Una auditoría de la Oficina del Contralor determinó que el Municipio de Bayamón incurrió en serias desviaciones de disposiciones de ley y de reglamentación en las operaciones relacionadas con la celebración y adjudicación de una subasta para la contratación de servicios de guardias de seguridad y con la venta de un terreno.

Durante la intervención, efectuada del 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2008, se encontraron las irregularidades en la adjudicación de una subasta para contratar servicios de guardias de seguridad, y pagos indebidos al proveedor luego de que el Tribunal revocara la adjudicación de la subasta.

De acuerdo al contralor Manuel Díaz Saldaña, el 9 de noviembre de 2005, el Municipio de Bayamón celebró una subasta para obtener los servicios de guardias de seguridad para diferentes instalaciones deportivas, recreativas y de entretenimiento del 15 de enero al 30 de junio de 2006, renovable por 5 años.

A la misma comparecieron siete licitadores con ofertas en las que el costo por hora fluctuó entre $7.00 y $11.73 dólares, en las ocho clasificaciones de personal de seguridad requeridas.

Díaz Saldaña dijo que el examen de los auditores reveló que en noviembre de 2005, el Comisionado de la Policía Municipal remitió un informe de la evaluación de las propuestas en el que indicó, entre otras cosas, que después de descartar las ofertas que no cumplieron con los requisitos quedaron para consideración final las propuestas de dos licitadores.

De ellos, recomendó a uno porque prestaba los servicios de guardias de seguridad al Municipio en esos momentos y debido a que, aunque la oferta global no resultaba ser la más económica, en términos individuales lo era en cuanto al costo por hora del guardia y de guardias desarmados y armados, supervisor desarmado y armado, motociclista desarmado y armado, ciclista desarmado y armado y supervisor desarmado.

Además, en la recomendación el Comisionado indicó que excluyó a los otros licitadores según una evaluación de los gastos operacionales contra los costos unitarios, pero sin embargo, no documentó el análisis de esos gastos.

Igualmente, en junio de 2006, el Municipio de Bayamón vendió un terreno, cedido por el Departamento de la Vivienda en diciembre de 2000, a una corporación por $3,690,882 millones sin celebrar subasta pública y sin la aprobación previa de la Legislatura Municipal.

El examen de dicha transacción reveló que el 8 de febrero de 2002, el Municipio publicó un anuncio de aviso de subasta en un periódico de circulación general para la venta de un terreno con una cabida de 4,3121 cuerdas localizado en el Barrio Juan Sánchez y el 13 de febrero de ese año la representación legal de una persona le dirigió un comunicado a la entonces Directora de la División Legal del Municipio, para indicarle que el terreno objeto de la subasta era una de las parcelas formadas luego de que la finca expropiada a su representado fuera fraccionada mediante segregaciones, agrupaciones, ventas, transferencias y diversas transacciones interagenciales.

Además, le indicó que su representado mantenía una acción legal para recuperar los terrenos.

El 20 de febrero de 2002, el Municipio de Bayamón celebró la reunión de pre subasta donde se presentaron 16 personas o entidades interesadas en adquirir la propiedad, encuentro donde la Alcaldía estableció que se proseguiría con la venta del terreno, a pesar de las condiciones existentes; la acción legal.

El 20 de marzo de 2002, se celebró la reunión de subasta en la que participaron sólo dos licitadores. El Licitador A, que ofreció 3,501,000 millones de dólares y el B 2,119,000 millones, pero luego la Junta de Subastas decidió no adjudicarlo por el caso presentado en el Tribunal, acción que llevó a que se cancelara la subasta.

Para disponer de esa propiedad era requisito celebrar una nueva subasta. Sin embargo, el 15 de junio de 2006, transcurridos cuatro años, el Municipio de Bayamón formalizó la compraventa de los terrenos con una corporación sucesora del Licitador A en la subasta mencionada por 3,690,882. Ese mismo día efectuó el pago total por la compra del terreno.

La auditoría encontró que en abril de 2008, la persona que reclamaba el terreno presentó en el Tribunal de Circuito de Apelaciones, Región Judicial de Bayamón, una apelación civil sobre sentencia declaratoria, reivindicación de terrenos por derecho preferencial, reclamación de compensación por daños y perjuicios, y nulidad de sentencia, escrituras y contratos. La apelación incluyó, entre otras entidades de gobierno, al Municipio de Bayamón. A diciembre de 2008, la apelación estaba pendiente de resolución.

El Contralor también encontró el Municipio de Bayamón fraccionó el costo de obras para evitar celebrar subasta pública, y arrendamiento de sitios públicos sin la celebración de subastas públicas.

Determinó que desarrolló obras sin obtener los permisos de construcción; el desembolso de fondos para trabajos de construcción relacionados con un sistema de agua potable que no tuvieron utilidad.

También había falta de inventario perpetuo en los almacenes de piezas y de gomas del Garaje Municipal, y otras deficiencias relacionadas con los controles y procedimientos del Centro de Distribución del Programa Head Start.

El Contralor destacó que al 30 de junio de 2008 estaban pendientes de resolución por los tribunales 202 demandas civiles presentadas contra el Municipio de Bayamón por 55.031.700 millones de dólares.

Agregó que de éstas, 178 por 42,322,518 millones eran por daños y perjuicios, 2 por 2,254,431 millones por incumplimiento de contrato, 2 por 2,446,664 por expropiación a la inversa, 1 por 1,550,000 por violación de derechos civiles y 19 por 6,458,087 por otros conceptos.

Además, había 13 casos administrativos pendientes ante la Comisión Apelativa del Sistema de Administración de Recursos Humanos (CASARH) y 2 ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (CIPA), todos relacionados con acciones de personal.