La Cámara de Representantes aprobó hoy el presupuesto de gastos con cargo al Fondo General de $9,800 millones, con la recomendación de que desde inicios del año fiscal se establezca una reserva de $250 millones para la eventualidad de que no se alcancen los ingresos proyectados.

Luego de una larga jornada que inició cerca de las 10:30 a.m. y finalizó pasadas las 9:30 p.m., la Cámara Baja finalmente aprobó el presupuesto con una votación partidista de 28-19. La medida pasará ahora al Senado para su aprobación.

El presidente del cuerpo, Jaime Perelló, calificó de histórico el presupuesto y reiteró que se está en la ruta de la estabilidad fiscal en el país.

“Es un presupuesto que lo podemos catalogar como histórico, no porque tenga más dinero que cualquier otro, no es histórico porque podamos decir que hay suficiente dinero para poder aumentar el gasto público enmarcado en lo que debe ser la proyección de aumentar los servicios o lo que debe ser impulsar el desarrollo económico de Puerto Rico. Es histórico porque es un presupuesto que lo que tiene destinado en préstamos, ahora o en el futuro, para poder cuadrarlo, es simplemente cero”, dijo Perelló.

“Está enmarcado única y exclusivamente en lo que es la capacidad real de ingresos que tenga el gobierno de Puerto Rico y a la misma vez tener que cumplir con la obligación de pagar las deudas que simplemente nadie pagaba”, agregó. 

El presupuesto que se propone para el año fiscal 2015-2016 incluye un recorte de $674 millones para poder cubrir las alzas en ciertos gastos que se proyectan para ese periodo. 

Esas alzas, según el desglose que se ofreció, incluyen $268 millones adicionales en los pagos de las obligaciones generales del gobierno (GO,s), $469 millones en deudas con el Banco Gubernamental de Fomento, $140 millones para los sistemas de retiro, $28 millones para el Centro Comprensivo del Cáncer y 14 millones para el pago de utilidades a la Autoridad de Edificios Públicos. 

Según explicó el presidente de la Comisión, Rafael “Tatito” Hernández, la adición de estos costos habrían elevado el presupuesto para el próximo año fiscal a $10,474 millones, por lo que es preciso el recorte de los $674 millones para llevar el gasto a los $9,800 millones, que es la proyección de ingresos que se está utilizando como base presupuestaria. 

Hernández destacó que este presupuesto contiene una asignación de $1,429 millones para el pago de la deuda pública del gobierno central, lo que representa el 15% del presupuesto con cargo al Fondo General.

Aseguró, por otra parte, que cuando se excluye el pago de la deuda, el gasto gubernamental se reducirá a $8,371 millones, lo que representaría una reducción de $56 millones respecto al presupuesto vigente.

El estimado de ingresos de $9,800 millones se fundamenta en un ingreso base al Fondo General de $8,600 millones, más otros $780 millones que se espera produzca el alza del 4.5% en el impuesto sobre ventas y uso (IVU), $35 millones adicionales que se esperan de la aplicación del 4% del IVU a los servicios durante los primeros meses del año fiscal, el alza adicional de $285 millones que se espera en los últimos tres meses de este, cuando ese impuesto a los servicios suba también al 11.5%, y los $100 millones que se proyecta producirá el ajuste en el “transfer pricing” que se supone paguen las empresas que realizan negocios con sus matrices o subsidiarias. 

El recorte que se hizo tanto en el Ejecutivo como en la Cámara de Representantes afectó principalmente la asignación que solicitó para el pago de obligaciones y que se suponía recibiera el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

La misma suponía un aumento de $459 sobre los $246 millones que se le asignan en el presupuesto vigente, lo que habría elevado la partida a $705 millones. La propuesta del Ejecutivo recortó esa alza en $327 millones y la Cámara la redujo aún más para llevarla a solo $55 millones lo que resultó finalmente en una asignación para las obligaciones con el BGF de $301 millones, cifra que es $400 millones menos de lo solicitado. 

Las restantes reducciones para alcanzar los $674 millones se producirán en “nómina y gastos”, la aportación que se hará finalmente a los sistemas de retiro, la asignación para la recién creada Autoridad para el Transporte Integrado (ATI), en las aportaciones a los partidos políticos y otras. 

El representante destacó que en los ajustes que hizo la Cámara de Representantes se restituyó entre un 80 a un 90% de las asignaciones del año pasado a las instituciones sin fines de lucro y el 100% de las asignaciones a estas entidades que provienen de la partida de donativos legislativos.

Resaltó además en su presentación la asignación de $4 millones para el Centro de Trauma de Mayagüez; $7.5 millones para el Hospital Oncológico; $1 millón para el control de plagas en cítricos; $15 millones en becas y ayudas a estudiantes post-secundarios; $4 millones al restablecimiento al área de Educación Alternativa, $7 millones para las Salas Especializadas (drug courts) y $7.9 millones en “recursos para garantizar acceso a la Justicia”.

Según el resumen ofrecido la asignación mayor corresponde al Departamento de Educación, con $1,673 millones; le sigue la Policía de Puerto Rico con $726 millones, El Departamento de Corrección con $374 millones, el Departamento de Salud con $238 millones y Hacienda con $113 millones.

Otros $634 millones se distribuyen entre otras agencias y en asignaciones especiales, mientras que $95 millones van para las agencias con autonomía.

Las agencias que reciben asignaciones por fórmula recibirán, según la propuesta de la Cámara, $876 millones para la Universidad de Puerto Rico; $323 millones para los Tribunales; y $364 millones para los Municipios. 

Se asignan además $892 millones la Administración de Seguros de Salud (ASES), $642 millones para los sistemas de retiro y $560 millones para el pago de utilidades, rentas y primas de seguros de las agencias. 

Esa última asignación obedece a que en este presupuesto se coloca bajo el control de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) el pago de las utilidades y rentas que tienen que hacer las diferentes agencias gubernamentales. 

“Es un presupuesto difícil, pero responsable. Alineado a la realidad fiscal del país, con una recomendación de $9,800 millones pero solicitándole al Ejecutivo que tan temprano como el 1ro de julio empiecen a reducir y a mantener una reserva de $250 millones. Que gasten lo que tienen, que sean responsables. Que actúen sobre la legislación aprobada en esta Cámara de Representantes. Los recursos están ahí, no tienen que regresar para hacer los cambios y la reingeniería y las transformaciones en la operación del gobierno”, afirmó Hernández al cerrar su presentación 

Por su parte el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Comisión de Hacienda, Waldemar Quiles, cuestionó las proyecciones de ingresos que presentó el gobierno y puso en duda que se pueda cumplir con el presupuesto presentado.

“Tengo que poner en duda ese recaudo de $9,800 millones por la experiencia previa que tenemos y si tomamos en cuenta que hay menos empleo, la gente se nos va y hay menos gastos pues lamentablemente creo que esos recaudos no se van a dar”, dijo en respuesta a la presentación del presidente de la Comisión de Hacienda.

La portavoz del PNP en la Cámara, Jenniffer González, también cuestionó las medidas anunciadas y acusó al gobierno de aumentar el gasto e improvisar su estrategia para enfrentar la crisis fiscal.

“Hay una realidad fiscal que todos aquí debemos conocer. Si hubieran continuado las medidas de austeridad fiscal que nosotros tomamos el pasado cuatrienio no hubieran tenido que aumentar en casi $600 millones durante el primer año y durante este cuatrienio no hubiera habido la degradación y por tanto no hubiera habido el descredito de las casas acreditadoras sobre la situación financiera de Puerto Rico”, afirmó. 

González reiteró la acusación de que el presente presupuesto no incluye unas supuestas deudas que arrastran las agencias gubernamentales y que asegura ascienden a $2,500 millones. 

“El gobernador el año pasado dijo que este era el primer presupuesto balanceado en la historia del gobierno de Puerto Rico y todo el mundo ha visto como seguimos arrastrando un déficit, porque pusieron unas proyecciones de recaudo a las que jamás llegaron”, declaró la ex presidenta de la Cámara. 

Según Perelló, se trata de “asumir un presupuesto con el reto de garantizar los servicios básicos para nuestra ciudadanía y de igual manera garantizar la manera de que nuestros servidores públicos tengan la tranquilidad de que hay suficientes ingresos para poderles pagar su nómina los 15 y los 30”.

Destacó además que “tiene la asignación más grande que ha tenido algún presupuesto en la historia para pagar la totalidad de las deudas garantizadas por la Constitución de Puerto Rico”.