La Cámara de Representantes aprobó hoy un proyecto de ley (PC 1284) que busca establecer que el dueño o accionista mayoritario de toda clínica dental sea un dentista licenciado por la Junta Dental Examinadora.

La medida, que pasa al Senado, se aprobó en votación unánime (46 votos).

“La salud oral es de vital importancia en la calidad de vida de los individuos. Es por eso por lo que mediante legislación se deben establecer unos parámetros adecuados para que se les garantice a los pacientes dentales un servicio de calidad y seguro para su salud”, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, uno de los autores de la pieza legislativa radicada por petición de un grupo de dentistas. Los representantes populares Sol Y. Higgins Cuadrado y Héctor Ferrer Santiago, también son autores.

La medida recibió enmiendas en sala, una de las cuales, dispone que no aplicará a todas aquellas clínicas o prácticas en el ejercicio de la medicina dental que sean de instituciones del Gobierno de Puerto Rico o el Gobierno de los Estados Unidos de América en Puerto Rico. Tampoco aplicará a aquellas clínicas o prácticas en el ejercicio de la medicina dental que sean ofrecidos a través de organizaciones sin fines de lucro de forma gratuita”.

Según la exposición de motivos de la medida en los últimos años han proliferado las operaciones de oficinas y clínicas dentales, cuyos dueños no son dentistas certificados.

“Dicha situación ha contribuido a grandes limitaciones de la práctica ética de la medicina dental. De igual forma, estas clínicas y oficinas dentales ofrecen servicios dentales mediante dentistas contratados. Esta conducta crea una especie de empresarismo dental mediante la cual se proveen servicios si cumplir cabalmente con la ética en la medicina oral y se han estado efectuando procedimientos invasivos a pacientes sin cumplir cabalmente con las responsabilidades legales que poseen los dentistas que son dueños de sus propias clínicas dentales”, dice la pieza legislativa.

Sostiene, además, que “en múltiples ocasiones”, pacientes han tenido que acudir a salas de emergencia debido a que le han realizado procedimientos invasivos irreversibles en detrimento de su salud.

“La práctica antes mencionada torna la relación médico-paciente en una relación puramente contractual entre el paciente y el consultorio, y no entre el paciente y el dentista que lo atiende. Esto pone en riesgo la estabilidad y la calidad de los tratamientos que se les brinda a los pacientes, en especial con los tratamientos prepagados y los errores de criterio de alguno de los dentistas contratados por el consultorio”, agrega la medida.

La Cámara avaló también hoy un proyecto que eleva a rango de ley el protocolo para la atención y prevención de situaciones de violencia de género en refugios.

El Proyecto de la Cámara 814, de la autoría de las representantes Jocelyne Negrón Rodríguez (PPD) y Wanda del Valle Correa (PNP), busca determinar las guías que deberán regir el protocolo y fijar los parámetros para su cumplimiento.

“Las experiencias con los desastres en Puerto Rico demuestran la necesidad de establecer el mandato de realizar un protocolo que atienda la violencia en los refugios donde se establezcan mecanismos adecuados de prevención, adiestramiento, divulgación e intervención efectiva en estos casos. Las poblaciones que llegan a los refugios son diversas por lo que se requiere una respuesta efectiva del Estado para trabajar con las situaciones que se pueden propiciar, en especial las relacionadas con la violencia de género”, expresó Negrón Rodríguez.

“Hasta hoy no existe un mecanismo único e integral que le den sentido a los esfuerzos individuales. Esta medida es una de justicia social y de avanzada para el bienestar de nuestras mujeres y nuestros niños”, dijo por su parte, del Valle Correa.

La Cámara recesó hasta el martes 13 de septiembre.