La Cámara de Representantes aprobó este lunes cinco medidas, entre ellas una que cambiaría la ley que rige cómo se lleva a cabo el archivo de documentos públicos en el Archivo Nacional de Puerto Rico, y otra que crea la “Carta de Derechos del Estudiante Encamado, en Silla de Ruedas o que hace uso de tecnología que le asiste a mantenerse con vida”.

El Proyecto de la Cámara 38, medida que fue sometida por petición del padre de la niña ya fallecida Victoria J. Medina González, y en honor a ella también se conocerá como la “Ley Victoria”, establecerá la política pública del Gobierno de Puerto Rico y los derechos de todo estudiante menor de 21 años con diversidades físicas o fisiológicas complejas que esté encamado, en silla de ruedas o que use de tecnología que le asiste a mantenerse con vida. La medida también crea “mecanismos judiciales expeditos” para reivindicar los derechos de esos menores.

De acuerdo con el autor de la medida, el representante Carlos “Johnny” Méndez Núñez, este proyecto “atiende situaciones específicas para garantizar la permanencia de esos niños en el currículo regular escolar”, y además “se garantizan los esfuerzos gubernamentales para proveerles la seguridad, atención debida, así como eliminar cualquier posibilidad de discrimen ya sea directo o subliminal que afecte su desarrollo pleno a una educación de excelencia que asegure su futuro y el de su entorno familiar”.

El PC 38 fue aprobado con el respaldo unánime de todos los representantes.

Polémica medida sobre el Archivo General

En cambio, la medida que más controversia generó, y que terminó siendo aprobada con el respaldo mayoritario de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) pese a recibir votos en contra, fue el PC 17, que deroga la Ley 5 de 8 de diciembre de 1955, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, para establecer una nueva ley que regularía la política pública sobre “la identificación, manejo, protección y conservación de documentos públicos”, y que sería conocida como “Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el Siglo XXI”.

Durante la discusión de la medida, el representante Denis Márquez Lebrón, reclamó que, cuando menos, se llevara a declarar a la persona que dirige el Archivo General, Hilda Teresa Ayala González, de manera que se pudiera conocer su opinión sobre la medida.

“Aquí estamos cambiando décadas de la política pública sobre el manejo de los documentos públicos, y de cómo se manejan en el Archivo General. A mí me parece que, por la seriedad del asunto, o por lo menos para los que entendemos que el manejo de los documentos públicos, su traslado, su mantenimiento, su digitalización, su conservación, son esenciales para la historia del País, para la protección inclusive de las agencias públicas, para el ejercicio de libertad de expresión, el cambio de la política pública derogando toda una historia de legislación… sin la oportunidad de tener una discusión en vistas públicas, y de tener la posición de la que más sabe de esto, la archivera, que es la experta, la que más sabe de este tema… yo creo que no es una buena idea cambiar toda una política pública sobre un tema dependiendo exclusivamente de lo que dice el Senado y en este caso solo con una ponencia”, cuestionó el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP),

Márquez Lebrón indicó que “bajo estas condiciones no estamos en posición de apoyar este proyecto”, y solicitó que el proyecto se devolviera a la Comisión de Gobierno, para poder tener “una discusión sosegada” sobre la medida, pero su petición fue derrotada.

Previo a la discusión, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) presentó varias enmiendas, que fueron rechazadas.

Los representantes Ramón Torres Cruz y Swanny Vargas Laureano también expresaron reservas con el proyecto, y pidieron que se escuchara la postura de la recién designada directora del Instituto de Cultura Puertorriqueño (ICP) al que está adscrito el Archivo General, Melissa Santana.

Además, Torres Cruz alertó sobre la contradicción de aprobar la medida al tiempo que el Senado se debate otro proyecto que busca eliminar el ICP (PS 273), bajo cuya tutela se mantendría el Archivo General en esta nueva ley que se proponía.

Eventualmente, la medida se aprobó por votación de 33 votos a favor y 16 en contra.

Asimismo, la Cámara aprobó el PC 16, medida que enmienda la ley que limita el uso de imágenes captadas por sistemas aéreos no tripulados, para incluir la recolección de información necesaria por el Departamento de Vivienda entre las instancias que no le aplicaría la prohibición.

Los legisladores también aprobaron el PC 24, que enmienda un artículo de la Ley Notarial de Puerto Rico, para “rectificar la información que deberá contener la planilla informativa sobre segregación, agrupación o traslado de bienes inmuebles”.

Igualmente, se aprobó el PC 158, que deroga la Ley 219-2004, conocida como “Ley para Reducir la Brecha Digital”, por entender que se había convertido en una “ley obsoleta e inoficiosa”.

La Cámara receso sus trabajos hasta el próximo jueves.