La Cámara de Representantes aprobó esta tarde una resolución que modifica el presupuesto general del año fiscal vigente para transferir $70,750,000 de la partida de asignaciones bajo la custodia del Departamento de la Hacienda a fin de crear un fondo de inversión dirigido a nutrir el Sistema de Retiro de Empleados (SRE) del gobierno, a tenor con el Plan de Ajuste de la Deuda (PAD).

La medida, de la autoría del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y del portavoz de la delegación novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, pasa al escrutinio del Senado y, de ser aprobada sin enmiendas, iría a la firma del gobernador Pedro Pierluisi.

La Resolución Conjunta de la Cámara 368 obtuvo 37 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.

Los votos en contra fueron del representante independiente Luis Raúl Torres, los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes; el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón y la representante del Proyecto Dignidad (PD), Lissie Burgos Muñiz.

Se abstuvieron los novoprogresistas Luis “Junior” Pérez y Ángel Bulerín, quienes son pensionados.

El presidente de la Cámara dijo que con la Resolución se enmienda el presupuesto general del año fiscal 2023 “para asignar más de $70 millones dirigidos a crear un fondo de inversión que le brindará salud financiera y le inyectará liquidez al sistema de retiro de nuestros servidores públicos”.

“En consenso, aprobamos legislación para garantizar el pago futuro de las pensiones de nuestros retirados. Lamentablemente, las delegaciones del PIP, MVC, PD y el representante independiente decidieron darle la espalda a nuestros pensionados en un asunto tan importante como este”, reclamó Hernández Montañez.

Según el líder legislativo, la pieza -que se aprobó en español y en inglés-, cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), pues dijo que el ente federal, creado al amparo de la Ley Promesa, envió una carta la semana pasada a la Asamblea Legislativa solicitándole cumplir con las disposiciones incluidas en el PAD.

“Nosotros le enviamos también una carta y ellos nos aceptaron el cambio. Es algo que se había planificado como parte de la reestructuración de la deuda y la reestructuración del sistema de retiro. Estamos cumpliendo con el proceso”, sostuvo.

Hernández Montañez dijo que los $70,500,000 salen de sobrantes previos del Fondo General. “Hay fondos disponibles, se están sacando de los dineros que tiene en caja el propio Departamento de Hacienda y se le está autorizando a crear el fondo y cumplir con los retirados de Puerto Rico”, detalló.

La medida establece en su exposición de motivos que la “estipulación del SRE, el PAD y la Orden de Confirmación disponen para la creación de un fideicomiso para conservar los intereses del SRE en la cartera de capital privado del Sistema, y el derecho del gobierno central de adquirir dicha cartera al precio de $70,750,000, cuya ventana de compra comienza el 15 de marzo de 2022 y culmina el 10 de abril de 2023.

“La compra de esta cartera resultará en ahorros para el Gobierno. El Fideicomiso aún no se ha creado. Por lo tanto, el Gobierno Central ahorrará fondos públicos que, de otro modo, se hubiesen destinado a la creación, mantenimiento y disolución de un Fideicomiso del Sistema de Retiro de Empleados (SER) con propósitos limitados. El precio de la Cartera se distribuirá entre los tenedores de las Reclamaciones Permitidas de Bonos del SRE conforme a los términos y disposiciones del PAD”, sostiene la medida.

La Cámara avaló también a viva voz las Resoluciones de la Cámara 797, 798 y 799 que ordenan al Negociado de Energía, a la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), respectivamente, someter y certificar, en un término improrrogable de cinco días laborables, aquellas métricas de evaluación recopiladas como resultado del contrato suscrito entre estas dependencias y LUMA Energy.