La Cámara de Representantes le dio paso este martes a un proyecto de ley que permitiría que los consumidores sustituyan el refresco que acompaña muchas de las ofertas en restaurantes por una botella de agua sin que conlleve un costo adicional.

El Proyecto de la Cámara 1845, de la autoría original de la representante Luisa “Piti” Gándara, busca desalentar el consumo de las bebidas azucaradas o carbonatadas, que han sido vinculadas a condiciones como la obesidad, la diabetes y a enfermedades cardiovasculares.

La pieza legislativa fue avalada en votación 31-18, con la amplia oposición de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyos miembros expresaron reservas por el impacto que presuntamente pudiera tener la medida en las finanzas de los comercios, y a mayor escala, en la economía del País.

“Estamos ofreciéndole al ciudadano opciones de consumo más beneficiosas para la salud como parte de la estrategia para combatir la obesidad, que es mi prioridad y es la prioridad de esta Asamblea Legislativa”, subrayó Gándara al defender la medida durante el debate legislativo.

La representante del Partido Popular Democrático (PPD) resaltó las complicaciones de salud asociadas al consumo desmedido de las bebidas azucaradas, y se refirió a datos del Behavioral Factor Surveillance System que indican que, en el 2012, la prevalencia de obesidad en los hombres de Puerto Rico fue de 69.9%, mientras que en las mujeres era de 62.7%.

Si la medida se convierte en ley, todo tipo de restaurante con ofertas que incluyan refrescos tendrán que cambiar esa bebida por agua embotellada, sin ningún costo adicional, si el cliente así lo solicita. Entre los comercios a los que aplicaría la legislación, figuran restaurantes, cafeterías, comedores ambulantes, establecimientos de comida rápida, concesionarios y franquicias.

Los negocios, además, deberán alertar en sus promociones y en la publicidad de sus ofertas la posibilidad de sustituir la bebida azucarada sin cargos extras.

El Departamento de Asuntos del Consumidor, en tanto, estaría a cargo de elaborar el reglamento. Quienes incumplan se expondrían a una multa de hasta $500 por la primera infracción, de hasta $1,000 por la segunda y hasta $2,000 por las subsiguientes. La medida entraría en vigor 30 días luego de su aprobación.

Para el PNP, la medida atenta contra los negocios, que tendrían que costear el cambio al producto embotellado. Los miembros de la minoría propusieron que, en cambio, se promoviera remplazar el refresco por agua filtrada.

“Creo que se afecta (el comercio), y puede ser materia en los tribunales estar obligando a un comerciante a asumir un costo que no va a pagar el consumidor… Esto, más el resto de los costos que se han ido aprobando, conlleva un gasto adicional para el comercio”, enfatizó la representante Jenniffer González, portavoz del PNP en ese cuerpo.

“Tenemos que ser cautelosos con el impacto que esto tiene en la economía del País y en el comercio. Estoy a favor en que la salud es importante, pero tiene que verse en el marco de la economía”, puntualizó.

De otra parte, la Cámara aprobó el Proyecto del Senado 1243, que establecería la “Ley de Acceso Financiero para Todos” para que toda persona, independiente de su estatus migratorio, pueda tener una cuenta de ahorros o de cheques y acceder a otros servicios financieros.

La medida fue ratificada con el voto de la mayoría del PPD. Los representantes novoprogresistas se abstuvieron en la votación.

La pieza legislativa requiere que las instituciones bancarias o cooperativas soliciten al potencial cliente datos que confirmen su identidad, y les reconoce la potestad de denegar la apertura de la cuenta, según los criterios establecidos en la normativa federal y estatal vigentes.

“Se prohíbe la obtención y utilización de la información sobre apertura de cuentas autorizada por esta ley para fines de procesos de deportación u otras acciones de carácter migratorio”, advierte la medida.

lj