la senadora de Proyecto Dignidad, dispone que el convicto cumplirá con la pena de restitución con bienes presentes y futuros. La medida fue aprobada con enmiendas diseñadas para provocar un comité de conferencia.

La pieza legislativa le remueve al tribunal la discreción actual de imponer la pena de restitución -ya delineada por ley- y la incluye como parte de la pena estándar en delitos, como apropiación ilegal agravada de fondos públicos y extorsión.

Según el informe positivo rendido por la presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Gretchen Hau, se solicitaron memoriales al Departamento de Justicia, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico y la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Solo respondieron la OEG y OCPR.

La OCPR señaló que no define ni promulga política pública, por lo que solicitó que Justicia y otros organismos fueran consultados. La OEG endosó el proyecto suscrito por los senadores José Luis Dalmau Santiago, Juan Zaragoza, Rosamar Trujillo, Ada García Montes, Elizabeth Rosa Vélez, Ramón Ruiz Nieves, Migdalia González Arroyo y Rodríguez Veve.

Redistribución de ingresos por Ley de Juegos de Azar

La Cámara también aprobó a viva voz una medida que redistribuye la manera en que se reparten los ingresos generados por la Ley de Juegos de Azar para beneficiar a los casinos mientras supuestamente incrementa la partida asignada a la Universidad de Puerto Rico (UPR).

El representante José “Cheíto” Rivera Madera, coautor del Proyecto de la Cámara asegura que uno de los umbrales de la ley actual que regula cómo se reparten estos ingresos es que la UPR no recibe dinero y ahora la institución sí recibirá fondos.

El representante penepé José Aponte Hernández indicó que el proyecto original afectaba económicamente a la UPR, pero sostuvo que con enmiendas se atendió ese problema. Dijo en el hemiciclo que en los pasados años nos se han superado los ingresos más allá de $315 millones, pero que este año fiscal sí se pudiera superar ese umbral por $10 millones y el próximo año se pudiera superar entre $30 millones y $40 millones.

“En este momento el PC 43 contará con mi voto para el beneficio de la UPR”, dijo Aponte Hernández.

El Proyecto de la Cámara 43 fue radicado el 4 de enero del año pasado y no tuvo vistas públicas. La Comisión de Turismo y Cooperativismo sí recibió memoriales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, el Casino Metro y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico no presentó memorial y no aparece que la Universidad de Puerto Rico haya sido consultada.

La Ley de Juegos de Azar y Autorización de Máquinas Tragamonedas en los Casinos (Ley 221-1948) dispone que los primeros $315 millones se distribuyen en 34% para el grupo A, que son los concesionarios que posean máquinas tragamonedas en sus salas de juego y el grupo B, recibe el 66%.

Ese texto de la ley se mantiene igual con el proyecto propuesto.

El grupo B consiste en un llamado Fondo Especial Estatutario, el Fondo General, el Fondo para el Desarrollo de la Industria Turística de Puerto Rico y el Fondo General de la Universidad de Puerto Rico. La institución educativa recibe el 45% de los ingresos.

Los ingresos amasados entre $315 millones y $495 millones hoy se dividen de la siguiente manera: 55% al Fondo General y 45% al Grupo A, entiéndase la industria de casinos. Rivera Madera argumentó que la UPR no recibe dinero en ese umbral y con el proyecto sí ya que el Grupo B sería incluido en este umbral.

Rivera Madera reconoció que el Fondo General sí se vería afectado con el cambio, a preguntas del representante penepé Gabriel Rodríguez Aguiló. “Se afecta”, dijo Rivera Madera, quien argumentó que el proyecto no tiene impacto fiscal porque no se alcanzan en la actualidad los $315 millones durante los pasados 10 años.

“El proyecto tiene impacto fiscal en el presupuesto de Puerto Rico”, insistió Rodríguez Aguiló.

Hoy, cuando se superan los $495 millones, el Grupo A recibe 80% de ese exceso y el Grupo B, que incluye a la UPR, recibe el resto del dinero. De esa tajada del Grupo B, la UPR recibe el 45.45%.

El proyecto deja intacto ese lenguaje.

El Proyecto de la Cámara 43 original proponía que el ingreso generado hasta $315 millones se dividiera en partes iguales entre los dos grupos y el exceso igualmente 50-50, afectando así a la UPR. Con enmiendas en sala, lo recaudado entre $315 millones hasta $495 millones se dividirá así: el 60% irá al Grupo A y el 40% al Grupo B, pero la partida designada a la UPR será destinada a la Escuela de Administración de Hoteles y Restaurantes del Recinto de Carolina.

Actualmente la UPR no recibe dinero entre $315 millones y $495 millones, insistió Rivera Madera.