El presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez se expresó con cautela hoy en torno al controvertible proyecto de ley de la senadora Nayda Venegas Brown, que busca poner restricciones al aborto y que la semana pasada provocó un encontronazo en una vista pública entre personal del Senado y opositores a la propuesta legislativa. 

Tras el altercado, el gobernador Ricardo Rosselló le cerró el paso a la medida al expresar en un mensaje en  las redes sociales que no convertirá en ley ningún proyecto que interfiera con los derechos de las mujeres.

El Presidente de la Cámara al ser preguntado hoy por la medida, dijo que ésta no ha llegado a la Cámara. “Cuando llegue el proyecto lo evaluaremos”, dijo Méndez sin precisar si favorece o no la polémica pieza legislativa.

“Aquí evaluamos todas las medidas, las que sean buenas y tengan los votos se bajarán (a votación), las no sean buenas se le harán informes negativos, pero siempre hay que contar los votos de todos los compañeros”, sostuvo Méndez.

“Los derechos de las mujeres deben reconocerse y respetarse. No firmaré una medida que interfiera con los derechos reconocidos por la Constitución de nuestra nación”, expresó por su parte, el Gobernador en el mensaje que colgó en su cuenta de Twitter el pasado 6 de septiembre.

En Puerto Rico el aborto es legal en el primer trimestre de gestación al amparo de la jurisprudencia federal, establecida en el caso Roe versus Wade y del caso resuelto en el Tribunal Supremo, Pueblo versus Duarte.

Mientras, el Proyecto del Senado 950 requeriría a la mujer realizar dos visitas a una clínica u hospital para solicitar un aborto y obligaría a los médicos a ofrecer a la mujer la opción de realizarse una ecografía 48 horas antes del procedimiento para que observe los órganos externos e internos y escuche el latido del corazón del feto.

La pieza legislativa también dispone que cualquier clínica u hospital que realice un aborto luego de las primeras 12 semanas, pero antes de que se pueda esperar razonablemente que el feto haya alcanzado la viabilidad, se expone a una multa de $10,000 y el médico que dirija el procedimiento incurrirá en delito menos grave.