El intenso cabildeo que mantuvieron hasta anoche decenas de líderes sindicales y representantes de los retirados no evitó que la Cámara de Representantes aprobara pasada la 1:00 de la madrugada del martes el polémico proyecto de reforma al principal sistema de retiro del Gobierno, que congela al 30 de junio próximo la estructura de pensiones vigente aquí desde mediados del pasado siglo.

Tras un prolongado debate que se extendió durante unas ocho horas, el proyecto de la Cámara 888, fue aprobado a la 1:40 a.m. con 26 votos a favor y 24 en contra. Como anticiparon, la delegación novoprogresista votó en contra de la medida, mientras que la representante popular Lydia Méndez manifestó su intención de abstenerse, pero su petición no fue aprobada y su voto se sumó a los opositores a la medida.

 La medida dispone, entre otros cambios, que desde el 1 de julio de 2013 más de 131,361 empleados gubernamentales aportarán al menos 10% de su sueldo a una cuenta de ahorros para su jubilación.

"Son decisiones difíciles. Cualquier ajuste que hagas a un sistema de retiro trae conflictos. Hay muchos sentimientos encontrados", dijo el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, horas antes del cierre de la maratónica sesión durante la que se aprobaron otras dos medidas para allegar fondos adicionales al Retiro y evitar la degradación máxima del crédito del Gobierno.

Se espera que esta misma madrugada la medida pase a la consideración del Senado, donde, según supo este medio, se desarrollaba un intenso cabildeo porque la mayoría popular no contaba con todos los votos para aprobarla.

 Al filo de la medianoche, el gobernador Alejandro García Padilla anticipó que, de aprobarse el proyecto con un lenguaje similar al discutido con el Ejecutivo la semana pasada, lo firmaría de inmediato. El gobernador opinó, en entrevista con este medio, que con la aprobación de la medida "se garantiza el fin al dilema del sistema de pensiones del Estado Libre Asociado, un dilema que ha existido por décadas acompañado de la incertidumbre en la vida de los pensionados de si se iba a acabar el dinero para sus pensiones".

Durante su turno en contra de la medida, la portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), Jennifer González, dijo que se trata de una legislación "peor que la Ley 7", aprobada por el gobierno de Luis Fortuño y que dejó en la calle a miles de empleados públicos. La ex presidenta de la Cámara basó su señalamiento en el augurio de que la medida generará una avalancha de retiros antes del 30 de junio.

Otra que, entrada la madrugada anunció que se abstendría fue la representante popular Lydia Méndez. Durante su turno, Méndez argumentó que las enmiendas introducidas a proyecto original y que extienden el beneficio de retiro a los 55 años para policías y bomberos municipales y estatales, así como para guardias penales, debía aplicarles también a los enfermeros. Incómoda por la falta de receptividad de su delegación a su propuesta manifestada hace semanas, la legisladora de mayoría se abstuvo de someter formalmente la enmienda de madrugada, y anticipó que se abstendría al momento de la votación final

Pasadas las 11:00 de la noche, el pleno avaló una enmienda al proyecto original propuesta por el representante Carlos J. Vargas para cambiar a 65 años la edad de retiro a los contratados entre el 1 de abril de 1990 al 31 de diciembre de 1999. La propuesta original disponía 67 años como edad de retiro para ese grupo de trabajadores. De esa forma 65 sería la edad de retiro uniforme para quienes les amparan la Ley 1 de 1990 y la Reforma 2000.

Después, la Cámara aprobó incluir una nueva enmienda del representante Armando Franco para extender a los guardias penales y a los policías y bomberos municipales el beneficio de retiro a los 55 años, legislado de antemano para los policías y bomberos estatales.

Antes, a eso de las 9:45 p.m., el representante Eduardo Ferrer propuso enmiendas al polémico proyecto con el objetivo de beneficiar a empleados públicos que son veteranos. La modificación, una de varias aprobadas tarde en la noche, establece que no habrá fecha límite para que los veteranos sometan las aportaciones voluntarias para su retiro. La enmienda, según Ferrer, surgió de planteamientos de soldados que se mostraron preocupados por el tiempo en que se encuentran en licencia militar, periodo durante el cual se detienen sus servicios en el Gobierno.

El Proyecto de la Cámara 888 crea un "sistema híbrido" de pensión que, por una parte, dependerá de las aportaciones de salario que haga el empleado desde el 1 de julio de 2013 hasta el momento de su jubilación y también de los beneficios que le corresponden por virtud de las leyes 447, 1 o Reforma 2000.

