La Cámara de Representantes aprobó hoy el proyecto del Presupuesto de gastos del Gobierno para el próximo año fiscal (2023-2024), por un monto de $12,739 millones, suma casi igual a la propuesta por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la del gobernador Pedro Pierluisi.

La medida se aprobó a viva voz y al cierre de esta edición no se había llevado a votación final. Las minorías del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Proyecto Dignidad (PD), anunciaron que votarían en contra.

El nuevo Presupuesto, de ser aprobado en el Senado y firmado por Pierluisi, entraría en vigor a partir del primero de julio de este año.

La voluminosa medida de 226 páginas, es un sustitutivo de la Resolución Conjunta de la Cámara 454, que asigna $12,739, 879, 000 con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial la Rama Legislativa durante el año fiscal que concluye el 30 de junio de 2024. La propuesta de la JSF y la del gobernador Pedro Pierluisi es de $12,740 millones.

“El presupuesto del gobierno de Puerto Rico va a ser de $12,739 millones, el más alto en la historia del País. Esto cubre 2 mil millones para el pago de pensiones, $1,000 millones para el pago del Fideoicomiso de Pensiones y distintos aspectos de lo que es el funcionamiento del gobierno”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, quien abrió el debate de la pieza legislativa, el cual se extendió por unas dos horas.

Santa Rodríguez indicó que, entre otras partidas, la medida cameral propone un aumento de $58 millones a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de $20 millones al Programa de Ama de Llaves de Adultos Mayores del Departamento de la Familia (DF).

Estos aumentos serían sufragados de una partida de $300 millones de uso no definido que está disponible por los próximos cinco años en el Plan Fiscal certificado por la JSF.

“Cuidado, la UPR tiene una función social que el gobierno no puede cubrir”, dijo el legislador al rebatir argumentos de la JSF de que la UPR debe generar sus propios ingresos. Según el Plan Fiscal certificado la UPR tiene una asignación fija de $508 millones.

“Sí, es cierto Junta está buscando que la UPR sea viable económicamente, que genere sus propios ingresos y sí, es cierto que en Estados Unidos muchas universidades lo hacen. Las que tienen hospitales cobran por sus servicios, en Puerto Rico, desde hace más de 70 años la UPR pudo haber cobrado (por sus servicios médicos), pero da servicios a las personas indigentes, una población que ha tenido que asumir la UPR porque el gobierno no lo ha podido hacer. Hay que tener mucho cuidado porque la forma de aumentar sus ingresos es cobrar por los servicios a las personas que no los pueden pagar”, sostuvo.

En torno al cuidado de adultos mayores Santa Rodríguez, indicó que en el país hay necesidad de amas de llaves. “El año pasado sobre 700 adultos mayores fueron abandonados en hospitales y el DF se tiene que hacer cargo. En lo que va de este año van 500 casos y esta tragedia va aumentando”, dijo Santa Rodríguez, quien agregó que “en términos generales las agencias han tenido un dinero adicional”.

“Con una lectura de la exposición de motivos es suficiente para concluir que le voy a votar en contra sin ninguna otra discusión porque desde el punto de vista ideológico choca contra lo yo creo. En cuatro de los cinco párrafos de exposición de motivos se hace mención de la expresión más burda del colonialismo que es la Junta de Control Fiscal”, expresó el representante del PIP, Denis Márquez Lebrón.

El legislador propuso una enmienda para que se sacara de la medida el presupuesto asignado a la JSF, pero fue derrotada.

Dijo que “una de las distancias más amplias” está en lo solicitado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y lo aprobado. “Espero que sea un error o que yo lo haya analizado mal, la petición de $242 millones a 107 es una diferencia abismal, particularmente con todo lo que representa esa agencia”, indicó.

“Las prioridades están invertidas, no hay manera de votarle a favor a este Presupuesto”, indicó por su parte, la representante del MVC, Mariana Nogales Molinelli.

