La Cámara de Representantes aprovechó el Día Internacional de los Trabajadores para aprobar el proyecto que incluye enmiendas sustanciales al estado de derecho laboral vigente.

Esta tarde, el proyecto fue aprobado a viva voz, aunque todavía falta la votación por lista.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, indicó que ayer se reunió con el gobernador Pedro Pierluisi y que uno de los asuntos discutidos fue la medida.

“En todo lo que dialogamos no hubo controversia”, dijo el líder cameral.

Anunciaron que votarían en contra del Proyecto de la Cámara 3 los representantes Mariana Nogales y José Bernardo Márquez, de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Denis Márquez, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). En el caso de que los legisladores de MVC y el PIP también votaran en contra en el Senado, eso significaría que los 12 populares, el independiente José Vargas Vidot y al menos un penepé tendrían que votar a favor de la medida para que sea aprobada.

El texto de la medida, insistió la mayoría popular, dispone que su aplicación se extiende a todos los empleados y empleadas contratados a partir del 26 de enero de 2017. Sin embargo, la delegación penepé sostuvo que el efecto que tuvo la manera en que se incluyó una enmienda en sala fue borrar el lenguaje en torno a las garantías a empleados contratados a partir del 26 de enero de 2017.

En cuanto al futuro de la medida en el Senado, Hernández Montañez recordó que el líder senatorial José Luis Dalmau Santiago tiene que reunirse con su delegación y también tiene que conocer la posición de las otras delegaciones para saber si la medida tiene posibilidades. Si los senadores de MVC votaran en contra de la medida, los populares aún podrían dar paso al proyecto en el Senado si todos votan a favor y se les unen el independiente José Vargas Vidot y la independentista María de Lourdes Santiago.

El Proyecto de la Cámara 3 fue presentado originalmente por la mayoría popular para derogar la llamada Reforma Laboral (Ley 4-2017), que afectó severamente los derechos de los empleados del sector privado. Sin embargo, la intención de derogar el estatuto, que también incluyó beneficios adicionales para madres obreras, acomodos por prácticas religiosas, acuerdos de flexibilidad laboral y la posibilidad de reponer con trabajo tiempo ausente y la derogación de la Ley de Cierre, fue abandonada tan pronto comenzaron las vistas públicas en la Comisión de Relaciones Laborales de la Cámara de Representantes, dirigida por Domingo Torres García.

El legislador sostuvo que se tenía que alcanzar un “balance” entre los sectores económicos y los representantes del movimiento laboral.

La medida fue sujeta a ciertas enmiendas de última hora solicitadas por líderes sindicales que se reunieron con Hernández Montañez el jueves.

Por ejemplo, se regresa al estado de derecho que disponía, antes de la Ley 4-2017, que el peso de la prueba estará sobre los hombros del patrono en el caso de que un empleado alegue que ha sido objeto de un despido injustificado. La Cámara también elevó la mesada a la que cualificaría un empleado despedido injustificadamente.

La versión enmendada del proyecto mantuvo el pago de horas extra en tiempo y medio y así permaneció tras una discusión de posibles cambios, a pesar de que antes de la Ley 4-2017 se paga a doble tiempo. También se mantuvo el estado de derecho en cuanto a acuerdos de horario flexible.

Con cambios que sí fueron incluidos tras una reunión de caucus hoy, la mayoría popular elevó la acumulación de días de vacaciones y enfermedad a 1.25 al mes para trabajadores que cumplan con una jornada de al menos 115 horas mensuales, cuando esa escala aplicaba a trabajadores con 15 años en el empleo y si trabajaban 130 horas mensuales. El estado de derecho actual no le reconoce acumulación de vacaciones y días de enfermedad a empleados a tiempo parcial, pero el PC 3 les reconoce una acumulación de .5 días al mes para aquellos que trabajen 20 horas semanales hasta 115 mensuales.

La versión originalmente enmendada del PC 3 ubicaba el umbral para acumular licencias en 90 horas mensuales.

Con el PC 3 se rebaja de 1,350 a 700 horas las horas mínimas trabajadas en un año para cualificar para el Bono de Navidad. Ese beneficio se aumenta de 2% del salario hasta un tope de $600 a 5% del salario con un tope de $10,000. La escala actual, en el caso de patronos con 20 empleados o menos, se reduce hasta fijar un bono de 2% el salario con un tope de $300. Con el proyecto se fija en 3% del salario con un tope de $10,000 para empleados cuyos patronos tengan 15 empleados o menos.

El secretario del DTRH, Carlos Rivera Santiago, dijo en una vista pública que aumentar el bono y la cantidad de empleados que cualifiquen para el mismo también provocaría más solicitudes de dispensas.

