La Cámara de Representantes aprobó por descargue una medida similar a la que recibió un “veto de bolsillo” por parte del gobernador Pedro Pierluisi, la cual propone la instalación y mantenimiento de unidades de acondicionadores de aires en todos los salones de las escuelas públicas del país, en un periodo de dos años.

El Proyecto de la Cámara 1842, presentado por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), busca agregar un sub-inciso a la Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico a fin de incluir dentro de las responsabilidades del Departamento de Educación (DE) establecer “un plan de viabilidad sobre la necesidad, compra, instalación y mantenimiento de unidades de acondicionadores de aire en todas las aulas del sistema de educación pública, en un término de dos años, incluyéndose la ponderación de la estructura y capacidad energética para que el uso de las unidades de aire acondicionado sea efectivo, eficiente y continuo”.

El portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, había adelantado a este diario que estaría a favor de cualquier otro proyecto que abone a mejorar la infraestructura de las escuelas con la instalación de aires o abanicos que ayuden a apaciguar el calor extremo. A la vez, instó a los legisladores a buscar recursos para facilitar estos recursos en sus respectivos distritos. “Yo lo he hecho en las escuelas que han necesitado equipos...todas esas quejas y preocupaciones se están atendiendo”, aseveró el representante del distrito 36 que comprende los pueblos de Culebra, Vieques, Río Grande, Fajardo, Ceiba y Luquillo.

Sin embargo, Méndez fue uno de 11 de representantes- todos miembros del PNP que estuvieron presente en la sesión- que votaron en contra del Proyecto de la Cámara 1842. El legislador explicó que emitiría un voto explicativo por parte de la delegación novoprogresista.

Las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y Proyecto Dignidad (PD) votaron a favor. Mientras, hubo 10 legisladores que estuvieron ausentes.

La pieza legislativa presentada este martes, y que ahora pasa a la consideración del Senado, insta a auscultar los recursos económicos, donaciones y fondos - a nivel estatal, municipal, federal o privados- que pudieran utilizarse para los propósitos expuestos.

Esta medida se asemeja al Proyecto de la Cámara 1040 que recibió un veto de bolsillo el pasado 9 de agosto. La pieza había sido aprobada tanto en la Cámara como en el Senado en mayo de 2022. En aquel entonces el proyecto surgió para facilitar un ambiente de aprendizaje “más cómodo y propicio”, según había explicado la legisladora Deborah Soto, presidenta de la Comisión de Educación en el cuerpo legislativo.

Miembros de la delegación del PPD, así como portavoces de la Asociación de Alcaldes, hicieron público mediante declaraciones escritas y exposición en varios medios de comunicación la intención de ir sobre el veto de bolsillo del gobernador, pero el asunto no procede porque va contra lo establecido en la Constitución de Puerto Rico.

Posteriormente, el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández, sostuvo que las expresiones en las que incluso se solicitaba lograr los 34 votos requeridos para ir sobre un veto (dos terceras partes del cuerpo legislativo) eran “solo un mensaje” y que la intención era radicar y aprobar por descargue una nueva versión del proyecto esta misma tarde.

El proyecto de ley -que surge en medio de denuncias de falta de aulas con ventilación apropiada para enfrentar el calor registrado en la isla, donde en los últimos meses se rompen casi a diario récords de alta temperatura con índices de hasta 114 grados Fahrenheit en algunos pueblos- dispone que en un término de 24 meses el DE, en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Autoridad de Asesoría Financiera y la Agencia Fiscal de Puerto Rico, así como la Autoridad de Edificios Públicos recaben información en las regiones educativas para saber cuántas aulas cuenta o no con unidades de aire.

Así mismo se dispone la posibilidad de que se cuente con subestaciones de energía renovable adecuadas para sustentar el funcionamiento de este tipo de equipos.

“Dentro del plan de viabilidad, el Secretario (del DE) incluirá los datos específicos y cuantías, del costo total de la adquisición, instalación y mantenimiento de las unidades de aires acondicionados”, lee la propuesta de ley que incluye auscultar los recursos económicos, donaciones y fondos que pudieran utilizarse para hacer cumplir con lo dispuesto.

Una vez redactado el plan de viabilidad, se debe presentar el mismo al gobernador Pedro Pierluisi y a la Asamblea Legislativa. Luego que se cumpla con este requerimiento, deberían comenzar los trabajos de instalación en los planteles. Actualmente, el sistema público se compone de 856 escuelas de Kínder a duodécimo grado y tiene una matrícula de 247,000 estudiantes.