La legisladora también arremetió contra la JSF. “La Junta no quiere que haya UPR, quiere desaparecer los municipios, por eso es culpable de la destrucción del territorio y no solo tiene presupuesto, sino que no nos deja distribuir el presupuesto según las prioridades del país”, sostuvo.

“No es suficiente, pero tampoco es menos, dijo la representante novoprogresista Lourdes Ramos Rivera sobre el presupuesto de la UPR. Dijo que las enmiendas son satisfactorias con las asignaciones que envió el gobernador Pedro Pierluisi. “Son necesarias para el desarrollo económico de Puerto Rico”, sostuvo Ramos Rivera.

“No puedo favorecer la totalidad de la pieza legislativa, en qué se va a gastar todo el dinero, dijo la representante del PD, Lisie Burgos Muñiz. “Debebemos tener cautela con los contratos de servicios y todo lo que pueda tener germen de corrupción”, indicó.

Derrotarían medida de la segunda vuelta

Después del debate del Presupuesto, los representantes se enfrascaron en otra discusión de más de dos horas por el proyecto de ley que propone una enmienda constitucional para requerir una segunda vuelta cuando un gobernador o gobernadora no obtiene más del 50 por ciento de los votos. Se esperaba que la medida no tuviera los votos para pasar el cedazo de la Cámara, pues necesitaba al menos 34 votos (dos terceras partes) del cuerpo legislativo por tratarse de una enmienda constitucional.

“La Constitución nuestra creada en 1952, es una constitución moderna y dinámica, pero los padres de la Constitución manifestaron que no estaba escrita en piedra sino que había que atemperarla a los tiempos, a las circunstancias y las circunstancias políticas, económicas, sociales de 1952 no son las mismas que las del año 2023″, dijo el autor de la propuesta y vice presidente de la Cámara, José “Cony” Varela Fernández.

Indicó que en las elecciones generales de 2012, el gobernador electo, Alejandro García Padilla obtuvo un 48 %; en los comicios de 2016, Ricardo Rosselló Nevares, obtuvo un 42% y en 2020, Pedro Pierlusi, un 33%.

“Vemos como que ha habido una disminución dramática en el apoyo que ha tenido el gobernante y entendemos que por el bien de la democracia, por el bien de la gobernanza del país, la persona que sale electa gobernador de Puerto Rico tiene que tener un mandato claro, contundente y debe tener sobre el 50%”, sostuvo Varela Fernández.

Dijo que de prosperar la enmienda constitucional, el país tendría la oportunidad de expresarse en una segunda elección entre los dos candidatos que sacaron el mayor número de votos. “La persona que salga electa en esa segunda elección va a obtener sobre 50 porciento. Nuestra propuesta el 50% mas uno”, agregó Varela Fernández, único de la delegación popular que consumió un turno a favor de la propuesta.

Por el contrario, casi todos los miembros de la delegación novoprogresista asumieron turnos en contra para despotricar contra la medida.

“Es importante que miremos si este proyecto da herramientas para que, entonces, ese pueblo que está afuera y que votaría por esto, participe. ¿Resuelve esta medida este problema? La contestación es que no. Yo no cuestiono las intenciones del compañero Varela Fernández, pero sí tengo que cuestionar la de los componentes que están detrás, porque aquí, ciertamente, hay unas personas que están buscando llegar al poder y de alguna manera no lo pueden lograr por los votos tradicionales”, expresó el representante penepé, José Enrique “Quiquito” Meléndez Ortiz.

Por otro lado, se aprobó a viva voz, un mamotreto de 126 paginas de enmiendas al Código de Rentas Internas, un sustitutivo de seis proyectos de ley, entre ellos dos de La Fortaleza, pero se le haría una enmienda para cambiar la vigencia, de manera de forzar un comité de conferencia.

“No hay neutralidad entre el impacto y los recaudos. Como está redactada la medida tiene un impacto negativo en el Plan Fiscal”, dijo el portavoz novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.