Buscan que LUMA Energy rinda cuentas por apagones
Luego que la empresa pidiera a terceros dejar de publicar información sobre interrupciones y cantidades de abonados afectados
Nota de archivo: esta historia fue publicada hace más de 1 año.
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El representante independentista Denis Márquez Lebrón catalogó como una acción para evadir la rendición de cuentas las acciones de LUMA Energy para no divulgar información sobre los apagones, por lo que presentó una resolución legislativa que busca obligar a la entidad a divulgar esa información.
“LUMA Energy, mediante estos actos, pretende posicionarse al margen del rendimiento de cuentas y pretende mantenerse sin ser fiscalizado por entidades que se dedican, precisamente, a recopilar información disponible para mantener la transparencia necesaria en todo proceso de servicio público. Los actos de LUMA Energy en este caso, son totalmente contrarios a lo que se supone que esta compañía persiga, que es el rendir cuentas ante la población”, expresó Márquez Lebrón.
La Resolución Conjunta de la Cámara 529, mandataría a LUMA Energy a que elimine la prohibición de recopilación, registro y divulgación de información sobre los datos de las interrupciones de servicios de utilidades en Puerto Rico, por cualquier entidad independiente, agencias, instituciones académicas o comunitarias, ya sean públicas o privadas, con el fin de crear una fuente más confiable y completa de información sobre interrupciones del servicio eléctrico o “apagones” en nuestro sistema.
“El propio contrato de LUMA Energy especifica que la transparencia en las métricas y estadísticas de servicio es una de las principales responsabilidades que esta privatizadora asumió, más aún cuando se trata de un servicio considerado por la Organización de las Naciones Unidas como un derecho humano, esa es su responsabilidad y vamos a exigir que la cumpla”, agregó Márquez.
Para el también abogado, la Asamblea Legislativa debe atender su medida legislativa cuanto antes “en aras de promover la mayor transparencia posible y brindarle a la población las debidas herramientas para fiscalizar los servicios públicos”.