La Cámara de Representantes le dio paso este lunes al proyecto de ley de la gobernadora Jenniffer González que extiende hasta 2055 la Ley 60 de 2019 e impone a los futuros beneficiarios una responsabilidad tributaria de 4%, a pagarse a partir de 2026.

El Proyecto de la Cámara 505 forma parte de la propuesta de reforma contributiva presentada por la mandataria ante ambas cámaras legislativas. La medida recibió 46 votos a favor y tres en contra. “Para que estas personas puedan seguir llegando a Puerto Rico tiene que darse una certeza económica”, afirmó el presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier, al presentar la legislación.

Según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), traídos por Charbonier, a través de este beneficio contributivo se han creado 75,000 empleos y se ha generado $650 millones en recaudos. Asimismo, los beneficiarios han donado sobre $10 millones a entidades sin fines de lucro.

Para el 2022, agregó, había 2,660 decretos aprobados de “Individuos Residentes Inversionistas”. “Este número, al día de hoy, no alcanza los 4,000″, expuso Charbonier.

Un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó en entre $27.8 millones y $60.6 millones el incremento que tendría la aprobación de la medida en los recaudos del Fondo General para el año fiscal 2027.

Mientras, para el año fiscal 2037 se prevé que la extensión de los decretos vigentes generará un aumento en recaudos por $270.7 millones, lee el informe de la OPAL que también establece que el cambio en la tasa impositiva de 0% a 4% “equilibra la necesidad de aumentar los recaudos fiscales manteniendo la competitividad de la isla como destino de inversión”.

Esta es la quinta medida, del paquete de 13 presentado por la gobernadora, que aprueba la Cámara de Representantes.

Las otras medidas -refrendadas el 8 de abril- son el PC 498, dirigido a flexibilizar y agilizar la concesión de exenciones contributivas a organizaciones sin fines de lucro a nivel estatal; el PC 500, que exime los medicamentos recetados del impuesto al inventario; y el PC 506, para que los municipios puedan integrarse al Sistema Unificado de Rentas Internas “SURI”.

También fue avalada el 8 de abril, el PC 504, medida que propone una serie de iniciativas para simplificar, con la integración de herramientas digitales, el cumplimiento contributivo de Puerto Rico, y uniforma las fechas de radicación de planillas.

“Esto es un asunto de progreso y de crecimiento, y es la alternativa que tenemos de frente para que Puerto Rico eche para adelante”, apuntó el legislador por San Juan.

Fuera del DSP

Otra medida de administración que recibió el favor de la mayoría legislativa del Partido Nuevo Progresista (PNP), no así de los representantes del Partido Popular Democrático (PPD), fue el Proyecto de la Cámara 406, que busca remover el Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Esta ley crea un nuevo sistema de seguridad y tiene el fin de fortalecer los recursos de la Policía de Puerto Rico, dándole mejores equipos, más presupuesto y unos agentes de orden público preparados para servir y dar lo mejor de sí”, expuso el representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno.

En 2017, la administración de Ricardo Rosselló promulgó la Ley 20, con la idea de integrar, bajo una misma estructura, las agencias de ley y orden. Entonces, se prometieron economías en la gestión administrativa, mejor coordinación interagencial y estandarizar los procesos de adquisiciones, tecnología y capacitación. En la práctica, sin embargo, la integración no funcionó, según confirmara el equipo fiscal del gobierno durante una vista pública de la Cámara.

Por su parte, el representante Ramón Torres Cruz, del PPD, se opuso a la medida y, en su lugar, abogó por la aprobación del Proyecto de la Cámara 261, de la delegación de la Pava, que elimina el DSP.

“En lugar de separar a la Policía, vamos a eliminar el DSP y vamos a darle autonomía a todas las agencias que están dentro del DSP y le ahorramos al país $72 millones que es lo que gasta el DSP operacionalmente cada año”, expuso Torres Cruz.

Además de la Policía, bajo el DSP están los negociados de Bomberos, Emergencias Médicas, Sistema de Emergencias 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, e Investigaciones Especiales. Inicialmente, también estuvo el Instituto de Ciencias Forenses, pero, en 2020 se le devolvió su independencia fiscal.

“El gobierno del PNP se ha dado cuenta que crearon un Frankenstein y que ahora no saben cómo salir de él”, apuntó, en tanto, el portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer.