Lo que empezó como un plan piloto hace poco más de un año, hoy se concretiza en unas nuevas facilidades que albergan a la División de Protección a Víctimas de Violencia de Género en el pueblo de Guaynabo.

Las facilidades, ubicadas en el segundo piso del Guaynabo Medical Mall, que fueron inauguradas por el alcalde Ángel Pérez Otero, forman parte de la Policía Municipal.

Desde su establecimiento en enero 15 del 2019, hasta la división han llegado 112 personas a recibir servicios y de estas, 96 fueron mujeres y 16 varones.

“Estamos trabajando con la prevención y para empoderar a la persona. La oficina se caracteriza por la atención personalizada a los participantes desde el mismo momento en que la Policía Municipal toma conocimiento de que existe una querella por violencia de género”, dijo el alcalde que mencionó que el servicio incluye acompañar a la persona antes, durante y después de un proceso judicial.

También, cualquier otra ayuda que necesite el participante es canalizada con otras agencias.

La sargento Yamaris Rivera, directora de la oficina, explicó que cualquier víctima puede recibir servicios allí y todo puede empezar con una llamada. También puede llegar hasta las facilidades, sea que quiere recibir ayuda para salir de una relación problemática o porque en ese mismo momento esté pasando por una situación o crisis.

“La persona viene aquí o vamos al lugar donde ocurrió la Ley 54, y el agente protector trabaja con esa víctima desde ese primer momento. Un trabajador social va a acompañar a esa víctima durante todo su proceso”, explicó al mencionar que siempre recibe ayuda sicológica.

De igual forma, la víctima nunca estará sola en su visita a Fiscalía ni en el proceso de Regla 6, donde se decide si hay causa para arresto contra él o la agresora, e incluso es llevada hasta su hogar, si es seguro, o a un albergue para víctimas, si es necesario.

La fiscal Melissa Vázquez, del Distrito de Bayamón, quien trabaja con casos de violencia de género, aceptó que el proceso de una víctima acudir al tribunal es “bien oneroso emocionalmente” y por eso temen llegar a los tribunales.

De hecho, la exjueza y primera dama de Guaynabo, Liza Fernández, aceptó que “lamentablemente sí pasa y con bastante frecuencia”, el que una víctima retire los cargos contra su pareja porque dice que ya no tiene interés.

Sin embargo, el policía está obligado a continuar con el caso, que a veces puede seguir en un tribunal con la declaración jurada del o la perjudicada o de un testigo

“Pero es cuesta arriba porque no es lo mismo el testimonio de la víctima, y cuando tienes a una persona que te dice, ‘no eso yo lo dije porque estaba molesta con él y eso realmente no ocurrió y quiero retirar los casos’”, ejemplificó Fernández.

La fiscal, de su parte, recordó que el Departamento de Justicia tiene órdenes administrativas y un protocolo de manejo de casos de violencia doméstica.

Sobre la dificultad en los tribunales, además de que no se puede obligar a nadie a continuar un proceso, aceptó que muchos de los casos ocurren en la intimidad donde no hay testigos y “no siempre su proceso emocional (el de la víctima) llega a la misma vez que el proceso judicial”.

Vázquez dijo que esfuerzos como el de esta oficina en Guaynabo ayudan a “empoderar a la víctima y que en algún momento puedan hablar del asunto y pasar por el proceso judicial”.

Por su parte, la procuradora de las Mujeres, Lersy Boria, elogió la iniciativa y dijo que la violencia de género se puede erradicar a través de “la educación, eliminar los estereotipos, abrir salas de violencia doméstica y que todos los municipios abran oficinas de la mujer y unidades especializadas”.

“La importancia es nunca invisibilizar el concepto feminicidio”, insistió.

Para el 2018, hubo 26 muertes por violencia de género, incluyendo a tres varones, mientras para el 2019, hubo diez, incluyendo a un varón, según Boria.

Esta explicó que muchas veces los números que salen a la luz pública no coinciden con los oficiales, los de la Policía, porque inicialmente se relaciona la muerte de una mujer con violencia de género y después la investigación reveló que fue por uso de drogas o porque un hijo maltrato a su madre.

“Nosotros fiscalizamos cada muerte que surge hasta su fin”, insistió

De otro lado, la sargento Rivera explicó que los agentes que intervienen durante el proceso son adiestrados por la Policía de Puerto Rico en aspectos biosociales y sicológicos de las víctimas. También el personal recibe adiestramiento de trabajadores sociales.

Al momento ya hay 140 policías municipales adiestrados y así, además de la parte investigativa, conocen temas como “porqué la víctima retira los cargos (contra su pareja), porque se encuentra en el ciclo de violencia doméstica y la rueda de control y poder”.

En el grupo hay tres agentes protectores (que acompañan a la víctima en todo momento); dos investigadores certificados para atender casos de violencia de género y seis agentes adicionales. Además, dos trabajadores sociales, un sicólogo y un abogado.

Los servicios bajo esta oficina, que también tiene alianzas con el Hogar Ruth y otros albergues de víctimas, se logran con $121,325 en Fondos para las Víctimas del Crimen (VOCA) y $30,331 del municipio.

Si usted quiere conocer más sobre la oficina o recibir servicios puede llamar al 787-720-5040.