Orlando José Aponte entregará hoy al Negociado de Investigaciones Federales (FBI, en inglés) una caja llena de documentos que contiene el listado de contratistas y empleados del representante Urayoán Hernández Alvarado, sus puestos y salarios, ante alegaciones del candidato popular a la Cámara de posibles irregularidades en la nómina del legislador novoprogresista.

Aponte, quien obtuvo los documentos luego de incoar en agosto pasado una demanda contra la Cámara de Representantes, al amparo de la Ley 141 de 2019, sobre Transparencia y Acceso a Documentos Públicos, dijo que ayer un agente del FBI le solicitó que entregara la caja que contiene unos 2,900 documentos en orden numérico. Fue citado a las oficinas del FBI, en San Juan, a las 9:30 de la mañana de hoy, jueves.

Hernández Alvarado, representante por el distrito 26, que comprende los pueblos de Orocovis, Barranquitas, Coamo y Villalba, no estuvo disponible ayer para contestar preguntas a Primera Hora.

“En esa caja hay facturas de 2017 al presente, de los contratos que tiene Urayoán Hernández en su oficina. Hay comprobantes de pagos, el roster del personal, nombres, puestos y copia de contratos. Espero que se sepa la verdad. No tengo nada personal contra el representante. Si estaba cometiendo alguna violación, que se investigue y se procese, y si determinan que no hay prueba concluyente para acusar a nadie, que también se deje saber”, indicó el aspirante a la silla que ocupa Hernández Alvarado en el hemiciclo cameral.

No obstante, sostuvo que como abogado litigante entiende que “en esos documentos hay causa suficiente” para iniciar una investigación. “Quiero saber si se trata de un esquema similar al que se le imputa a los exrepresentantes María Milagros (Tata) Charbonier y Nelson del Valle”, sostuvo. A ambos se les imputa inflar salarios de empleados a cambio de recibir comisiones ilegales (kickbacks).

En entrevista con Primera Hora, Aponte relató que cuando decidió correr en la papeleta popular por el distrito 26 comenzó a acercársele gente en Orocovis “para decirme que había que investigar al representante (Hernández Alvarado) porque tiene contratistas fantasmas, gente que operaba sus propios negocios”. Dijo que los señalamientos eran cada vez más persistentes “y me decían que tenía una ayudante que ganaba más que el propio legislador” por lo que decidió comenzar a investigar.

Detalló que el pasado mes de abril al amparo de la Ley 141 solicitó a la Cámara información sobre los contratos y empleados en la oficina del legislador de la Palma. Dijo que al ver que pasaba el tiempo y no tenía respuesta, el 4 de agosto demandó a la Cámara en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, foro que ordenó al presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, la entrega de los documentos solicitados.

“El pasado 18 de agosto cuando me entregan la caja me doy cuenta de cosas escandalosas, como por ejemplo que tenía 10 empleados, que su ayudante especial cobraba $7,200 mensuales, más que lo que cobraba el legislador y que todos los legisladores de distrito, mientras otros empleados con el mismo puesto de ayudantes especiales devengaban entre $2,900 y $3,500 mensuales”, dijo el abogado.

“Sigo verificando documentos y me percato de que la persona que me habían dicho es compadre de él, que tiene un negocio de construcción y una hielera en Orocovis y que también tiene contratos con el representante desde el 2013 hasta el 2020. Todos los años se le renueva el contrato como asesor legislativo”, dijo Aponte para agregar que entre los documentos hay una factura de $7,910 en un mes.

“Me pareció curioso que una persona que en Orocovis lo conozcan como un empresario que atiende los negocios de su familia, estuviera como asesor en la oficina del legislador. Me vi en la obligación de presentar esta información al Departamento de Justicia y al FBI”, indicó.

Sostuvo que el 21 de agosto hizo un referido mediante carta al FBI indicando que personas se le habían acercado para decirle que en la oficina de Hernández Alvarado había “una posibilidad real de empleados con unos aumentos de salario exorbitantes en unos empleados que no tenían las calificaciones ni el peritaje necesario, y de algunos contratistas que no se presentaban al Capitolio a trabajar y sometían unas facturas bien generales”.

“Esas facturas dicen, por ejemplo: 'estuve visitado personas en el distrito o estoy cobrando $24 la hora por ir a participar en un juego de dominó en un centro de envejecientes, o estuve acompañando al personal de Energía Eléctrica para la instalación de focos en barrios de Orocovis, Villalba o Barranquitas…”, detalló el abogado.

“Me pareció irracional que estos contratistas, que se supone que sean consultores administrativos o consultores legislativos, estuvieran cobrando, algunos $24 la hora, otros $50, otros $100 y otros $150 la hora por tareas que la descripción era bien general. Unos decían que estaban jugando bambu-tenis, jugando tenis de mesa o ajedrez. Yo no pretendo tener ningún protagonismo. Sé que algunos dicen que estoy haciendo eso porque soy candidato, pero mi interés como ciudadano es que se investigue y que se defienda el interés público”, sostuvo.

Indicó que el representante Hernández Alvarado reclamó ayer en una emisora radial de la montaña que la asistente funge ahora como directora de su oficina, pero Aponte sostuvo que al 30 de julio “todavía era ayudante especial”.

El abogado dijo que en agosto conversó inicialmente con agentes federales, pero en ese momento la Cámara sólo le había entregado documentos de forma parcial. Luego de que salieron a relucir este martes sus denuncias en el programa “Jay y sus rayos X” (Telemundo), los agentes del FBI volvieron a contactarlo ayer.

“Ahora que finalmente me entregaron las facturas, los agentes me piden que se las entregue y lo voy a hacer”, narró el candidato del PPD, quien es residente de Barranquitas.

Del Departamento de Justicia dijo que no ha recibido respuesta.

Indicó que no presentará una querella ante la Comisión de Ética de la Cámara porque indicó que el foro legislativo, presidido entonces por la representante Charbonier, le desestimó “por frívola” una queja que instó contra Hernández Alvarado en la que alegaba que el legislador auspiciaba un programa radial político en el que participaban jefes de agencias.