Los reiterados incumplimientos del Departamento de Educación (DE) en el extenso pleito legal que radicaron los padres del programa de Educación Especial, conocido como el caso Rosa Lydia Vélez, llevaron a la jueza superior María M. Cabrera Torres a aumentarle la multa a la agencia de $5,000 diarios a $11,000 diarios, según se desprende de la orden y resolución emitida esta semana.

Además, la jueza del Tribunal de Primera Instancia de San Juan impuso múltiples sanciones adicionales, que incluyen un pago trimestral adicional de $100,000.

En la decisión también se incluyó que parte del pago de esta multa diaria y del pago trimestral de $100,000 será retroactivo al 1 de julio de 2019 , lo que hace que el DE tengo que pagar una suma millonaria al Tribunal.

Solo en la multa diaria y en los $100,000 trimestrales, que son “para el pago de los funcionarios en la monitoria mientras se mantenga en incumplimiento con lo dispuesto en la sentencia”, según dice la orden, representarán a Educación unos $4,415,000 anuales.

Sin embargo, a causa del retroactivo al 1 de julio de 2019, la agencia también tendría que pagar alrededor de $5 millones adicionales.

“Advertimos que el dinero correspondiente al pago de sanciones no deberá salir del dinero asignado al programa de Educación Especial para servicios a los y las estudiantes”, dejó claro Cabrera Torres en la resolución y orden emitida el pasado lunes, 25 de octubre.

Primera Hora solicitó temprano esta mañana una reacción del secretario interino de Educación y quien a su vez es secretario auxiliar del Programa de Educación Especial, Eliezer Ramos Parés. Hasta el momento, no ha sido concedida una entrevista.

Educación conoció de la amenaza de un posible aumento de multas en junio pasado y la combatió en los tribunales sin éxito. Sin embargo, se había proyectado que tal incremento iba a ser entre $6,000 a $9,000 diarios y no a $11,000 diarios, como lo dictaminó la jueza.

Lo primero que se fijó en la resolución y orden contra Educación fue el pago de una sanción de $10,000 por no haber cumplido con entregar una información solicitada por la monitora Pilar Beléndez Soltero sobre los proveedores de remedio provisional.

“Debido al reiterado incumplimiento del DE, de suplir los datos requeridos para evidenciar el cumplimiento de la estipulación número 46, se le impone una sanción de $10,000, y se le apercibe de que tendrá 30 días para entregar los datos solicitados y pagar la sanción”, dijo la jueza.

El documento judicial señala, además, que no se le dio paso a la petición del monitor comisionado asignado al pleito de Rosa Lydia Vélez, Carlos Rivera Martínez, de un aumento diario en las multas de $3,000. Limitó su decisión a solo $1,000 diarios adicionales.

Más, sin embargo, la jueza restituyó las multas originales impuestas a Educación de $10,000 diarios. Es que, en medio de la quiebra del gobierno, se determinó que por un periodo de dos años se reducía esta suma a $5,000 diarios. Se suponía que al 1 de julio de 2019 Educación retomara el pago de multas diarias a $10,000, pero no lo hizo. Permaneció pagando solo $5,000 diarios.

Son estos otros $5,000 diarios que Educación dejó de pagar desde el 1 de julio de 2019 los que ahora tendrá que reponer con esta sentencia.

Sobre esta situación en particular, la jueza especificó en su dictamen que, “en cuanto a la recomendación de que se aumente las sanciones al Departamento de Educación de $3,000 diarios hasta que logre revertir el incumplimiento con el ofrecimiento de los servicios relacionados a los que tienen derecho estos estudiantes tanto del ofrecimiento del DE a través de las corporaciones que contrata como mediante el mecanismo de remedio provisional, debemos destacar que desde el 1 de julio de 2019, el DE debe pagar $10,000 en sanciones diarias y $100,000 trimestrales para el pago de los funcionarios en la monitoria mientras se mantenga en incumplimiento con lo dispuesto en la Sentencia por estipulación 1, ya que la reducción fue una temporera. Asimismo, puntualizamos que, además de la sanción de $10,000 diarios, el DE debe pagar $1,000 en concepto de sanción diaria según ordenado el 13 de agosto de 2021, para un total de $11,000 diarios. Por lo tanto, se ordena al DE a consignar el pago de las sanciones adeudadas”.

En la suma y la resta de multas, lo que hizo la jueza fue restituir la multa original y añadir $1,000 diarios “como sanción por incumplir con las estipulaciones a base de las recomendaciones del comisionado para el informe del año escolar 2019-20″, explicó el abogado de los padres de Educación Especial, José Torres.

El letrado dijo que la decisión de Cabrera Torres les satisfizo, ya que reconoce que Educación no ha cumplido con los 200,000 estudiantes del programa de Educación Especial.

“Dentro de la sensibilidad judicial, valida, ante el reiterado incumplimiento de la agencia, que el poder judicial tiene sus propias reglas, que no están atadas al proceso de Promesa (quiebra gubernamental). En ese aspecto, es una reivindicación del poder judicial del poder que tiene para fiscalizar y a su vez, me parece que valida la posición de la parte demandante de que, ante el incumplimiento de la agencia, tiene que pagar las sanciones”, dijo Torres.

Insistió en que el objetivo principal de este pleito de clase no es hacer que Educación pague multas, sino que la agencia “mejore el sistema”.

De paso, el abogado explicó que estos millones en multas anuales que paga el DE son asignados por el Tribunal a organizaciones que proveen servicios a la población de Educación Especial.

A modo de ejemplo, informó que Servicios Legales de Puerto Rico obtuvo recientemente una propuesta de $700,000 anuales para proveer representación legal a la comunidad; la organización Súper Héroes 5k, que provee servicios de Educación Especial en el área oeste, obtuvo una asignación de $100,000 al año, mientras al Comité Timón de Madres de Educación Especial se le asignó $150,000 por dos años para asistir a los padres en el proceso que se realiza ante el DE para obtener servicios.

Por otro lado, esta semana también bajó una determinación del Tribunal Supremo declarando “no ha lugar” una petición que hizo Educación impugnando la metodología de la monitora para realizar su informe de cumplimiento de sentencia.

En el último informe de Beléndez Soltero, Educación bajó el nivel de cumplimiento. En el año fiscal 2018-2019 el nivel de cumplimiento “fue de 2.88. Para este año (2019–2020) hubo una disminución a 2.31″.

Este nivel de cumplimiento 2 establece que es el “mínimo aceptable (50% a 69%) – el cumplimiento está bajo el nivel estipulado y requiere una intervención notable o significativa”, según las guías establecidas por el Tribunal.

Ramos Parés ha insistido a esta mala nota que sacaron se debió a que les cambiaron las reglas del juego y no porque la condición de los estudiantes de Educación Especial haya empeorado.