La Cámara de Representantes aprobó esta tarde un proyecto sustitutivo (Proyecto de la Cámara 1839) de la propuesta reforma contributiva que sometió el gobernador Pedro Pierluisi, aunque la legislación incluye partes de la medida del Ejecutivo.

El Proyecto, que busca promulgar la “Ley para Establecer un Sistema Contributivo Simple y Equitativo para todos los Puertorriqueños”, obtuvo 41 votos a favor y cuatro en contra de los representantes José Bernardo Márquez Reyes y Mariana Nogales Molinelli, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Denis Márquez Lebrón, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Lisie Burgos Muñiz, del Proyecto Dignidad.

La pieza legislativa, que enmienda múltiples artículos del Código de Rentas Internas, de la Ley General de Corporaciones, Código Municipal, Código de Incentivos Contributivos, entre otras leyes, pasa al análisis del Senado.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, quien sometió el informe a favor del proyecto, dijo que “en total se estima que el impacto sea de cerca de $600 millones en beneficios contributivos a todos los puertorriqueños”.

Sostuvo que los propuestos cambios al Código de Rentas Internas surgen de un Proyecto que envió el Gobernador a la legislatura a principios de este año. Dijo que la medida fue aprobada en la Cámara en la pasada sesión ordinaria, pero en el Senado fue derrotada. En el verano, dijo Santa Rodríguez, le pidió a Pierluisi enviar la medida de nuevo y a finales del pasado agosto, el Ejecutivo sometió una segunda version de “esa reforma contributiva”.

Indicó que la segunda versión contiene varias de las enmiendas que la Cámara y el Senado habían incluido durante el proceso legislativo, entre ellas, “una legislación que busca que todos los puertorriqueños tengamos los mismos beneficios que tienen las personas que están cobijados por un decreto (contributivo) que antes era Ley 22 y ahora es, Ley 60 “.

“Espero que el proceso sea más fluido ahora en el Senado de lo que fue en el verano y si eso ocurre, el gobernador lo va a firmar, pero el mayor reto es la Junta de Supervisión Fiscal, nos guste o no nos guste”, sostuvo Santa Rodríguez.

El legislador del Partido Popular Democrático (PPD), también dijo que la medida “tiene un tipo de beneficio a los nuevos médicos para que en los primeros años que estén aquí tengan un tipo de deducción contributiva, alentando que el médico que se gradúe en Puerto Rico se quede aquí”.

“En realidad no es un proyecto muy distinto al que se había sometido la primera vez y en conversaciones y reuniones que tuve en particular con el secretario de Hacienda Francisco Parés decidimos trabajar el proyecto con enmiendas adicionales y hacer cambios en el lenguaje”, sostuvo.

Dijo que entre los cambios acordaron ajustar las deducciones y las tasas basado en lo que es el índice de inflación, para lo cual la Cámara, sometería una resolución con el ajuste de tasas y deducciones en las planillas que haría cada año el Secretario de Hacienda.

De los cambios mayores, Santa Rodríguez reclamó una reducción “en el beneficio a las corporaciones grandes y tratar de pasarlo a las corporaciones más pequeñas, que en términos generales son PYmes, es la panadería, la farmacia, la empresa que tiene dos o cinco empleados y es un poco ayudar a ese tipo de empresario que en su mayoría son puertorriqueños”.

“Aunque las grandes corporaciones van a tener una reducción en las tasas contributivas es un poco balancear ese beneficio y es un poco ayudar a aquel que más ayuda necesita”, agregó el legislador.

Dijo que según la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) la reducción en las tasas de los individuos se estima que representa un alivio de cerca de $53 millones y para las corporaciones el beneficio sería de unos $280 millones.

Sostuvo ademas, que el impacto sobre el ajuste por inflación, se estima que está rondando los $22 millones y el crédito a personas mayores se aumenta a $400.00 “lo que representa un ahorro de $45 millones a la gente mayor”.

Indicó así mismo, que el costo del beneficio a los médicos jóvenes sería de unos $24 millones y extender el beneficio de la Ley 22 “a todos los puertorriqueños”, tendría un impacto de $95 millones.

El portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez dijo que votarían a favor, pero con enmiendas al lenguaje.

“No es un proyecto perfecto pero es un paso de avance. Levantamos varios cuestionamientos enmendados del proyecto original que daban la apariencia de que se estaban imponiendo nuevos impuestos, pero aclarado el lenguaje de lo que se trata es de hacer la vida más fácil a los cotnribuyentes incluyendo al pequeño y mediano empresario. Esta reforma lo que busca es evitar la evasión contributiva, que todos los que trabajan en el territorio rindan cuentas”, indicó Méndez Núñez.

El líder de la delegación novoprogresista condicionó el voto a favor a que los cambios en el lenguaje de la medida se mantengan cuando se lleve a votación en el Senado. “Hoy le votamos a favor porque existe el compromiso de que el proyecto del gobernador se mantenga igual lo mas posible”, dijo.

El portavoz del MVC, Márquez Reyes indicó que aunque el proyecto sustitutivo presentaba “algunos aciertos o mejorías con relación a la reforma anterior, mantiene desaciertos y temas con los que tenemos diferencias rotundas”.

Dijo que más allá de un alivio generalizado, “qué es lo que se pretende lograr con el proyecto y cómo uno aprovecha la oportunidad de hacer esta inversión que implica el dejar de recibir unos ingresos y utilizar unos sobrantes para que adicional al efecto social que está teniendo ese alivio contributivo podemos utilizar una reforma como herramienta de desarrollo económico o de mejoria económica para la ciudadanía”.

A su vez, el portavoz del PIP, Márquez Lebrón expresó que la pieza legislativa “no la podemos llamar reforma contributiva porque no toca el conjunto de otras leyes que tienen efecto sobre el ingreso de las corporaciones, particularmente las corporaciones fornáneas sobre los decretos que han logrado negociar para pagar casi ningún tipo de contribuciones de los ingresos en Puerto Rico”.

“El ajuste por el costo de vida es un mecanismo que existe en otro países que tenemos que apoyar, pero veremos a ver cómo termina siendo el resultado”, dijo Márquez Lebrón.