Con 29 votos a favor y 15 en contra, la Cámara de Representante aprobó esta tarde el P de la C 139 para derogar la Ley 167-2020 bajo la cual se creó el puesto de delegado congresional.

La medida, radicada por el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Labrón, expone que “en aras de iniciar un proceso en el que puedan converger las distintas fuerzas políticas representativas de diversas aspiraciones para nuestra futura relación con los Estados Unidos, deben descartarse aquellas iniciativas que nos aparten de la concertación y el consenso, y que privilegien, mediante el uso de fondos públicos y a través de mecanismos que interfieren con las facultades de esta Asamblea Legislativa a un solo sector. Por tal razón, se deroga la Ley 167-2020″.

Al inicio de la discusión del proyecto de ley, el presidente de la Comisión de Relaciones Federales tomó un turno y sostuvo que una de las principales causas para aprobar esta medida es porque los cabilderos no están cumpliendo la función de su ley habilitadora.

“Hace dos días, el gobernador Pedro Pierluisi Urriutia reconoció que la estadidad no tenía ambiente en Washington, D.C. Entonces, si los delegados de la estadidad no están haciendo su función obligada en ley y el primer mandatario lo reconoce, por qué vamos a seguir gastando dinero, sacando fondos del pueblo de Puerto Rico para llevar una agenda partidista en Washington”, expresó el representante Joel Sánchez Ayala.

“Entre salarios y bonificación hay un gasto total de $120,000 dólares al año por cada cabildero. En todo eso se ha gastado más de un millón de dólares y no vemos resultado del estatus para Puerto Rico”, agregó el legislador popular.

En tanto, Márquez Lebrón expresó que “la descolonización es un imperativo para Puerto Rico: todo asunto del que depende nuestro futuro está vinculado, de una forma y otra, a nuestra relación con los Estados Unidos. Las fuerzas políticas del país han declarado su aspiración de superar esa realidad colonial, pero esa aspiración no ha encontrado un cauce efectivo”.

“Hemos visto un mal uso de fondos públicos y este es el momento en que votando a favor de este proyecto de ley el país gana”, apuntó el representante pipiolo.

La medida pasará ahora al Senado y, de ser aprobado, se dirigirá al escritorio del gobernador Pedro Pierluisi. Sin embargo, la medida no parece que tenga posibilidad de recibir la rúbrica del primer ejecutivo toda vez que ambos cuerpos legislativos aprobaron una medida similar en el 2021 y fue vetado por el gobernador.

El portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), Gabriel Rodríguez Aguiló defendió la figura del delegado congresional por la estadidad al subrayar que la voluntad del pueblo puertorriqueño fue avalar la igualdad para todos los ciudadanos.

“Pueden traer los proyectos que quieren aprobar en esta Asamblea Legislativa, pero no van a poder ir en contra de la voluntad del pueblo de Puerto Rico”, sostuvo Rodríguez Aguiló, en declaraciones recogidas en comunidad de prensa.

Por otra parte, en la sesión se dio paso a la Resolución de la Cámara 352 que investiga el Departamento de la Familia (DF), la Defensoría de las Personas con Impedimentos, los centros de servicios a envejecientes y organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos federales o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.