El Laboratorio de Criminalística del Negociado de Ciencias Forense lleva 36 años sin examinar 76,128 casos de crímenes reportados en la Isla, según reveló este jueves un informe de la Oficina del Contralor.

Además, se señaló que “los auditores de la Contraloría hallaron que la sección de Armas de Fuego tenía 41,918 casos de armas de fuego y proyectiles sin analizar; el laboratorio forense de ADN/Serología tenía 2,156 casos, de los cuales 2,245 eran por agresión sexual sin analizar, y la sección de sustancias controladas tenía 16,243 casos sin analizar, entre otros. Esta situación contraria a la Ley 20-2017, del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, ha privado a las agencias de ley y orden, del resultado de los exámenes de ciencias forenses y criminología, en las investigaciones, esclarecimientos y radicación de casos criminales”.

Este es uno de los tantos problemas que tiene el Negociado de Ciencias Forenses y que salieron a la luz en la auditoría cualificada del Contralor. Esto quiero decir que “se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados”.

En general, el Contralor hizo 10 señalamientos contra el Negociado de Ciencias Forenses.

Se destaca que la agencia, que ya se separó del Departamento de Seguridad Pública, “tenía 2,156 casos pendientes de determinar la causa, manera y circunstancias de la muerte. Además, el Laboratorio de Toxicología, tenía 1,848 muestras de tejidos y fluidos biológicos pendientes de analizar, según el Informe de casos pendientes de toxicología al 15 de octubre de 2018. Esta situación puede propiciar que, en los casos de personas sospechosas de un delito, no se puedan procesar criminalmente por falta de evidencia”.

Mientras, se informó que desde diciembre de 2013 no habían analizado 13,382 muestras de ADN.

“Esta situación propicia que el Banco de Datos no esté actualizado y priva a las entidades federales y estatales, de información actualizada que pueda ayudar al esclarecimiento de un crimen”, se indicó.

Entre otras cosas, la auditoría señala que el Negociado no rindió informes anuales a la Legislatura ni al Gobernador sobre su estado entre el 2015 al 2018 y que padecen de problemas por la falta de gestiones de cobro, deficiencias con las cuentas por cobrar y funciones conflictivas por el encargado de cobrar.

“Al 14 de mayo de 2018, quedaban 762 cuentas por $542,501 pendientes de cobro, pero el oficinista 1, no realizaba las gestiones correspondientes. De hecho, del 2016 al 2017, un oficinista 1, realizó las funciones conflictivas de recaudación auxiliar, preintervención, preparación de facturas y registro al cobro. Una situación similar se había comentado en el Informe de Auditoría DB-08-22 del 15 de mayo de 2008”, informó el Contralor.

Sobre las recaudaciones, se identificaron también “múltiples fallas”. La auditoría habla de la ausencia de un inventario físico de los libros de recibos oficiales en blanco, el que estos libros no sean custodiados por un funcionario ajeno a la función de recaudación, y el que una oficinista 1, no complete el formulario que indica el Reglamento de Recaudaciones. Además, el último informe físico anual que se realizó, data del 2008, y una certificación de disposición de emergencia de 573 unidades de propiedad afectadas por un derrame de diésel, no contaba con las firmas autorizadas.

Del mismo modo, se señalaron fallas de control se registraron en el uso de los vehículos de motor, en los cuales no se realizó el cuadre de millaje versus consumo de combustible, así como no se estableció un itinerario para el mantenimiento mensual de los vehículos.

Finalmente, la auditoría reveló que los documentos para decomisar pertenencias, como lo son dinero, relojes, pantallas, celulares o carteras, de los cadáveres reclamados, carecían de información que identificaran a la persona. Por ejemplo, no se le puso el nombre del fallecido, fecha de recibo o el valor de las pertenencias.

Reacciona María Conte

“La acumulación de evidencia sin analizar es algo que nos tomamos muy en serio”.

Así reaccionó posteriormente la directora ejecutiva María Conte Miller al informe y aseguró que desde que asumió la jefatura en Ciencias Forenses, en octubre de 2019, advino en conocimiento de los hallazgos preliminares y se ocupó en “implementar las medidas correctivas” que requería acción inmediata.

“Si bien es cierto que existen situaciones que hay que corregir, es importante contextualizar el informe del Contralor en lo que se refiere al análisis de evidencia. No toda la evidencia que se somete tiene valor analítico o científico pertinente a la investigación para acusar o exonerar a un imputado de delito”, indicó.

Es por esto que, dijo, comenzaron a trabajar en un cernimiento para disponer de toda la evidencia que no requiere análisis por parte de los tribunales o los investigadores, ya sea porque el caso fue resuelto o no es útil para su esclarecimiento.

“Eso debe bajar ese número de evidencia no analizada, en un 70 u 80 porciento”, proyectó.

Además, explicó las medidas correctivas que han implementado sobre la evidencia acumulado en el periodo auditado y que incluyen: completar 3,408 informes de autopsia; analizar 318 armas de fuego; y comenzar el proceso de depuración para eventualmente entregar a la Policía aquellas armas que no requieren un análisis pericial.

Asimismo, Conte Miller detalló que, de 2,000 “safe kits” que había en custodia y que cualificaban para ser analizados, 1,500 fueron enviados al laboratorio de referencia y han recibido los resultados de 333; 256 están en proceso de análisis.

Añadió que 5,000 perfiles de ADN han sido enviados al laboratorio de referencia en Estados Unidos para análisis; que contrataron 52 peritos a inicios de 2020 para diferentes disciplinas científicas en los laboratorios, ocho de ellos son de ADN y están en adiestramiento; y la automatización del proceso de análisis, agilizará el análisis de evidencia.

La directora ejecutiva también resaltó que adquirió equipo para automatizar los análisis de ADN, que esperan que empiecen a funcionar en 15 días; que contrataron ocho investigadores forenses; compraron una cámara tridimensional que reduce el tiempo de análisis de escena; y que próximamente reclutarán cinco balísticos y cinco químicos.

Por último, que contrataron transportistas que apoyan a los investigadores en el traslado de cadáveres, una inversión que ayuda a reducir el tiempo que permanece el cuerpo en una escena.

“Nuestros esfuerzos por llevar al Instituto de Ciencias Forenses al nivel de calidad y cumplimiento que fortalece nuestro sistema de Justicia no se detiene. Todos los días trabajamos por la excelencia en nuestros procesos y en el cumplimiento de nuestro deber”, dijo.