El Primer Circuito de Apelaciones de Boston paralizó la orden emitida por el juez federal Gustavo A. Gelpí de embargar las cuentas del Departamento de Salud para el pago de los Centros de Salud Primaria 330.

Ante la petición urgente de interdicto en apelación por parte del gobierno estatal, el juez apelativo William J. Kayatta, Jr. contestó que paralizar temporeramente la orden de Gelpí no causa daño irreparable a las partes y que amerita la apelación porque podría traer "importantes e inusuales asuntos". Cualquier respuesta de la parte demandante deberá presentarse en o antes del 29 de junio.

"Los demandantes y demandados deben enfocar sus posiciones en la naturaleza particular sobre el daño que provoca una paralización más larga", lee la decisión.

Gelpí ordenó esta tarde a la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, a emitir "de inmediato" un cheque por la cantidad de $5,131,304.78 para los Centros de Salud Primaria 330, esto como parte de la orden de embargo que emitió el viernes pasado.

"La presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, o persona designada, deberá emitir inmediatamente un cheque por la cantidad de $5,131,304.78 pagadero a secretaría de la corte", lee la orden de Gelpí, quien destacó que alguaciles federales irán a recogerlo mañana, miércoles.

El sábado pasado, Gelpí denegó una moción de reconsideración sometida por el Departamento de Salud ante la orden de embargo que emitió de los fondos correspondientes al primer trimestre de los llamados Centros 330. La agencia pagó $3,676,798.18 de los $9,389,743 que ordenó la corte.

Gelpí señaló que dicho pago no cumplió con su orden del 5 de junio pasado, por lo que ordenó el embargo de $5,712,944.82 el viernes pasado. En un principio, el embargo era para la cantidad total de casi $9.4 millones, pero el cheque de $3.6 millones tenía fondos -contrario a lo informado originalmente por el Gobierno- y se usó para cubrir gastos de los proveedores de salud demandantes en este caso.

“A pesar de la ley de Puerto Rico que prohíbe el embargo de fondos públicos, el interdicto de esta corte se ha mantenido como ejecutable por el Primer Circuito, y el Estado Libre Asociado ha admitido que no ha presupuestado los fondos adeudados”, lee la orden de Gelpí del sábado pasado.

Gelpí advirtió el sábado que la otra alternativa es encontrar en desacato los secretarios de Salud y de Hacienda, así como a otros oficiales gubernamentales.

“La Corte ha escogido en numerosas ocasiones no proceder de esta forma, porque sería muy vergonzoso para el gobernador tener a miembros de su gabinete residiendo temporeramente en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo”, culmina su explicación.

Ante la nueva determinación del juez federal, la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Amber Lee Vélez, indicó que “Dicha orden lo que hace es que instrumenta la orden de embargo”.

“En términos procesales, el tribunal está siguiendo de ordinario con el trámite que procede a raíz del embargo. Hoy se radicó una solicitud de paralización de los procesos a nivel del Tribunal de Apelaciones, mediante recurso extraordinario", agregó.

El viernes, la secretaria de Salud, Ana Ríus, adelantó que recurrirían al Primer Circuito de Apelaciones en Boston al no estar de acuerdo con la suma que se estableció como deuda.

El 5 de junio pasado, Gelpí dio hasta el 17 de junio para que el Gobierno pagara los más de $9 millones adeudados a los llamados Centros 330, correspondientes a un pareo de fondos del programa Medicaid para el primer trimestre del 2015, esto luego de escuchar a las partes en una vista el 3 de junio. Advirtió entonces en la orden que de no cumplir con el pago, tendría que tomar medidas como embargar las cuentas correspondientes al Departamento de Salud.

"Ya habíamos depositado en corte $3.6 millones cuyo cheque fue cambiado y redimido en la Corte Federal. De igual forma, se le había pagado a la Playa de Ponce lo que le correspondía por acuerdo que era $1.6 millones, cuyo cheque también fue cambiado y redimido. Lo que significa que solo quedarían por pagar $4 millones que nosotros no reconocemos, ya que en nuestra agencia se efectuó un proceso de auditoría en el cual se determinó que la deuda era de $5.4 millones y no de $9.4 millones", indicó Ríus en un comunicado de prensa.

"No pagamos porque nos neguemos a pagar o porque no haya dinero, sino porque se hizo una auditoría y lo que refleja es que la cantidad real a pagar es de $5.4 millones y no de $9.4 millones. El juez no aceptó la auditoría, dijo que primero pagáramos y luego se nombrará un monitor para hacer la correspondiente reconciliación, por eso estaremos apelando. Quiero destacar que esta es la primera vez desde los comienzos del caso de los 330 que se hace una auditoría con data real y no estimada", agregó la Secretaria de Salud.

Desde 2002, se estableció la ley para parear fondos federales y pagarle a los Centros 330, que ofrecen servicios primarios y preventivos, como pruebas de cernimiento, servicios de vacunación, nutrición, trabajo social, salud mental, dentista, planificación familiar, laboratorio y farmacia, entre otros.

Los centros demandantes son: Río Grande Community Health Center, Inc., Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc., Dr. José Belaval Inc., Atlantic Medical Center, Inc., Camuy Health Services, Inc., Centro de Salud Familiar Dr. Julio Palmieri Ferri, Inc., Ciales Primary Health Care Services, Inc., Corporación de Servicios Médicos Primarios y Prevención de Hatillo, Inc., Corporación de Servicios Integrales de Salud Integral de la Montaña, Inc., El Centro de Salud de Lares, Inc., El Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas, Inc., Gurabo Community Health Center, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Hospital General Castañer, Inc., Migrant Health Center, Inc., Morovis Community Health Center, Inc., Rincón Health center, Inc., y Toa Alta Comprehensive Urban/Rural Advanced Health Services, Inc.