Una auditoría realizada por la Oficina del Inspector General (OIG) al Departamento de Educación reflejó que la agencia incumplió con el recobro de pagos indebidos de nómina, lo que impidió la recuperar uno $3,758,994.59.

Además, se identificaron fallas en la gestión de controles internos dirigidos al cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables.

En comunicado de prensa, la OIG precisó que el examen realizado detectó que los pagos indebidos fueron realizados, en su mayoría, a empleados de Educación que ya habían terminado sus servicios con la agencia, a empleados activos que tenían irregularidades en sus registros de asistencia y continuaron cobrando indebidamente su nómina, así como a contratistas.

Como respuesta, Educación aclaró en declaraciones escritas que ya ha tomado acción concreta para atender el proceso de recobro de fondos de nómina atribuidos a exempleados.

“El informe señala presunta inacción por parte del Departamento en cuanto a la recuperación de estos fondos. Sin embargo, es importante resaltar que, antes de la publicación del informe, el Departamento había comenzado la revisión y ejecución de medidas para asegurar el cumplimiento con las normativas aplicables y promover la transparencia en la administración de recursos públicos”, se informó.

La OIG detalló que el examen cubrió el período del 1 de julio de 2007 hasta el 30 de abril de 2024. La OIG, realizó el análisis evaluando una muestra de 103 facturas que contenían la mayor cantidad a cobrar por pagos indebidos. Estas facturas forman parte del total considerado en el Informe de Cuentas a Cobrar del Departamento correspondiente al período del 1 de julio de 2007 al 31 de octubre de 2022, según fue certificado durante la auditoría por la directora de Finanzas de la dependencia.

Entre los hallazgos, la OIG destacó que en 45 de los 103 casos revisados los expedientes no incluían evidencia de que las facturas a los deudores hubieran sido enviadas.

Se indicó que, al no contar con evidencia de la gestión de cobro, se desconoce si los deudores tenían conocimiento de la deuda con el DE, lo cual hacía infructuoso el cobro de al menos $1,840,614.03.

El documento señaló que en 58 de los 103 casos las facturas certificadas por un total de $1,962,544.08 se enviaron en o antes del año 2020. Luego de ese año, la OIG encontró que la Oficina de la agencia no había enviado por correo las facturas sobre pagos indebidos a los deudores, imposibilitando la acción de recobro.

El informe reveló que Educación tampoco presentó el informe actualizado de cuentas por cobrar con las gestiones de cobro realizadas, los referidos, el estatus correcto de los deudores, los saldos reales de las facturas y las personas con planes de pago.

La OIG resaltó que 18 de las 103 facturas evaluadas tenían balances de cuentas por cobrar de $997,247, que no coincidían con los estados certificados por la agencia. Dicho monto contrasta con los $432,631.79 que reflejaban las cuentas certificadas por la dependencia gubernamental como parte del examen. Esta discrepancia de balances representa una diferencia de $564,615.90 en el informe de cuentas certificado.

El informe incluyó 11 recomendaciones dirigidas a orientar y requerir al DE mediante orden que tome acciones para que atiendan los hallazgos señalados y proceda con los recobros.

Estas situaciones reflejan la inexistencia de controles, lo cual provocó que se emitieran $1,147,901.51 en pagos indebidos después del empleado haber terminado funciones o fallecido.

“No es la primera ocasión que se identifican deficiencias de esta naturaleza en el Departamento, por lo que la OIG solicita una gestión más efectiva en los controles administrativos”, aseguró la OIG.

Para resolver estos problemas, Educación detalló las acciones implementadas. Estas incluyen el inicio del proceso de recobro.

“Se ha puesto en marcha un plan estructurado para identificar los casos pendientes y asegurar la recuperación de los fondos correspondientes. Estos casos, en su momento y de acuerdo a la respuesta a la gestión de cobro, pueden terminar en acciones de cobro ante los tribunales”, se indicó.

También aludieron a que se han fortalecido controles internos.

“El Departamento trabaja en la optimización de sus procesos administrativos para prevenir que situaciones similares ocurran en el futuro”, se informó.

Asimismo, las declaraciones de la agencia educativa exponen que se “reafirma su compromiso con la responsabilidad fiscal, la transparencia y la buena administración de los recursos públicos. Continuaremos fortaleciendo nuestras prácticas y promoviendo la rendición de cuentas en beneficio de la comunidad educativa”.