Al grave problema de manejo de cadáveres en el Negociado de Ciencias Forenses (NCF), se sumó ayer la cifra de más de dos mil rape kits con material genético de posibles agresores sexuales que están sin procesar en las bóvedas de la dependencia pública desde 2006. 

La acumulación de rape kits o backlog, no permite que la evidencia contenida en estas pruebas, que se hacen en hospitales y salas de emergencia a las víctimas de violación, sea ingresada al banco de datos de perfiles de ADN (CODIS), que se utiliza en Estados Unidos y Puerto Rico para identificar a violadores y a sospechosos de otros delitos.

El ataponamiento (backlog) se clasifica en dos grupos: los que tienen querella policíaca, que son a los que se les da prioridad, y los que no tienen querella, explicaron ayer funcionarios del propio NCF en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Los funcionarios atribuyeron el retraso a la falta de personal.

Según las estadísticas del NCF, desde agosto de 2006 hasta el 20 de septiembre de 2018, se han completado aproximadamente 1,132 querellas de agresión sexual.

“Esto es algo por lo que estamos bien impresionados y desfavorablemente como hemos escuchado hoy (ayer) porque es otro problema adicional que tiene el NCF, ya no en el movimiento de los cadáveres, sino en el manejo de los casos de violación”, expresó el senador Henry Neumann, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. 

El senador le concedió 10 días al NCF para que someta a la comisión legislativa un plan de cómo van a trabajar con estos casos que no han podido ser procesados.

“Es frustrante”, dijo Neumann y a solicitud de la senadora Zoé Laboy, anunció que próximamente su comisión hará una vista ocular en las bóvedas del NCF.

Laboy, autora de la resolución atendida en la vista pública para que se investigue el inventario de rape kits en espera de ser examinados en el NCF, también pidió que se cite a una vista pública futura a la Asociación de Hospitales.

Los rape kits son parte del proceso de intervención en una institución hospitalaria con víctimas de abuso o agresión sexual. El Departamento de Salud es la agencia que los adquiere y distribuye a los hospitales y salas de emergencias. En los casos de adultos, la evidencia forense se recopila en 72 horas, una vez ocurrido el incidente; y en casos de menores, en siete días.

Mariel Candelario, administradora del Banco de Datos de ADN de Puerto Rico, dependencia adscrita al NCF, atribuyó el ataponamiento a la falta de personal, de recursos y de tiempo. 

“Para nosotros un backlog es que no los analicen, pero quizás ya el agente o el fiscal resolvió el caso y yo lo estoy contando como backlog, pero en realidad ya se resolvió y no es un backlog real. Tenemos que entrar en comunicación con la Policía y con el Tribunal para poder determinar qué casos son realmente backlog que necesitan ser analizados y qué casos ya resolvieron y no son backlog”, sostuvo la funcionaria. 

En torno a los casos en que han recopilado material genético, dijo que aunque hayan prescrito y no se hayan resuelto en el tribunal, se pueden seguir analizando. 

La senadora Laboy indicó a su vez, que el atraso en la evaluación de los rape kits se debe a que hay más demanda que la cantidad de científicos que pueden llevar a cabo los exámenes, pero indicó que este problema también ocurre en otras jurisdicciones de Estados Unidos.

Se unen a llamado de acción

La Oficina de la Procuradora de las Mujeres, por voz de la procuradora auxiliar, Madeline Bermúdez, reclamó que se haga un inventario de rape kits que no se hayan examinado y, una vez haya una cantidad definida, se cree un protocolo que regule el procedimiento a seguir para examinarlos.

“Es importante que el rape kit sea inspeccionado aunque no sea utilizado en un procedimiento judicial. Las probabilidades de que pueda asistir en otras investigaciones son altas. Algunas de las jurisdicciones que han tomado acción en cuanto a la examinación y eliminación del backlog, han encontrado agresores en serie. Esto significa que han encontrado múltiples rape kits con el ADN de un solo agresor”, expresó Bermúdez.

También recomendó que se oriente al personal médico que atiende a la víctima en hospitales y salas de urgencia para que no le digan “abra las piernas” sino “sepáralas”.

Por su parte, la exprocuradora de las Mujeres, María Dolores “Taty”, Fernós expresó que, aunque hay un problema fiscal en el país, el ataponamiento se debe atender con prioridad. 

“Hay que establecer prioridades. Lo que hay que hacer es identificar a la persona responsable, sino todos los protocolos que se aprueben no van a tener ningún disuasivo”, sostuvo Fernós.