La Cámara de Representantes aprobó esta tarde con enmiendas el Proyecto del Senado 1292 que otorga a los jueces -retroactivo al 1 de julio- alzas salariales que oscilan entre los $22,164 y $29,556 anuales.

La medida recibió el voto en contra del portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón. Mientras, los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli y José “Betito” Márquez, así como la penepé Wanda Del Valle y la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, se abstuvieron.

Concluida la sesión, el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, reafirmó que el compromiso de dicho cuerpo legislativo era aprobar la medida con enmiendas y provocar un comité de conferencia para dirimir las diferencias que existen entre ambos cuerpos legislativos con la propuesta aprobada por el Senado la semana pasada.

“Cumplimos con nuestra palabra. Desde el primer día planteamos que aprobaríamos la medida tan pronto nos llegara y obligaríamos un comité de conferencia para sentarnos a la mesa”, señaló el líder cameral.

El proyecto del Senado 1292 propone elevar el sueldo anual del juez presidente del Tribunal Supremo, de $125,000 a $154,556. Mientras, los jueces asociados del máximo foro judicial verían un alza de $24,480, lo que llevaría su salario anual a $144,480.

En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $130,579 anuales, y los jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia devengarían $118,133 al año, $28,533 más de lo que reciben actualmente. A nivel municipal, verían un ajuste de $22,164, elevando su salario anual a $91,764.

Hernández reconoció que hay resistencia entre algunos miembros de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) a avalar la propuesta, pero no abundó en qué consisten los reparos, pues, aunque el tema fue abordado durante un caucus celebrado más temprano este martes, “no se ha dialogado a profundidad”.

“Hay diferencias heavy. Probablemente, voy a hacer un caucus fuera de aquí (Capitolio)”, indicó.

Este medio supo que algunos legisladores expresaron reparos con la vigencia de la efectividad, así como con la “desproporción” de los aumentos concedidos. Trabajadores de la judicatura han expresado insatisfacción con los ajustes salariales recibidos a través del Plan de Clasificación y Retribución que entró en vigor en agosto.

Tras la aprobación de la medida con enmiendas, corresponde que cada una de las cámaras cree un comité de conferencias para atender los reparos. Una vez alcanzado un acuerdo, la medida tiene que ser llevada a votación una vez más. Hernández anticipó que coordinará una reunión con el presidente del Senado y autor de la medida, José Luis Dalmau, para establecer una fecha límite de aprobación.

“Creo que debe haber un ajuste a la realidad y así poder ser más competitivos”, dijo Hernández.

Otro tema que se abordó durante el caucus fue la propuesta presentada por el contralor electoral, Walter Vélez, solicitando nuevos controles a la Ley 222 de Financiamiento de Campañas Políticas en vías a prevenir que las campañas de comités de gastos independientes –conocidos en inglés como Super PAC– sean influenciadas por candidatos o partidos.

Los ajustes propuestos, sin embargo, también recibieron resistencia de miembros del caucus popular que le solicitaron al representante José “Conny” Varela, quien tiene a su cargo la evaluación de la medida, cambios sustanciales al documento. “El diseño para, de alguna manera, atrapar el dinero cash, no le permite, al que viene de comunidad, al que hace actividades en parques de pelota, poder competir en igualdad de condiciones”, argumentó Hernández.

“Queremos aprobar algo que sea justo”, puntualizó el líder cameral.