La Cámara de Representantes aprobó esta tarde a viva voz, un informe que impone al representante popular Orlando Aponte Rosario una multa de $2 mil y reprimenda pública por no informar al cuerpo legislativo que un tribunal le había impuesto una orden de protección por un incidente de violencia de genero contra su esposa, el pasado 13 de abril.

Mientras tanto, Aponte Rosario no asistió a la sesión de la Cámara de hoy, pues adelantó su renuncia al escaño que ocupa en la Cámara de Representantes por el distrito 26 que comprende los municipios de Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo. El legislador había sometido su carta de renuncia efectiva el primero de julio.

Pero, trascendió que,Rosario Aponte adelantó la dimisión al cargo luego de protagonizar ayer miércoles un altercado con la representante novoprogresista Lourdes Ramos, en un ascensor, en el Capitolio.

“En nombre de todos los hombres y mujeres de la Cámara nuestras más sinceras disculpas como institución. Lo que ha trascendido en las ultimas semanas no representa los valores y principios de lo que es servir al país por gente buena”, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, quien consignó su voto a favor del informe.

Primera Hora intentó comunicarse con Aponte Rosario, pero no estuvo disponible.

Pese a que Aponte Rosario, del Partido Popular Democrático (PPD), anunció el pasado 13 de junio que renunciaba a su escaño, efectivo el primero de julio próximo, la Comisión de Ética retuvo jurisdicción sobre el entonces legislador, por entender que, aunque la renuncia sea final y firme, el Código Político le concede un período de 15 días al representante para revertir la dimisión.

El 13 de abril pasado, una jueza del Tribunal de Toa Baja le impuso al legislador una orden de protección por el alegado episodio de violencia machista, ocurrido en una residencia en Dorado.

Como parte de la orden judicial, Aponte Rosario, representante a la Cámara fue desarmado y se le ocuparon seis armas de fuego, para las cuales tiene licencia.

Su esposa alegaba en la petición de orden, que el legislador la agredió frente a los hijos del matrimonio de 3 y 6 años y que le dijo que tenía que seguir las reglas y que ella “no era nadie sin él”. Además, lo acusó de hablarle mal de ella, a sus hijos.

La jueza ordenó entonces, al legislador desalojar sus pertenencias del hogar y no podía acercarse al hogar de los familiares de la fémina, su lugar de trabajo y a la escuela donde asisten los menores.

Cuando anunció que su esposa había desistido de la orden de protección, Aponte Rosario negó las imputaciones de maltrato de su pareja y dijo que el tribunal había restablecido las relaciones paterno filiales.