El PC 3 uniforma el periodo probatorio en tres meses, cuando actualmente puede oscilar entre nueve y 12 meses, dependiendo de la clasificación del trabajador.

Al presentar la medida en el hemiciclo, Torres García indico que la Ley 4-2017 laceró los derechos de los trabajadores. Defendió el proceso de vistas públicas, recordó que el proyecto que dio paso a la Ley 4-2017 fue evaluado en una sola vista pública el pasado cuatrienio y que en esta ocasión se celebraron cinco vistas públicas con amplia participación del sector privado comercial, dependencias de gobierno, sindicatos y tres exsecretarios del Trabajo y Recursos Humanos.

“Se trata de un esfuerzo enorme por reivindicar a la clase obrera con legislación de justicia social que les arrebató la pasada administración PNP (Partido Nuevo Progresista). El proyecto atiende todas las preocupaciones que los trabajadores presentaron producto de la Ley 4-2017”, sostuvo. “Al trabajador y a la trabajadora se le respeta y se tiene que impulsar para que tengan una mejor calidad de vida”.

Torres García acusó al representante independentista Márquez de no presentar una sola enmienda en la vista de consideración de enmiendas y a los representantes de MVC, de no ser “honestos y honestas”, ya que se atendieron la mayoría de sus preocupaciones. Nogales y Márquez acusaron a la mayoría de aprobar una medida que se queda corta en el supuesto intento de revertir el estado de derecho a como estaba antes de la Ley 4-2017.

“No podemos venir con la actitud del todo o nada”, argumentó Torres García.

Este medio tuvo acceso a una carta de Márquez, dirigida a Torres García con enmiendas, pero fue enviada luego de la vista de consideración de enmiendas.

Márquez le salió al paso a Torres García y sostuvo que él no rehúye a ningún debate. También acusó a los populares de mutilar el proyecto y de renunciar a “múltiples derechos”.

“Para objetar mi honestidad le pongo de frente mi historial de vida en defensa, no solo de la clase trabajadora sino también de los desposeídos de este país en múltiples acciones”, sostuvo Márquez. “No tengo ningún problema en reconocer que al final de este proceso se mejoró el proyecto. Claro que se mejoró, pero si vamos a hablar de honestidad, cuando se radicó el PC 3… se planteó que la intención legislativa era restituir los derechos laborales. Ese era el norte del proyecto”.

“Si vamos a reivindicar a la clase obrera, tiene que ser completamente”, dijo.

José Bernardo Márquez, describió el proyecto como un “cúmulo de enmiendas” y reconoció que varios cambios, “pero no todos” propuestos por minorías fueron acogidos.

“Restituye varios derechos que fueron eliminados o afectados por la Reforma Laboral del 2017”, dijo Márquez al señalar que la Ley 4-2017 precarizó las condiciones de la clase trabajadora. “Fuimos claros desde el principios de presentar nuestras enmiendas que habían asuntos que no eran negociables... se dijo que se iban a restituir todos los derecho eliminados en la Reforma Laboral”.

Nogales, por su parte, insistió en que el “flexi time” es un régimen esclavista. “No está hecho para que el empleado lo utilice a su mejor conveniencia sino para que el patrono lo utilice para usarlo de la peor manera”. También objetó el término del “balance” utilizado por Torres García al explicar su objetivo de balancear los intereses del sector comercial y la clase trabajadora y señaló que entre el patrono y el empleado “no hay balance”.

Nogales y Márquez votaron en contra de la medida “por no haber recogido todos los derechos del siglo 20”.

“Cada cual decide cómo va a votar y nosotros con los derechos de los trabajadores es todo o nada y nos vamos hasta abajo”, señaló Nogales.

El portavoz penepé Carlos Méndez Núñez reconoció que el PC 3 era una promesa electoral del Partido Popular Democrático y dijo que su delegación no estaba en posición de analizar el proyecto correctamente debido a que se entregaron 70 páginas de enmiendas muy tarde.

También acusó a los populares de derrotar el propósito de la medida al no permitirle a los trabajadores reclamar los beneficios dejados de recibir por hasta cuatro años.

Sostuvo que la delegación penepé está de acuerdo en restituir “ciertos” derechos a trabajadores y defendió el voto a favor de la delegación cameral al proyecto que se convirtió en la Ley 4-2017 a que se vivían “tiempos difíciles”.

“Es de valientes reconocer errores, pero lamentablemente 70 páginas de enmiendas a la trágala, ataques virulentos a un compañero... no abonan a que podamos compartir con ustedes esta medida”, dijo.

El portavoz alterno Gabriel Rodríguez Aguiló acusó a la mayoría popular de “aguar” el proyecto y de engañar a la clase trabajadora.

“Hicieron una cosas distinta a lo que dijeron”, indicó.