El legislador José Aponte indicó hoy que está pendiente de consideración en la Cámara de Representantes un proyecto de su autoría para regular el uso de drones o pequeñas naves aéreas no tripuladas que figuran entre los nuevos productos vendidos con éxito como regalos en el periodo navideño.

La medida prohíbe que los drones puedan ser utilizados para fotografiar o electrónicamente grabar personas o propiedades privadas específicas, sin su consentimiento.

A nivel federal hay iniciativas con ese mismo objetivo.

Aponte dijo en un comunicado de prensa que la Administración Federal de Aviación tendría listas las regulaciones sobre la operación de sistemas aéreos no tripulados como los drones desde octubre del año en curso, como parte de la Reforma de Modernización de la Administración Federal de Aviación.

Mientras, indicó que en Puerto Rico “no se ha establecido reglamento alguno que brinde una guía sobre lo que es o no aceptable en la operación de dichos artefactos, y ante la falta de reglamentación federal, este aspecto debe ser reglamentado a nivel estatal”.

El expresidente de la Cámara dijo que su propuesta fue sometida el 26 de enero pasado, pero no ha sido considerado en vistas públicas.

Los drones se diseñaron y utilizaron inicialmente con fines militares pero hoy están disponibles para uso comercial y personal a precios accesibles.

Sin embargo, la proliferación de esos aparatos preocupa al representante novoprogresista, quien citó disposiciones constitucionales sobre ataques a la privacidad al justificar el Proyecto de la Cámara 2294. 

Recordó que “la Sección 8 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico protege a las personas de los ataques abusivos a su vida privada” y destacó en la medida que “los sistemas aéreos no tripulados tienen la capacidad de cargar cámaras, y por ello, facilitan el que cualquier persona pueda grabar videos o tomar fotografías de lo que está sucediendo, tanto en una propiedad privada, como en cualquier otro lugar en el cual se posea una expectativa razonable de intimidad”.

Aponte considera que la toma de fotografías o vídeos no autorizados mediante los sistemas aéreos no tripulados presenta el riesgo de que dichas fotos o videos sean publicados o vendidos sin consentimiento de los dueños de las propiedades o de las personas que aparecen en imágenes captadas de esa forma.

“El Gobierno de Puerto Rico tiene el deber de velar por que se protejan los postulados contenidos en nuestra Constitución. Este es un mercado emergente, y por tal razón es necesario establecer una limitación a la manera en que se podrían utilizar estos equipos, pues los mismos podrían afectar la seguridad y privacidad de los ciudadanos. Por ello, se entiende meritoria la aprobación de este proyecto”, manifestó en declaraciones escritas.

Además, planteó que cualquier persona perjudicada como consecuencia del uso de estos artefactos, bajo las disposiciones de la medida de su autoría podrá tener una causa de acción civil en contra de la persona, entidad o agencia estatal que incurrió en dicha conducta prohibida.