La Cámara de Representantes aprobó esta noche del miércoles, el Proyecto de la Cámara 1701, que busca eliminar la Oficina del Panel sobre el Especial Independiente (OPFEI) y crear una nueva entidad para investigar y procesar los casos de corrupción pública.

La medida obtuvo 27 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones. Los votos a favor fueron de la delegación popular y de los representantes Denis Márquez Lebrón (PIP), José Bernardo Márquez Reyes (MVC), Lisie Burgos (PD) y Luis “Junior” Pérez Ortiz (PNP); los 14 votos en contra los emitió la delegación novoprogresista y se abstuvieron, la representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli y José “Cheíto” Rivera Madera, ambos enfrentan referidos ante el OPFEI. Ocho senadores no estuvieron presentes al momento de la votación.

También se aprobó con igual votación, el Proyecto de la Cámara 1702 que propone la creación de un nuevo Código Anticorrupción. Ambas medidas recibieron enmiendas y deben ser llevadas esta misma noche a votación final por lista.

El Proyecto 1702 derogaría la Ley 2 de 2018, conocida como el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, al igual que la Ley 99 de 1941 (Ley para Prohibir el Nepotismo en el Nombramiento de Funcionarios y Empleados de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico), e introduciría enmiendas a varios artículos del Código Penal.

Una de las enmiendas al Proyecto 1701 dejaría inalterada la Oficina del Inspector General, mientras que otras modificaciones, acordadas con anterioridad, van dirigidas a establecer que la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sea redirigida hacia la educación y prevención de actos de malversación de fondos públicos.

El autor principal de los proyectos de ley, Héctor Ferrer Santiago, inició el debate en el hemiciclo que se extendió por unas dos horas. Ferrer Santiago dijo que, en 2023, en 75 denuncias, la OPFEI sólo ha logrado una decena de determinaciones de causa para arresto. “Eso representa un ínfimo 13 por ciento”, sostuvo el legislador del Partido Popular Democrático (PPD).

“Cuando una entidad no sirve al país de forma adecuada, se convierte en un refugio para la batatería política, la arbitrariedad, la injusticia, el atropello, pero, sobre todo, el abuso de poder”, sostuvo Ferrer Santiago, quien, como presidente de la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública, presentó los informes de ambas medidas legislativas.

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Pichy” Torres Zamora, reconoció que la ley de la OPFEI, que se creó en 1988, podría ser objeto de enmiendas, pero reclamó que la dependencia pública “está trabajando”. Dijo que desde su creación hasta el 2023, la oficina ha logrado 1,669 convicciones y en 98 casos, no hubo convicción. “Hoy hay 29 cargos pendientes”, sostuvo.

Indicó que el 27% de los procesados son alcaldes y exalcaldes, 19% coautores de delito, 19% legisladores y exlegisladores, 17% otros funcionarios públicos, 14% jefes y exjefes de agencias y 4% jueces.

“El OPFEI evalúa, radica y mira. No está viciado, hay azules, hay rojos y hay verdes. Hace lo que tiene que hacer, sé que molesta y duele si recientemente estamos hablando de (los casos contra los alcaldes populares de) Ponce y Mayagüez, pero no es mi culpa. ¿Por qué queremos eliminar el OPFEI y crear otra entidad?, ¿Por qué tenemos que destruir la imagen de una agencia que está trabajando para el pueblo de Puerto Rico?”, dijo Torres Zamora.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, expresó que el P.C 1701 “es una aportación a repensar la investigación de corrupción en este país, de repensar el modelo investigativo y reconocer que la fecha de vencimiento de la OPFEI ya llegó”.

Dijo que los nombramientos de la OPFEI “son a base de criterios” político partidistas. “Habrá gente competente, pero esa es la historia y la realidad de esa oficina y hay que buscar alternativas, nuevos modelos para cambiar estas estructuras, darle ejercicio de una función pública”.

“La inmensa mayoría de los casos no se procesan, no le hacen caso a uno. Cuando yo referí una y otra vez a (la ex secretaria de Educación) Julia Keleher (convicta posteriormente en el foro federal), ni un acuse de recibo me enviaron de las cartas”, afirmó Márquez Lebrón.

“Aquí hay que hablar también del Departamento de Justicia, porque gran parte del problema que hay en Puerto Rico en el procesamiento de casos de corrupción es la falta de confianza en las dos entidades”, indicó, por su parte, el portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) José Bernardo Márquez Reyes. Mencionó que muchos casos de corrupción y malversación de fondos públicos han sido procesados por el foro federal.

Para el representante popular Jesús Manuel Ortiz González, la primera observación sobre el funcionamiento y desempeño de la OPFEI es el gasto público. “Esa oficina ha recibido casi $16 millones en 10 años, de los cuales $10 millones han sido para la contratación de fiscales, para unos 60 casos, con un promedio de $250,000 (por caso)”, dijo Ortiz González para agregar que muchos casos se tranzan. “El gasto del gobierno es más alto que el dinero que se recuperó”, sostuvo.

“Esta medida lo que trata es de reformular, garantizar eficiencia, de evitar la utilización de una oficina como brazo político para perseguir personas”, reclamó Ortiz González.

El Proyecto de la Cámara 1701 enmendaría la ley orgánica del Departamento de Justicia para eliminar la Oficina de Asuntos del Contralor, hoy día conocida como la División de Integridad Pública, Delitos Económicos y Oficina de Asuntos del Contralor de la agencia, a modo de crear la Oficina Anticorrupción e Integridad Pública (OAIP), con autonomía fiscal y administrativa, para procesar todos los delitos de cuello blanco, así como las faltas éticas de los funcionarios públicos.

La propuesta legislativa establecería que el director y subdirector de la OAIP, así como los fiscales, que integren la nueva dependencia deben ser nombrados por el Gobernador de una terna de candidatos sometida por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la Asociación de Abogados, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados y las escuelas de Derecho en Puerto Rico. Los nombramientos serían por un solo término de 12 años y requieren del consejo y consentimiento de dos terceras partes del Senado y la Cámara.

La segunda pieza legislativa, Proyecto de la Cámara 1702, busca crear un nuevo Código Anticorrupción, que agruparía todos los delitos de malversación de fondos públicos. También se establecen 23 principios éticos, se separan las violaciones éticas de las conductas criminales, se establece el mecanismo de cobro de multas y restitución del dinero malversado.