La compañía 3Comm Global se llevó el contrato para la compra de equipo y operación del cuadro telefónico en la Cámara de Representantes por $482,221.42 a pesar de que de las cuatro empresas que sometieron propuestas, era la única que no tenía experiencia en tecnología digital ni en los servicios solicitados.

Tampoco se hizo un estudio de necesidad y la licitación se dividió, en la compra de equipo y en el servicio de un sistema de voz por lo que no se hizo una subasta formal, concluyó la auditoría externa que fue encomendada a la firma Benchmark Technologies. 

Un borrador del informe de auditoría le había sido remitido al renunciante presidente de la Cámara, Jaime Perelló desde el pasado mes de mayo, pero no fue hasta hoy, que el presidente interino del cuerpo legislativo, Roberto Rivera Ruiz de Porras lo hizo público en una conferencia de prensa junto con ejecutivos de Benchmark y personal administrativo de la Cámara baja.

El informe sostiene que de las cuatro empresas que sometieron propuestas, tres eran proveedores de servicios de telefonía con infraestructura propia y con vasta experiencia en estas tecnologías, mientras que la empresa seleccionada no tenía experiencia alguna probada y tampoco era un proveedor de estos servicios.

“Yo no estaba en ese momento. La decisión no era mía”, dijo Rivera Ruiz de Porras al ser preguntado por qué el informe no había sido divulgado antes.

El representante Manuel Natal Alvelo había reclamado consistenmente que Perelló hiciera público el resultado de la auditoría que el expresidente de la Cámara encomendó a principios de diciembre pasado, luego que se radicaron las acusaciones federales contra el principal accionista de 3Comm y exrecaudador del Partido Popular Democrático (PPD), Anaudi Hernández Pérez por un esquema de favores políticos para agenciarse contratos con el gobierno de turno.

Otro representante popular, Luis Vega Ramos emplazó al Presidente interino de la Cámara a que restituya la orden administrativa que requiere un estudio de necesidad para otorgar contratos de servicios. Vega Ramos instó también a la expresidenta de la Cámara a que exprese si la esta orden administrativa, instaurada bajo la presidencia de Carlos Vizcarrondo fue eliminada durante su término en la presidencia del cuerpo legislativo.