En la continuación del forcejeo legal entre el Municipio de Mayagüez y la compañía de recogido de basura EC Waste LLC, la Legislatura Municipal de Mayagüez aprobó, por unanimidad, la Resolución Número 176, para investigar las supuestas violaciones al contrato para la prestación de servicios de recogido de desperdicios sólidos y operación de una instalación de desperdicios sólidos municipales por parte de la compañía.

La petición de investigación surge a raíz de la información que ha trascendido públicamente sobre el supuesto depósito ilegal de cenizas y material contaminante por la compañía EC Waste, LLC en el vertedero municipal de Mayagüez, y para otros fines. El contrato entre y el ayuntamiento y la compañía entró en vigor el 29 de agosto de 2003, según se indicó.

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En las vistas celebradas el pasado viernes, el licenciado Arnaldo Irizarry, en representación del Municipio, dijo que “la compañía, en innumerables ocasiones, ha obstaculizado las gestiones realizadas por funcionarios del Municipio de Mayagüez en la recolección de datos, así como la entrada al vertedero municipal para cumplimentar las investigaciones, negándose arbitrariamente a someter documentación que claramente el contrato requiere que se le supla a la administración municipal”.

Según se desprende de la Resolución, desde el año 2014 la Administración Municipal de Mayagüez lleva a cabo “un proceso investigativo, fiscalizador y de cumplimiento del contrato entre el ayuntamiento y la compañía EC Waste LLC, para el recogido de desperdicios sólidos y la operación de una instalación de disposición de estos en la ciudad”.

En el documento se establece además, que “la administración municipal de Mayagüez ha exigido en innumerables ocasiones una serie de información, documentos y evidencia vital para la determinación del cumplimiento de todas y las cláusulas y condiciones contractuales que emanan del contrato. Sin embargo, ese proceso de investigación y fiscalización del contrato no ha recibido colaboración ni cooperación por parte de la Compañía EC Waste”.

La semana pasada, un juez del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez ordenó a ejecutivos de la empresa a desistir de obstaculizar la labor de otra empresa contratada por el Municipio.