La medida, por otro lado, aumenta de forma escalonada la edad para acogerse al retiro desde 61 hasta 65 años, a excepción de los guardias penales y los policías y bomberos estatales y municipales, quienes podrán retirarse a los 55 años.

El proyecto, aprobado en Cámara, mantiene una aportación de $1,200 anuales al plan médico de los jubilados, honra el bono para medicamentos, y garantiza un Bono de Navidad de, al menos, $200.

Asimismo, a casi una tercera parte de los retirados, que devengan $400 de pensión, se les otorgarían $100 adicionales del beneficio.

Impuestos de cigarrillos y otros en suspenso

La Cámara también aprobó con el voto de la mayoría un arbitrio de $5 al cartón de cigarrillos como parte de varias medidas para allegar fondos al Retiro, cuyo déficit actuarial se ha estimado en $35,000 millones.

Ese proyecto, al igual que otro aprobado para imponer una aportación de 1.5% a toda entidad que tenga contrato de servicios profesionales con el Gobierno, pasaría al trámite regular del Senado, donde se discutirían en audiencias, antes de llevarse a votación por el pleno de ese cuerpo legislativo.

Los representantes, con el voto de la mayoría parlamentaria, también legislaron que un 20% de los recaudos en la Lotería no tradicional, que maneja los juegos de Loto y Pega 3, entre otros, ingresen al denominado Fondo de Recuperación Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

"Ninguna de esas medidas (impositivas) impacta al bolsillo del puertorriqueño promedio, exceptuando la relacionada con los cigarrillos", dijo el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, al defender los mecanismos para allegar fondos al Sistema de Retiro del Estado Libre Asociado.

Con el nuevo arbitrio para los cigarrillos, que equivale a 50 centavos por cajetilla, se generarán $50 millones, de un total de $230 millones proyectados por su bloque de medidas especiales para atender la crisis fiscal del Retiro y otras insuficiencias gubernamentales.

También deben pasar ahora el crisol del Senado, un proyecto de la autoría de Luis Vega Ramos que en versión enmendada aumenta la contribución alternativa mínima para megatiendas y otros comercios que adquieren productos anuales por $10 millones para la venta al detal en el país. Además, queda pendiente de evaluación en el cuerpo hermano otro proyecto aprobado en la Cámara sobre enmiendas a la Ley de Juegos de Azar para allegar más fondos a la industria hotelera, según destacó el representante Rafael "Tatito" Hernández.

Airados los trabajadores

Poco antes del anochecer, líderes sindicales expresaron su decepción por la decisión de la mayoría parlamentaria de llevar a votación una reforma de Retiro que no les satisface. "Estos legisladores se han convertido en los verdugos del Sistema de Retiro", dijo Eric Sevilla, director ejecutivo de la Unión General de Trabajadores desde las escalinatas del capitolio.

Sevilla condenó que "a la trágala" se preparen para aprobar cambios "nefastos" para los futuros jubilados y convocó a los pensionados, empleados públicos unionados y a los ciudadanos a congregarse mañana temprano frente al Capitolio.

Explicó que en ese momento, después de siete horas de debate mínimo acordado en la Cámara de Representante y otra larga jornada legislativa nocturna en el Senado, conocerían qué versiones de ley fueron aprobadas, para extender su protesta a La Fortaleza.

Si el gobernador Alejandro García Padilla no se muestra receptivo a los reclamos de los trabajadores, Sevilla reconoció que un paso próximo, ya anticipado por otras uniones, sería acudir a los tribunales para impugnar legislación que altera "el contrato social" establecido por decenas de miles de empleados públicos sobre su retiro desde 1951.

Defensa por los años

Perelló destacó que el Proyecto 888 se cambió para eliminar los 65 años como edad máxima de retiro, como había propuesto la rama ejecutiva y entonces proveer para que la misma fluctúe entre los 61 y 65 años, exceptuando policías y bomberos, que en general podrán retirarse con edad máxima de 55 años.

"Sería gran irresponsabilidad no aprobar esta legislación y de una vez y por todas darle certeza al crédito de Puerto Rico", agregó. Mientras, el representante Jesús Santa, no descartó que en el futuro el programa híbrido se pueda modificar, teniendo en cuenta cambios positivos en la economía del país.

El presidente de la Cámara destacó como logros de los representantes garantizar la aportación al plan médico de $1,200 al año para los pensionados, así como la aportación de $100 para bono de medicamentos y la de $200 por año para bono de Navidad.

La reportera Rebecca Banuchi colaboró en esta nota.